Qué es
El artículo 14 de la Constitución mexicana reúne cuatro garantías de seguridad jurídica frente al poder público: la irretroactividad de las leyes, la garantía de audiencia (nadie pierde la libertad, sus bienes o sus derechos sin un juicio previo con las formalidades esenciales del procedimiento), la exacta aplicación de la ley penal (sin ley no hay pena, ni siquiera por analogía) y la legalidad de las sentencias civiles. Está en el capítulo de derechos humanos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, junto con el artículo 16, es el fundamento de la mayoría de los juicios de amparo del país.
Es texto original del Constituyente de Querétaro, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de febrero de 1917, y uno de los artículos menos retocados: una sola reforma, en 2005, para borrar la pena de muerte, frente a las nueve del artículo 16 o las diez del artículo 21.
Importa hoy porque sobre él giran los grandes choques jurídicos del sexenio de Claudia Sheinbaum: la reforma de «supremacía constitucional» del 31 de octubre de 2024, que cerró el amparo contra las reformas a la Constitución y se aplicó a los juicios ya iniciados, y el debate sobre la retroactividad de la reforma judicial y de la Ley de Amparo de 2025.
Qué dice
Tiene cuatro párrafos. En lenguaje llano:
- Párrafo primero: irretroactividad. «A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.» Una norma nueva no puede empeorar situaciones consumadas bajo la anterior; sí puede aplicarse hacia atrás cuando beneficia, por ejemplo con una pena más baja. La Suprema Corte fijó el criterio en la jurisprudencia P./J. 123/2001 (teoría de los componentes de la norma): si el supuesto y la consecuencia de una ley ya se produjeron durante su vigencia, ninguna ley posterior puede variarlos.
- Párrafo segundo: garantía de audiencia. Nadie puede ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos sin juicio ante tribunales previamente establecidos, con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes anteriores al hecho. La jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno concretó esas formalidades en cuatro: notificación del inicio del procedimiento, oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, oportunidad de alegar y una resolución que decida lo debatido.
- Párrafo tercero: exacta aplicación de la ley penal. Prohíbe imponer «por simple analogía, y aún por mayoría de razón» una pena que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito.
- Párrafo cuarto: legalidad en lo civil. La sentencia civil debe ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ella, a los principios generales del derecho.
Marco legal
Se lee con el artículo 1 (principio pro persona, desde 2011), el 16 (legalidad de los actos de autoridad), el artículo 17 (acceso a la justicia) y los artículos 103 y 107, que regulan el juicio de amparo, la vía por la que un particular invoca el artículo 14 ante un juez federal. La ley reglamentaria es la Ley de Amparo, reformada por el decreto del 16 de octubre de 2025. Desde el 1 de noviembre de 2024, por la reforma a los artículos 105 y 107, ni el amparo ni las controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad proceden contra adiciones o reformas a la propia Constitución.
Reformas
| Publicación en el DOF | Qué cambió | Gobierno |
|---|---|---|
| 05-02-1917 | Texto original del Constituyente de Querétaro. | Venustiano Carranza |
| 09-12-2005 | Suprime «de la vida» del párrafo segundo y, con el artículo 22, prohíbe de forma expresa la pena de muerte. | Vicente Fox (PAN) |
El índice de reformas por artículo de la Cámara de Diputados, actualizado hasta la reforma del 7 de octubre de 2026, no registra ninguna más.
Aplicación práctica
Amparos contra la reforma judicial. Tras la publicación de la reforma judicial el 15 de septiembre de 2024, jueces federales agrupados en la JUFED y litigantes particulares presentaron amparos y acciones de inconstitucionalidad. El 5 de noviembre de 2024 la Suprema Corte discutió el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas, que proponía invalidar partes de la reforma: siete ministros votaron por entrar al fondo y cuatro —Lenia Batres, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán— por la improcedencia. Como hacían falta ocho votos, las acciones quedaron desestimadas sin pronunciamiento sobre el fondo; la presidenta Norma Piña cerró el asunto con un «queda decidido en definitiva».
La reforma de supremacía constitucional. Cinco días antes, el 31 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum publicó en el DOF el decreto que añade un quinto párrafo al artículo 105 y reforma la fracción II del artículo 107: «No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución», y son improcedentes las controversias y acciones de inconstitucionalidad con ese objeto. Su artículo segundo transitorio ordena que «los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto». Ese transitorio es el punto de fricción con el artículo 14: litigantes como Raúl Andrade, de la Fundación Iris, sostuvieron que aplicar la nueva regla a amparos ya presentados viola la seguridad jurídica, y la JUFED amplió sus demandas para rechazar su aplicación, según Expansión Política (6 de noviembre de 2024).
La nueva Ley de Amparo. La reforma promulgada el 16 de octubre de 2025 redefine el interés legítimo (la afectación debe ser «real, actual y diferenciada»), limita la suspensión y digitaliza el juicio. Su punto más disputado fue, de nuevo, la aplicación a los juicios en curso: el texto final somete a la nueva ley las actuaciones posteriores a su entrada en vigor, con una cláusula de no retroactividad.
Críticas y debates
El debate de fondo es si una mayoría calificada puede poner sus reformas fuera del alcance de los jueces. Morena aprobó la supremacía constitucional, según Expansión Política, para blindar sus reformas frente a los recursos jurídicos, y la presidenta Sheinbaum la defendió mientras los congresos estatales la ratificaban. El PRI, por medio de su presidente Alejandro Moreno y su secretaria general Carolina Viggiano, había presentado el 9 de octubre de 2024 una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, que calificó de «intento del oficialismo por controlar al Poder Judicial»; Movimiento Ciudadano, con su coordinador en el Senado Clemente Castañeda, anunció otra el 15 de octubre alegando procedimientos «hechos sobre las rodillas».
El segundo debate es el de la retroactividad. Quienes litigaron contra ambas reformas sostienen que los transitorios que aplican las reglas nuevas a los asuntos en trámite chocan con el párrafo primero del artículo 14; la mayoría respondió con la cláusula de no retroactividad de la Ley de Amparo y con la propia reforma de supremacía, que declara inimpugnables las adiciones a la Constitución. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y la oposición sostienen que la nueva Ley de Amparo debilita la defensa del ciudadano frente a la autoridad; el Gobierno, que frena abusos de grandes deudores fiscales.
Preguntas frecuentes
¿Qué garantiza el artículo 14 de la Constitución mexicana? Irretroactividad de las leyes, juicio previo antes de cualquier privación de derechos y que no haya pena sin una ley exactamente aplicable.
¿Qué es la garantía de audiencia? El derecho a ser oído y vencido en juicio antes de cualquier privación: notificación, pruebas, alegatos y resolución, según la jurisprudencia P./J. 47/95.
¿Cuántas veces se ha reformado el artículo 14? Una sola, el 9 de diciembre de 2005, para suprimir la referencia a la pena de muerte junto con el artículo 22.
¿Puede aplicarse una ley de forma retroactiva en México? Solo cuando beneficia a la persona; en perjuicio lo prohíbe el párrafo primero del artículo 14.
¿Qué relación tiene el artículo 14 con la supremacía constitucional de 2024? La reforma cerró el amparo contra cambios a la Constitución y se aplicó a los juicios en trámite, lo que litigantes y jueces consideran retroactivo.