Qué es
El artículo 17 de la Constitución mexicana es el artículo del acceso a la justicia. Prohíbe hacerse justicia por propia mano y, a cambio, obliga al Estado a ofrecer tribunales «expeditos» que resuelvan «de manera pronta, completa e imparcial» y sin cobrar costas. Añade los mecanismos alternativos de solución de controversias, las acciones colectivas, la defensoría pública, la prohibición de prisión por deudas civiles y la independencia de los tribunales.
Pertenece al capítulo de derechos humanos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de febrero de 1917. El texto original tenía tres frases; sus seis reformas, de 1987 a 2024, lo han convertido en un programa de política judicial.
Importa hoy porque lo invocan a la vez los defensores y los críticos de la reforma judicial de 2024 y de la elección de jueces del 1 de junio de 2025: unos prometen una justicia cercana y rápida, otros denuncian que la elección popular compromete la imparcialidad y la independencia que el artículo exige.
Qué dice
Resumen del texto vigente:
- 1. Prohibición de la autotutela. Nadie puede hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
- 2. Justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Toda persona tiene derecho a que los tribunales le administren justicia en los plazos que fijen las leyes, y las costas judiciales están prohibidas (jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de la Segunda Sala). Desde 2024, en materia tributaria los tribunales deben resolver en un máximo de seis meses y, si no lo hacen, avisar al Tribunal de Disciplina Judicial.
- 3. Fondo sobre forma. Sin afectar la igualdad entre las partes ni el debido proceso, las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos (2017).
- 4. Acciones colectivas. El Congreso de la Unión las regula y las conocen en exclusiva los jueces federales (2010).
- 5. Mecanismos alternativos. Mediación, conciliación y otras vías; en lo penal aseguran la reparación del daño.
- 6. Sentencias orales. Las que ponen fin a procedimientos orales se explican en audiencia pública.
- 7. Independencia. Las leyes federales y locales deben garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
- 8. Defensoría pública. Federación y entidades federativas garantizan una defensoría pública de calidad, con carrera profesional y sueldos no inferiores a los de los agentes del Ministerio Público.
- 9. Deudas civiles. Nadie puede ser aprisionado por deudas puramente civiles.
Marco legal
Se concreta en los artículos 94 a 107 (Poder Judicial de la Federación, reescritos en 2024, y amparo) y 116 (poderes judiciales de los estados). Lo desarrollan la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (2024) y los códigos nacionales de procedimientos penales y civiles. Se lee con el artículo 14 (debido proceso) y el artículo 16 (legalidad de los actos de autoridad).
Reformas
| Publicación en el DOF | Qué cambió | Gobierno |
|---|---|---|
| 17-03-1987 | Bases de los poderes judiciales de los estados y garantía de independencia de magistrados y jueces (con los artículos 46, 115 y 116). | Miguel de la Madrid (PRI) |
| 18-06-2008 | Reforma penal acusatoria: mecanismos alternativos, sentencias orales explicadas en audiencia, defensoría pública de calidad. | Felipe Calderón (PAN) |
| 29-07-2010 | Añade el párrafo de las acciones colectivas. | Felipe Calderón (PAN) |
| 29-01-2016 | Reforma política de la Ciudad de México: «entidades federativas» en el párrafo de la defensoría. | Enrique Peña Nieto (PRI) |
| 15-09-2017 | Justicia cotidiana: solución del conflicto sobre los formalismos. | Enrique Peña Nieto (PRI) |
| 15-09-2024 | Reforma judicial: plazo máximo de seis meses en materia tributaria y aviso al Tribunal de Disciplina Judicial. | Andrés Manuel López Obrador (Morena), con mayoría calificada de Morena, PT y PVEM |
La reforma del 2 de junio de 2026 que aplazó la segunda elección judicial a 2028 no tocó el artículo 17.
