La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, conocida como ley de bienestar animal, es la primera norma estatal que fija en toda España cómo deben tratarse los animales de compañía y los silvestres en cautividad. Se publicó en el BOE el 29 de marzo de 2023 y entró en vigor seis meses después, el 29 de septiembre de 2023. Impone obligaciones a los dueños, como un curso para tener perro o un seguro de responsabilidad civil, prohíbe la venta de perros, gatos y hurones en tiendas, limita el sacrificio de animales y obliga a los ayuntamientos a gestionar las colonias de gatos.
La aprobó el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirigía Ione Belarra. Su tramitación estuvo marcada por un choque dentro del propio Gobierno: la exclusión de los perros de caza, que sigue siendo hoy su punto más discutido. Junto a ella se aprobó la Ley Orgánica 3/2023, que reformó el Código Penal para endurecer los delitos de maltrato.
Más de tres años después de su entrada en vigor, parte de la ley sigue sin poder aplicarse porque faltan los reglamentos que la desarrollan, entre ellos los que fijan el contenido del curso y la cuantía del seguro. Los datos de esta página están fechados a 18 de noviembre de 2026.
Qué regula y a quién se aplica
La ley protege a los animales de compañía, a los silvestres que viven en cautividad y a los perros, gatos y hurones en general, y regula su tenencia, cría, venta, cesión y adopción. Prohíbe el maltrato, las mutilaciones, el uso de collares eléctricos o de castigo, mantener animales de forma habitual en terrazas, balcones o azoteas y dejarlos sin supervisión más de tres días, o más de 24 horas en el caso de los perros.
Quedan fuera los animales de producción (ganadería), los utilizados en experimentación, la fauna silvestre en libertad y los animales usados en espectáculos taurinos. También excluye a los animales utilizados en actividades específicas, como los perros de pastoreo y de guarda del ganado, la cetrería o los deportes reconocidos por el Consejo Superior de Deportes, y a los animales profesionales: perros de rescate, de asistencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas. El artículo 1 añade una frase propia: «Igualmente quedarán excluidos los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza».
Las infracciones se dividen en leves (multas de 500 a 10.000 euros), graves (de 10.001 a 50.000 euros) y muy graves (de 50.001 a 200.000 euros). La mayor parte de la vigilancia y de las sanciones corresponde a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que ya tenían sus propias leyes de protección animal.
La exclusión de los perros de caza
El proyecto de ley entró en el Congreso en agosto de 2022 incluyendo a los perros de caza. Durante la tramitación, el grupo socialista presentó una enmienda para dejar fuera a los animales que participan en actividades específicas, entre ellos los perros de caza, con el argumento de que su actividad necesita una regulación propia. Unidas Podemos y otros aliados del Gobierno la rechazaron, y la disputa dentro de la coalición frenó la tramitación durante semanas a finales de 2022. Según la prensa de entonces, el ministerio de Belarra llegó a proponer al PSOE una fórmula inspirada en la ley de Castilla-La Mancha de 2020, aprobada por el Gobierno socialista de esa comunidad, que protege a esos perros en todo lo que no sea la caza.
La exclusión quedó finalmente en el texto que salió de la comisión en diciembre de 2022, y Podemos tuvo que aceptarla para que la ley saliera adelante. El Congreso aprobó la ley el 9 de febrero de 2023, el Senado la enmendó entre febrero y marzo, y el Congreso la aprobó definitivamente el 16 de marzo de 2023.
El conflicto no se cerró. La discusión se ha trasladado a dos proyectos de real decreto sobre núcleos zoológicos que siguen en tramitación: uno del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, para los centros de animales de compañía, y otro del Ministerio de Agricultura para los núcleos tradicionales, como las rehalas. Las protectoras sostienen que ambos textos dan a los perros de caza y de trabajo menos garantías que al resto; el ministerio de Bustinduy defiende que su decreto mejorará «decisivamente» la protección de los perros que la ley dejó fuera. Más de 300 organizaciones se manifestaron en Madrid el 11 de abril de 2026 con el lema «Mismos perros, mismos derechos», y más de un centenar volvieron a concentrarse ante el Congreso el 15 de noviembre.
