Qué es
El artículo 16 de la Constitución mexicana es la garantía contra los actos arbitrarios de la autoridad: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones «sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento». De esa frase de 1917 cuelgan hoy dieciocho párrafos sobre detenciones, arraigo, cateos, comunicaciones privadas y datos personales. Está en el capítulo de derechos humanos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con el artículo 14, es el fundamento más citado en los juicios de amparo.
Reformado nueve veces desde 1983, casi siempre a golpe de política criminal, importa hoy porque el espionaje con el programa Pegasus, el arraigo que sigue vigente pese a los compromisos de eliminarlo y la ley de inteligencia de 2025 se discuten a partir de sus párrafos.
Qué dice
Resumen del texto vigente (última reforma constitucional: 7 de octubre de 2026):
- 1. Legalidad. Toda molestia exige mandamiento escrito, de autoridad competente, fundado y motivado. En juicios orales basta constancia en cualquier medio que dé certeza (2017).
- 2. Datos personales. Derecho a la protección de los datos y al acceso, rectificación, cancelación y oposición, con las excepciones que fije la ley (2009).
- 3 y 4. Orden de aprehensión. Solo la dicta un juez, previa denuncia o querella de un delito castigado con prisión y datos de que el indiciado probablemente participó; el detenido debe ser entregado al juez «sin dilación alguna».
- 5. Flagrancia. Cualquier persona puede detener a quien esté cometiendo un delito o acabe de cometerlo y entregarlo sin demora a la autoridad, con registro inmediato de la detención.
- 6 y 7. Caso urgente. En delitos graves con riesgo de fuga, si no se puede acudir al juez, el Ministerio Público ordena la detención bajo su responsabilidad y el juez la ratifica o libera.
- 8 y 9. Arraigo. En delincuencia organizada, el juez puede decretar, a petición del Ministerio Público, el arraigo de una persona hasta 40 días, prorrogables hasta 80.
- 10. Retención. Máximo 48 horas ante el Ministerio Público, duplicables en delincuencia organizada.
- 11. Cateos. Solo por orden judicial, con lugar, personas y objetos precisados y acta ante dos testigos.
- 12 a 15. Comunicaciones privadas. Son inviolables; solo un juez federal puede autorizar su intervención, nunca en materias electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativa.
- 16 y 17. Visitas administrativas y correspondencia. Visitas domiciliarias solo para comprobar reglamentos sanitarios, de policía o fiscales; la correspondencia está libre de registro.
- 18. Militares. En tiempo de paz ningún miembro de la Fuerza Armada permanente (desde 2024 incluye a la Guardia Nacional) puede alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño.
La prisión preventiva oficiosa no está aquí sino en el artículo 19, que regula lo que ocurre tras la vinculación a proceso; su catálogo creció el 31 de diciembre de 2024 (extorsión, fentanilo, comprobantes fiscales falsos) y el 1 de abril de 2025 (terrorismo y tráfico de armas).
Marco legal
Lo desarrollan el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (arraigo e intervención de comunicaciones), la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Amparo, reformada el 16 de octubre de 2025. Las leyes de seguridad de julio de 2025 desarrollan el artículo 21. El INAI, garante de los datos personales, fue extinguido por la reforma del 20 de diciembre de 2024; el párrafo segundo sigue intacto.
Reformas
| Publicación en el DOF | Qué cambió | Gobierno |
|---|---|---|
| 03-02-1983 | Primera reforma (paquete de rectoría del Estado y planeación). | Miguel de la Madrid (PRI) |
| 03-09-1993 | Orden de aprehensión, flagrancia, caso urgente y plazo máximo de retención. | Carlos Salinas de Gortari (PRI) |
| 03-07-1996 | Inviolabilidad de las comunicaciones privadas. | Ernesto Zedillo (PRI) |
| 08-03-1999 | Reduce los requisitos para librar una orden de aprehensión. | Ernesto Zedillo (PRI) |
| 18-06-2008 | Sistema acusatorio: arraigo hasta 80 días, delincuencia organizada, jueces de control. | Felipe Calderón (PAN) |
| 01-06-2009 | Derecho a la protección de los datos personales. | Felipe Calderón (PAN) |
| 15-09-2017 | Justicia cotidiana: constancia del mandamiento en los juicios orales. | Enrique Peña Nieto (PRI) |
| 26-03-2019 | Guardia Nacional civil; ajusta el párrafo de la flagrancia. | Andrés Manuel López Obrador (Morena) |
| 30-09-2024 | Incluye a la Guardia Nacional en la Fuerza Armada permanente del último párrafo. | Andrés Manuel López Obrador (Morena) |
El arraigo no ha sido eliminado: sigue en el texto consolidado de octubre de 2026. La Cámara aprobó derogarlo por unanimidad (327 votos) el 26 de abril de 2018, pero la minuta, con primera lectura en el Senado en octubre de 2019, nunca se votó; las iniciativas del PVEM (2023) y de Movimiento Ciudadano (2025) tampoco han prosperado.