Aplicación práctica
La elección judicial del 1 de junio de 2025. Por primera vez se votaron 881 cargos federales, entre ellos los nueve ministros de la Suprema Corte. El Instituto Nacional Electoral estimó esa noche, con una muestra de 1.664 casillas, una participación de entre el 12,57 % y el 13,32 % de la lista nominal, según anunció su presidenta Guadalupe Taddei. Hugo Aguilar Ortiz fue el candidato más votado, con unos 6,2 millones de votos, y preside la nueva Suprema Corte de nueve integrantes desde el 1 de septiembre de 2025, cuando más de 800 juzgadores rindieron protesta ante el Senado de la República. El 20 de mayo de 2026 Claudia Sheinbaum envió al Senado la iniciativa para aplazar la segunda elección de 2027 a 2028 y filtrar mejor las candidaturas; se publicó en el DOF el 2 de junio de 2026.
Justicia pronta, en cifras. El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2025 del Inegi, publicado el 6 de noviembre de 2025 con datos de 2024, mide el rezago: los órganos del Consejo de la Judicatura Federal recibieron 1.975.457 asuntos y concluyeron 1.859.221; la Suprema Corte recibió 16.370 y resolvió 13.979; los poderes judiciales de los estados recibieron 2.205.864 y concluyeron 1.403.597, menos de dos de cada tres.
Críticas y debates
Lo que dicen los defensores. Claudia Sheinbaum sostiene que los ministros ya no son elegidos por el presidente y el Senado, sino que «los decide el pueblo de México con su voto» (Colima, 29 de junio de 2025), y que un abogado mixteco como Hugo Aguilar nunca habría presidido la Corte «si no lo hubiera decidido el pueblo». En agosto de 2025 celebró que Aguilar hable «de objetividad en las resoluciones, pero también de cercanía». Morena presenta la elección como la vía para acercar la justicia a la gente frente a un Poder Judicial que, según el Gobierno, dejaba impune más del 90 % de los delitos.
Lo que dicen los críticos. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, pidió el 2 de septiembre de 2025 a los nuevos juzgadores sentencias que «reflejen los valores y principios de independencia, imparcialidad, objetividad», y el 25 de mayo de 2026 sostuvo que el aplazamiento a 2028 «es necesario» pero no corrige «los problemas estructurales derivados de la reforma judicial aprobada en 2024», entre ellos la sustitución de una carrera judicial «basada en mérito, exámenes, experiencia y especialización». La JUFED, asociación de magistrados de circuito y jueces de distrito, exigió en febrero de 2025 cancelar la elección por el riesgo de infiltración de grupos criminales. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió en agosto de 2024 de que la reforma podía «socavar la independencia» del Poder Judicial, y en junio de 2025 dijo a AFP que las elecciones «pueden ser más fácilmente infiltradas por el crimen organizado que otros métodos de selección judicial». El PRI, por su presidente Alejandro Moreno y su secretaria general Carolina Viggiano, llevó la reforma a la Suprema Corte en octubre de 2024 como «un intento del oficialismo por controlar al Poder Judicial», y Movimiento Ciudadano, a través de Clemente Castañeda, denunció un procedimiento hecho «sobre las rodillas».
Preguntas frecuentes
¿Qué garantiza el artículo 17 de la Constitución mexicana? El derecho a una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita ante tribunales independientes, y prohíbe hacerse justicia por propia mano.
¿La justicia es gratuita en México? Sí: el artículo 17 prohíbe las costas judiciales, aunque cada parte paga a su abogado salvo que acuda a la defensoría pública.
¿Qué cambió la reforma judicial de 2024 en el artículo 17? Fijó seis meses como plazo máximo para resolver litigios tributarios y obligó a avisar al Tribunal de Disciplina Judicial cuando no se cumple.
¿Cuánta gente votó en la elección judicial de 2025? Entre el 12,57 % y el 13,32 % de la lista nominal, según la estimación del INE del 1 de junio de 2025.
¿Puede alguien ir a prisión por deudas en México? No por deudas puramente civiles: lo prohíbe el último párrafo del artículo 17.