El partido animalista PACMA organizó el 18 de octubre de 2026 concentraciones en trece ciudades para exigir que los perros de caza entren en la ley. Las asociaciones de rehalas, por su parte, han pedido simplificar el decreto de Agricultura para evitar «trabas burocráticas».
El Real Decreto 986/2026, de 11 de noviembre, sí los incluye, pero solo en la identificación: obliga a poner microchip y registrar también a los perros de caza, de pastoreo, de rescate y de seguridad, por razones de sanidad animal. Para esos perros, las infracciones se rigen por la Ley 8/2003 de sanidad animal, no por la Ley 7/2023.
Las obligaciones principales
| Obligación | Qué dice la ley | Estado a 18 de noviembre de 2026 |
|---|---|---|
| Curso para tener perro | Formación gratuita y de validez indefinida para quien vaya a tener un perro (art. 30) | Sin desarrollar: falta el reglamento que fija su contenido |
| Seguro de responsabilidad civil | Obligatorio para todos los perros durante toda su vida, por una cuantía que fijará un reglamento (art. 30) | Sin reglamento; la cuantía no está fijada |
| Identificación y registro | Microchip e inscripción en un registro; registro estatal de animales de compañía (disposición final quinta) | Regulado por el RD 986/2026, en vigor el 2 de enero de 2027 |
| Venta | Prohibida la venta de perros, gatos y hurones en tiendas; solo criadores inscritos en un registro (art. 27) | En vigor desde septiembre de 2024, tras un año de adaptación |
| Esterilización de gatos | Todos los gatos, antes de los seis meses, salvo los de criadores registrados (art. 26) | En vigor |
| Colonias felinas | Los ayuntamientos deben gestionarlas con censo, esterilización y control sanitario (art. 39) | En vigor; su aplicación depende de cada ayuntamiento |
| Sacrificio | Prohibido salvo por motivos de seguridad, de salud pública o para evitar el sufrimiento, siempre bajo control veterinario (art. 27) | En vigor |
| Listado positivo | Lista de las especies que pueden tenerse como animal de compañía (disposición final cuarta) | Proyecto en información pública desde abril de 2026, sin aprobar |
Fuente: texto consolidado de la Ley 7/2023 en el BOE y Real Decreto 986/2026 (BOE del 13 de noviembre de 2026), consultados el 18 de noviembre de 2026; estado de los reglamentos según la prensa de octubre y noviembre de 2026.
Los reglamentos pendientes
La ley dejó varias piezas a desarrollos posteriores con plazos que se han superado. El registro estatal debía regularse en seis meses y el listado positivo en veinticuatro. Hasta noviembre de 2026 el único desarrollo aprobado de forma específica era la Orden PJC/549/2025, de 29 de mayo, que regula el Consejo Estatal de Protección Animal y su Comité Científico.
El 10 de noviembre de 2026 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 986/2026, sobre identificación de animales de compañía, publicado en el BOE el 13 de noviembre. Entra en vigor el 2 de enero de 2027 y obliga a identificar con microchip a perros, gatos y hurones antes de los tres meses de edad, a inscribirlos en el registro de su comunidad y a comunicar los cambios: una venta o cesión en tres días hábiles, la muerte del animal en siete días hábiles y el traslado a otra comunidad en un mes. Los registros autonómicos tienen doce meses para conectarse al sistema estatal, y los dueños otros doce para actualizar sus datos. Desde el 1 de enero de 2028 los microchips nuevos pasarán de 15 a 23 dígitos. Los animales ya identificados conservan su chip. El decreto también se apoya en el Reglamento (UE) 2026/1818, de 17 de junio de 2026, sobre bienestar y trazabilidad de perros y gatos.
Siguen pendientes tres piezas. La primera es el reglamento general de la ley, que debe fijar el contenido del curso y las condiciones del seguro: el ministerio lo sometió a exposición pública a finales de junio de 2025 y, según la Dirección General de Derechos de los Animales, recibió unas 600 alegaciones, sin plazo fijado para terminar su revisión. La segunda son los dos decretos de núcleos zoológicos ya citados. La tercera es el listado positivo, cuyo proyecto de real decreto salió a información pública en abril de 2026.