Aplicación práctica
Pegasus. La investigación «Ejército Espía», publicada el 3 de octubre de 2022 por R3D, Artículo 19 y SocialTIC con Animal Político, Aristegui Noticias, Proceso y Citizen Lab, documentó que la Secretaría de la Defensa Nacional compró Pegasus a Comercializadora Antsua y que entre 2019 y 2020 se infectaron los teléfonos del defensor Raymundo Ramos, del periodista Ricardo Raphael y de un reportero de Animal Político. López Obrador sostuvo que el Ejército hace inteligencia, no espionaje; las organizaciones hablan de espionaje ilegal, sin la autorización judicial federal que exige el artículo 16. El 4 de agosto de 2026, según El Imparcial, un tribunal colegiado confirmó la sentencia de 2024 que obliga a la Defensa a entregar versiones públicas de dos contratos de 2018 y 2019 por más de 140 millones de pesos, tras un amparo de R3D.
La «ley espía». La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia (16 de julio de 2025) crea una Plataforma Central de Inteligencia que conecta bases de datos de la Secretaría de Seguridad, la Defensa y la Marina. La oposición la bautizó «ley espía»; Claudia Sheinbaum respondió que no es para espiar ni censurar sino «para tener una plataforma única de información». La reforma de la Ley de Amparo de 2025 endurece, además, el interés legítimo y la suspensión con que un ciudadano frena un acto contrario al artículo 16.
Críticas y debates
Arraigo. La ONU-DH en México lleva más de una década pidiendo su desaparición y en 2018 exhortó al Senado a aprobar la minuta. La Suprema Corte, en la acción de inconstitucionalidad 29/2012 promovida por la CNDH contra Aguascalientes (febrero de 2014, ocho votos), estableció que los estados no pueden legislar el arraigo, reservado a la Federación y a la delincuencia organizada (jurisprudencias P./J. 32/2014 y P./J. 34/2014); antes había invalidado el de Chihuahua en la acción 20/2003. Ninguna mayoría ha completado la derogación: ni la que la votó en 2018 ni la de Morena desde 2019.
Espionaje e inteligencia. R3D, Artículo 19 y SocialTIC sostienen que la Defensa «ha mentido sistemáticamente» para ocultar el contrato de Pegasus, reservado por seguridad nacional hasta perder en tribunales. Sobre la ley de inteligencia de 2025, la publicación jurídica IDC advirtió de que la plataforma opera sin control judicial previo ni supervisión externa; el Gobierno la presenta como instrumento contra la extorsión y el crimen organizado.
Preguntas frecuentes
¿Qué protege el artículo 16 de la Constitución mexicana? Que nadie sea molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin orden escrita, fundada y motivada de autoridad competente.
¿Quién puede ordenar una detención en México? Un juez, mediante orden de aprehensión; en flagrancia cualquier persona, y en caso urgente el Ministerio Público bajo su responsabilidad.
¿Sigue existiendo el arraigo en la Constitución? Sí: lo permite hasta 80 días en delincuencia organizada; la derogación que aprobó la Cámara en 2018 nunca se votó en el Senado.
¿Quién puede intervenir comunicaciones privadas? Solo la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad que faculte la ley, y nunca en materias electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativa.
¿La prisión preventiva oficiosa está en el artículo 16? No, está en el artículo 19; el 16 regula la detención y el 19 la prisión durante el proceso.