Mujeres, voto y derechos civiles
Entre 1880 y 1910 la situación de las mujeres empezó a cambiar. La escuela vareliana y el magisterio les dieron instrucción y empleo; las primeras universitarias se enfrentaron a la burla de la época. Paulina Luisi fue la primera médica del país y su hermana Clotilde, la primera abogada; Paulina participó en la fundación del Partido Socialista en 1910 y fue una de las figuras del primer feminismo uruguayo. Las obreras tuvieron un papel destacado en los sindicatos.
La Constitución de 1918 abrió la puerta al sufragio femenino: permitía reconocerlo por ley con mayoría de dos tercios. Antes de que esa ley llegara, el 3 de julio de 1927 votaron mujeres por primera vez en Uruguay, y por primera vez en América del Sur, en un plebiscito local en Cerro Chato, donde los vecinos decidían si su localidad pertenecería a Florida, Treinta y Tres o Durazno. Según la Corte Electoral, la primera en votar fue Rita Ribeira, una inmigrante brasileña de noventa años.
La Ley 8.927 del 16 de diciembre de 1932 reconoció a la mujer «el derecho al voto activo y pasivo, tanto en materia nacional como municipal», y la Constitución de 1934 consagró la igualdad política plena. Por el golpe de 1933, las uruguayas votaron por primera vez en unas elecciones nacionales en 1938. El 18 de septiembre de 1946 la Ley 10.783 de derechos civiles de la mujer estableció que la mujer y el hombre tienen igual capacidad civil, aunque el Código Civil mantuvo hasta 1978 una causal de divorcio por adulterio que discriminaba a las esposas.
El golpe de Terra y la república conservadora (1933-1942)
Batlle murió en octubre de 1929, el mismo mes en que empezó la crisis mundial. La depresión hundió los precios de las exportaciones uruguayas, disparó el desempleo y dejó al Estado sin divisas ni petróleo. El presidente Gabriel Terra, un colorado batllista elegido en 1930, fue tejiendo alianzas con los sectores conservadores de los dos partidos tradicionales para apartar del gobierno a los batllistas más radicales. En febrero de 1932, ante denuncias diplomáticas de un supuesto complot comunista, decretó medidas prontas de seguridad, allanó locales sindicales y detuvo a dirigentes de izquierda.
El 31 de marzo de 1933 Terra disolvió el Parlamento y el Consejo Nacional de Administración, intervino los gobiernos departamentales y censuró a la prensa opositora; hubo detenciones, destierros y deportaciones, y la Federación de Estudiantes Universitarios declaró una huelga reprimida por la policía. Una Convención Constituyente elegida en junio de 1933 redactó la Constitución de 1934, plebiscitada el 19 de abril de ese año, que eliminó el colegiado, constitucionalizó la Corte Electoral y permitió a Terra un nuevo mandato hasta 1938.
Gerardo Caetano y Raúl Jacob definieron el régimen como un «ajuste conservador moderado», sin la violencia de otros golpes de la región; Broquetas y Duffau (2020) matizan esa imagen: documentan torturas a presos políticos denunciadas por Emilio Frugoni y proponen revisar la idea de que las Fuerzas Armadas no participaron en la represión. En el plano social, el terrismo frenó las reformas, restringió la entrada de inmigrantes sin recursos y dejó espacio a discursos xenófobos.
La salida fue otro golpe, pero de signo contrario. El 21 de febrero de 1942 el presidente Alfredo Baldomir, apoyado por batllistas y socialistas, disolvió las cámaras para desmontar el sistema terrista; la Constitución de 1942 se plebiscitó el 29 de noviembre junto con las elecciones. En la Segunda Guerra Mundial, Uruguay se declaró neutral en 1939 (en diciembre de ese año su tripulación hundió el acorazado alemán Graf Spee frente a Montevideo, tras la batalla del Río de la Plata), se volcó hacia los Aliados con Juan José de Amézaga y en febrero de 1945 declaró simbólicamente la guerra a Alemania y Japón.