Susana Polo García (1960) es una magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde 2018, especialista en violencia de género y ponente de la sentencia que en 2019 condenó por violación a los miembros de La Manada. Su nombre saltó a la primera línea política por dos causas del ciclo 2024-2025: instruyó en el Supremo la investigación por terrorismo del Tsunami Democràtic contra Carles Puigdemont, que ella misma archivó, y fue la ponente designada del juicio al fiscal general del Estado, en el que acabó votando por la absolución y firmando un voto particular. La prensa la adscribe al sector progresista y a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia.
Trayectoria profesional
Ingresó en la carrera judicial en 1985, con primeros destinos en juzgados de distrito de San Sebastián de los Reyes, Barcelona, Fuenlabrada y Madrid. Ascendió a magistrada en 1988, en Alicante, y en 1990 pasó al Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid. Entre 1997 y 2013 sirvió en la Audiencia Provincial de Madrid, primero en la Sección Segunda y después como presidenta de la Sección 26, especializada en violencia sobre la mujer; desde mayo de 2010 coordina a escala nacional la formación de jueces en esa materia. En abril de 2013 fue nombrada magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El 24 de julio de 2018 el Consejo General del Poder Judicial la designó para la plaza del turno de especialistas de la Sala Segunda que había dejado Julián Sánchez Melgar; tomó posesión en septiembre. En noviembre de 2019 sus compañeros la eligieron para la Sala de Gobierno del Supremo, la segunda mujer en ese órgano en más de un siglo. Es profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid.
Cargos institucionales y causas relevantes
Su primera resolución de gran eco fue la sentencia del 4 de julio de 2019 que elevó a quince años las penas de los cinco condenados de La Manada al calificar los hechos como violación. En 2022 se adhirió al voto particular de Ana Ferrer a la sentencia del caso de los ERE, favorable a absolver a José Antonio Griñán por falta de prueba del dolo, criterio que el Tribunal Constitucional recogió en 2024 al anular en parte esa condena. Según el diario Ara, también se opuso a la condena del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez.
En 2024 le correspondió instruir en el Supremo la causa contra Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg por terrorismo, por las protestas del Tsunami Democràtic de 2019. En junio suspendió la citación de ambos hasta decidir sobre la ley de amnistía, dio a Puigdemont diez días para alegar y en julio archivó la investigación, mientras la Audiencia Nacional mantenía viva la causa paralela de Manuel García-Castellón.
El caso del fiscal general la convirtió en figura central. Fue ponente del auto que en octubre de 2024 abrió la causa contra Álvaro García Ortiz por la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador, y a ella se asignó la ponencia de la sentencia tras el juicio de noviembre de 2025. Al pronunciarse por la absolución no podía redactar una condena: la ponencia pasó al presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, y el fallo del 20 de noviembre, por cinco votos a dos, impuso dos años de inhabilitación y 7.200 euros de multa por revelación de secretos. La sentencia del 9 de diciembre incorporó su voto particular y el de Ferrer, que consideraban los indicios insuficientes para condenar. Vozpópuli habló de «las magistradas progresistas» frente a un «sector conservador» mayoritario; los defensores de la condena replicaron que un fallo de cinco magistrados no pierde valor por dos discrepancias. No consta que Polo haya hecho declaraciones públicas sobre la polémica.
Preguntas frecuentes
¿Quién es Susana Polo? Magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde 2018 y miembro de su Sala de Gobierno, especialista en violencia de género.
¿Fue la ponente de la sentencia de La Manada? Sí, redactó la sentencia de 2019 que calificó los hechos como violación y elevó las penas a quince años.
¿Qué papel tuvo en el juicio al fiscal general? Era la ponente designada, pero votó absolver a García Ortiz y la redacción pasó a Martínez Arrieta.
¿Qué pasó con el caso Tsunami en el Supremo? Lo instruyó en 2024 y lo archivó en julio, tras la entrada en vigor de la ley de amnistía.
¿A qué sector la adscribe la prensa? Al progresista, como miembro de Juezas y Jueces para la Democracia.