¿Es obligatorio ya el seguro de perros?
La obligación está en la ley desde septiembre de 2023, pero el artículo 30 deja la cuantía a un desarrollo posterior, y el reglamento que debe concretarla no se ha aprobado. Ningún texto oficial aclara qué ocurre mientras tanto, y la prensa no coincide: unos medios presentan el seguro como plenamente exigible y otros sostienen que, sin cuantía fijada, es muy difícil sancionar a alguien con la ley estatal por no tenerlo. Con el curso la situación es más clara, porque la ley remite expresamente su contenido a un reglamento que todavía no existe.
Eso no significa que no haya ninguna obligación de seguro. Los dueños de perros considerados potencialmente peligrosos deben tenerlo desde hace años por otra norma, la Ley 50/1999, y varias comunidades autónomas y ayuntamientos lo exigen por su propia normativa. Conviene consultar la regulación del lugar de residencia.
La reforma del Código Penal
La Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, aprobada el mismo día, entró en vigor el 18 de abril de 2023. Creó en el Código Penal un título propio, «De los delitos contra los animales». El maltrato que cause a un animal doméstico o que viva bajo control humano una lesión que necesite tratamiento veterinario se castiga con prisión de tres a dieciocho meses o multa, e inhabilitación para tener animales de uno a tres años. La pena sube cuando el animal muere, y se agrava si se usan armas, hay ensañamiento o el hecho se comete ante un menor. Por primera vez se protege también a los vertebrados que no son domésticos. El abandono en condiciones que pongan en peligro la vida del animal se castiga con multa o trabajos en beneficio de la comunidad.
Las posiciones políticas
El Gobierno de Pedro Sánchez defiende la ley como un avance de protección. Según los repasos de los programas para las elecciones del 29 de noviembre publicados por el diario Qué! y por Diario Veterinario, el PSOE parte de la Ley 7/2023 y promete consolidarla, con un objetivo de abandono cero. Frente Amplio, la candidatura encabezada por Ada Colau, propone reformarla para incluir a los perros de caza, de trabajo y a los animales de actividades deportivas. Podemos, el partido de Belarra, que ya rechazó la exclusión en 2022, lleva la misma reforma en su programa.
El programa del PP apenas se ocupa de los animales de compañía, según esos mismos análisis: habla de reducir trabas a la caza sostenible y de un enfoque «One Health», que une salud humana, animal y ambiental. Vox defiende la caza como actividad esencial para controlar poblaciones y proteger explotaciones, y propone derogar las normas que impongan cargas a agricultores y ganaderos.
PACMA y las protectoras critican sobre todo la exclusión de los perros de caza y el retraso de los reglamentos; en sus concentraciones de octubre, PACMA acusó a los políticos de haber «sucumbido al lobby de la caza».
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio el curso para tener perro? La ley lo exige, pero no puede aplicarse todavía: falta el reglamento que fija su contenido. Cuando exista será gratuito y valdrá para siempre.
¿Es obligatorio el seguro de responsabilidad civil para perros? La ley lo impone, pero falta el reglamento que fija su cuantía; algunas comunidades y ayuntamientos ya lo exigen por su normativa.
¿Por qué la ley excluye a los perros de caza? Por una enmienda del PSOE, rechazada por Unidas Podemos, que dejó fuera a los perros de caza y otros animales de actividades específicas.
¿Cuándo entró en vigor la ley de bienestar animal? El 29 de septiembre de 2023, seis meses después de publicarse. La reforma penal que la acompaña rige desde el 18 de abril de 2023.
¿Se pueden vender perros en tiendas? No. Desde septiembre de 2024 las tiendas no pueden vender perros, gatos ni hurones; solo pueden hacerlo los criadores inscritos en el registro.
¿Cuánto es la multa por incumplir la ley? De 500 a 10.000 euros por una infracción leve, hasta 50.000 por una grave y hasta 200.000 euros por una muy grave.