Vivienda: qué propone cada partido

La propuesta de La Libertad Avanza para vivienda en 2023 fue consistente con su enfoque de mercado: reducir la intervención estatal, eliminar trabas regulatorias y priorizar la seguridad jurídica para atraer inversión privada. No planteó un plan masivo de construcción pública.

Su programa nacional puso el acento en derogar o desactivar mecanismos que, según su diagnóstico, encarecían el alquiler y frenaban la oferta, como la Ley de Alquileres. También promovió más libertad contractual entre propietarios e inquilinos y menor control estatal sobre precios y condiciones.

En materia habitacional, LLA defendió que la mejora del acceso a la vivienda llegaría por crecimiento económico, crédito hipotecario y oferta privada, no por subsidios permanentes. La idea fue favorecer el desarrollo inmobiliario y la propiedad privada, con un Estado más chico y focalizado.

UxP colocó la vivienda en el centro de su agenda con un enfoque de acceso al crédito, alquiler y construcción. La campaña de 2023 retomó medidas como ampliar Procrear y sostener la obra pública habitacional.

También propuso impulsar soluciones para inquilinos, fortalecer el rol del Estado nacional y usar el financiamiento público para reducir el déficit habitacional. El eje fue más intervencionista que el de sus competidores de derecha, que priorizaron mayor mercado.

Juntos por el Cambio planteó para vivienda un giro hacia el sector privado, criticando los programas estatales masivos y priorizando reglas estables, crédito hipotecario y seguridad jurídica para reactivar la construcción y el acceso a la casa propia.

La coalición propuso reducir la discrecionalidad en la obra pública habitacional, ordenar subsidios y concentrar el Estado en facilitar suelo urbano, servicios e infraestructura básica, con una lógica de eficiencia y menor intervención directa.

En campaña, también vinculó la política habitacional con la estabilización macroeconómica: sin inflación baja, financiamiento largo ni confianza, sostuvo, no hay mercado hipotecario ni inversión sostenida en nuevas viviendas.

El PRO llegó a 2023 con una propuesta habitacional centrada en crédito hipotecario, estabilidad macroeconómica y reglas claras para reactivar el mercado formal. La línea de Patricia Bullrich y dirigentes del espacio apuntó a facilitar el acceso a la casa propia más que a ampliar el gasto público en vivienda.

En su plataforma y mensajes de campaña, el partido priorizó bajar la inflación, ordenar la economía y promover condiciones para que bancos y desarrolladores ofrezcan financiamiento de largo plazo. También defendió la articulación con provincias y municipios para destrabar suelo urbano y agilizar trámites, buscando incentivar oferta privada y urbanización.

La agenda de PRO para vivienda no se apoyó en grandes planes estatales nuevos, sino en créditos accesibles, seguridad jurídica y desregulación. Su enfoque, alineado con una visión más pro mercado, buscó ampliar el acceso mediante inversión privada y financiamiento sostenible.

La UCR planteó para 2023 una política de vivienda basada en crédito hipotecario accesible, estabilidad macroeconómica y reglas previsibles para reactivar la construcción privada, más que en ampliación directa del gasto público.

En sus lineamientos nacionales, el radicalismo propuso facilitar el acceso a la primera vivienda mediante financiamiento de largo plazo, reducción de la inflación y fortalecimiento del mercado de alquileres con contratos más claros y seguridad jurídica.

También impulsó herramientas de suelo urbano, articulación con provincias y municipios, y reorientación de programas existentes para ampliar la oferta habitacional, con foco en sectores medios y hogares que quedaron fuera del crédito tradicional.

El Partido Justicialista (Frente de Todos) planteó para 2023 una agenda de vivienda centrada en ampliar el crédito, reactivar la construcción y sostener la obra pública. La prioridad era facilitar el acceso al techo propio con intervención estatal y financiamiento a largo plazo.

También propuso fortalecer los programas de construcción de viviendas sociales y de loteos con servicios, junto con la regularización dominial. La línea oficial buscaba reducir el déficit habitacional y ordenar el suelo urbano mediante políticas federales y del Estado nacional.

En campaña, el espacio defendió continuar y ampliar herramientas como Procrear, los subsidios al hábitat y la asistencia a provincias y municipios. El enfoque fue más distributivo que de mercado, aunque con cierta referencia a impulsar la inversión privada en desarrollos habitacionales.

El FIT-U colocó la vivienda como un derecho social y criticó la mercantilización del suelo urbano. Su eje fue ampliar el acceso mediante obra pública, control estatal y freno a la especulación inmobiliaria.

Para 2023 propuso impulsar un plan nacional de construcción de viviendas, con alquiler social, urbanización de barrios populares y servicios básicos. También planteó prohibir desalojos sin solución habitacional y gravar la vivienda ociosa.

En su programa, la salida al déficit habitacional no pasa por el mercado sino por más inversión estatal, créditos accesibles y planificación urbana. Frente a eso, las fuerzas de derecha ofrecieron menos intervención y más peso al sector privado.

El FpV no compitió con esa sigla en 2023: el espacio peronista fue Unión por la Patria. Su enfoque en vivienda retomó una línea clásica de obra pública, crédito accesible y ampliación del rol estatal para reducir el déficit habitacional.

En campaña, la plataforma y los discursos de Sergio Massa y dirigentes afines insistieron en activar el Procrear, sumar suelo urbano, promover alquileres más regulados y facilitar el acceso a la casa propia mediante financiamiento en UVAs controladas y subsidios focalizados.

También plantearon continuar la construcción de viviendas y barrios con provincias y municipios, junto con servicios e infraestructura básica. Frente a propuestas más liberales, el énfasis peronista fue más intervencionista, aunque con un discurso de gestión y foco en sectores medios y populares.

Consenso Federal, en su programa nacional de 2019 reeditado en el debate político posterior, planteó una política de vivienda social con fuerte rol estatal, orientada a reducir el déficit habitacional y facilitar el acceso al hábitat digno.

La propuesta incluía créditos blandos, regulación del suelo urbano y articulación con provincias y municipios para ampliar lotes con servicios, urbanización de barrios populares y construcción de viviendas mediante obra pública.

También priorizaba el fortalecimiento de la industria de la construcción como generadora de empleo y una planificación territorial más equilibrada, con intervención pública para ordenar el mercado inmobiliario.

Acción por la República (AR), sin fórmula presidencial propia en 2023 y alineada al espacio de Milei, no presentó un programa nacional de vivienda detallado e independiente. Su orientación general priorizó la reducción del Estado, la desregulación y el impulso del crédito privado, más que nuevos planes públicos masivos.

En materia habitacional, su enfoque coincidió con la visión liberal: facilitar el acceso a la vivienda mediante mercado, crédito hipotecario y seguridad jurídica, evitando la expansión de subsidios o programas estatales de construcción. En la práctica, eso implicaba confiar más en la reactivación del financiamiento y la inversión que en la obra pública.

No hubo un documento programático propio de AR con metas específicas sobre alquileres, suelo urbano o vivienda social para la elección presidencial de 2023. Su propuesta quedó subsumida en la plataforma general de La Libertad Avanza, donde la prioridad era bajar la intervención estatal y normalizar el crédito.