Exhumación de Franco del Valle de los Caídos (24 de octubre de 2019)

El 24 de octubre de 2019, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez exhumó los restos de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos, hoy Valle de Cuelgamuros, donde estaban enterrados desde el 23 de noviembre de 1975, y los trasladó al panteón del cementerio de Mingorrubio-El Pardo, en Madrid, donde reposa su esposa, Carmen Polo. La operación cerró un proceso de catorce meses que comenzó con un real decreto-ley de agosto de 2018, convalidado por el Congreso, recurrido por los nietos del dictador y avalado por unanimidad por el Tribunal Supremo en septiembre de 2019. El Gobierno la presentó como el fin del enaltecimiento de un dictador en un espacio público; la familia, el prior benedictino del Valle, el PP, Ciudadanos y Vox cuestionaron, por distintos motivos, el procedimiento, su prioridad o el momento elegido, a diecisiete días de unas elecciones generales.

Contexto previo

El Valle de los Caídos, en San Lorenzo de El Escorial, es un conjunto monumental de titularidad estatal construido por orden de Franco que alberga los restos de más de 33.000 muertos de los dos bandos de la Guerra Civil. Franco fue enterrado en la basílica, bajo una losa de granito, tres días después de su muerte (ver muerte de Franco).

La Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, prohibió en su artículo 16 los actos «de naturaleza política» y «exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo» en el recinto. En noviembre de 2011, una comisión de expertos creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recomendó trasladar los restos de Franco. El 11 de mayo de 2017, con Mariano Rajoy en el Gobierno, el Congreso aprobó una proposición no de ley del PSOE que pedía, entre otras medidas, dar «cumplimiento preferente» a esa exhumación: hubo 198 votos a favor, uno en contra y 140 abstenciones. Dos informes de Naciones Unidas de julio de 2014 ya habían reclamado aplicar las recomendaciones de 2011 sobre el Valle.

Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno en junio de 2018 tras la moción de censura contra Rajoy y anunció ese mismo mes que la exhumación sería una de sus prioridades.

Qué ocurrió

El 24 de agosto de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 10/2018, publicado en el BOE al día siguiente. Añadió a la Ley 52/2007 un artículo 16.3 según el cual en el Valle «sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española», y una disposición adicional que encargaba al Consejo de Ministros el procedimiento: la familia tendría quince días para elegir el lugar de reinhumación y, si no lo hacía en plazo o había discrepancias entre sus miembros, decidiría el Gobierno. El procedimiento se abrió el 31 de agosto.

El Congreso convalidó el decreto el 13 de septiembre de 2018 con 176 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Coalición Canaria, Compromís y EH Bildu), 2 en contra y 165 abstenciones (PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias), según el recuento de Maldita.es; los dos votos en contra, de diputados del PP, fueron un error según su grupo. La vicepresidenta Carmen Calvo defendió que no habría «paz ni justicia» mientras se mantuviera «la atroz anomalía» de que el dictador estuviera enterrado junto a sus víctimas.

Los siete nietos de Franco pidieron enterrarlo en la cripta familiar de la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid. El Gobierno lo descartó por razones de orden público y seguridad, les dio un nuevo plazo el 15 de febrero de 2019 y, ante su negativa a proponer otro lugar, acordó el 15 de marzo la reinhumación en Mingorrubio-El Pardo para el 10 de junio. La familia recurrió ambos acuerdos ante el Supremo, que el 4 de junio suspendió cautelarmente la exhumación hasta resolver el fondo. Además, un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid suspendió cautelarmente el informe urbanístico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial sobre las obras.

El 24 de septiembre de 2019, los seis magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo, con Pablo Lucas como ponente, desestimaron por unanimidad el recurso; la sentencia, con sus fundamentos, se conoció el 30 de septiembre. El tribunal rechazó plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el decreto y concluyó que la exhumación no vulneraba la libertad religiosa ni la intimidad familiar y que el rechazo a la Almudena no era arbitrario, porque los familiares no tienen «una facultad incondicionada de elección del lugar de enterramiento» cuando se trata de los restos de un personaje público de esa relevancia. El 10 de octubre, el Supremo precisó que su sentencia bastaba para entrar en la basílica, y el 11 de octubre el Consejo de Ministros ordenó ejecutar la exhumación antes del 25 de octubre y cerrar el recinto. El 17 de octubre, el Tribunal Constitucional inadmitió por unanimidad el recurso de amparo de los nietos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó las medidas provisionales que pedía la Fundación Nacional Francisco Franco (The Objective).

El día fijado, sin prensa en el interior, la extracción duró unas dos horas. Ocho familiares, entre ellos el bisnieto Luis Alfonso de Borbón, sacaron el féretro a hombros de la basílica, y un helicóptero militar lo trasladó a Mingorrubio. La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, asistió a todo el proceso como notaria mayor del Reino. Franco fue enterrado junto a Carmen Polo tras una misa oficiada por el sacerdote Ramón Tejero, hijo del exteniente coronel Antonio Tejero, que dirigió el golpe del 23-F; Tejero se unió a unos doscientos simpatizantes congregados fuera del cementerio, según la agencia AFP.

Reacciones y posición de los partidos

El Gobierno y el PSOE. Sánchez declaró ese día: «Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público». Tras el fallo del Supremo había dicho que así se cerraba simbólicamente el círculo de la democracia española, según La Moncloa.

La familia. Los nietos sostuvieron que el decreto era ilegal y llegaron a pedir al Defensor del Pueblo que lo recurriera ante el Constitucional por considerarlo una «profanación de sepultura». Tras el fallo del Supremo, su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, anunció a El Independiente que irían «hasta el final» y atribuyó la decisión a «factores extrajurídicos».

La Iglesia. El prior de la abadía benedictina del Valle, Santiago Cantera, denegó en dos ocasiones la autorización para entrar en la basílica, en diciembre de 2018 y en octubre de 2019, invocando la inviolabilidad de los lugares de culto que recoge el Acuerdo con la Santa Sede de 1979. El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, trasladó al Gobierno que la Iglesia no se oponía a la exhumación si así lo decidían las autoridades competentes, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, precisó que «es distinto decir que la Iglesia no se opone a decir que apoya la exhumación» (El Independiente). Tras la sentencia, la Conferencia Episcopal dijo que respetaría la decisión.

PP y Ciudadanos. Ambos se abstuvieron en 2018 y criticaron que se usara un decreto-ley sin urgencia que lo justificara, 43 años después de la muerte de Franco. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, acusó a Sánchez de buscar «una cortina de humo». Albert Rivera sostuvo, según The Objective, que a la mayoría de los españoles, «más que los huesos de Franco, les importa la educación de sus hijos, el futuro del empleo o la seguridad frente al terrorismo». En octubre de 2019, Pablo Casado acusó al PSOE de hacer coincidir la exhumación con la campaña electoral y defendió centrar el debate en el futuro, según recogió Moncloa.com.

Vox, sin escaños en el Congreso en 2018, rechazó la medida. Santiago Abascal afirmó el día de la exhumación que el objetivo del Gobierno era «deslegitimar la Transición, la Corona, derrocar a Felipe VI y derribar la cruz del Valle de los Caídos», y calificó la retransmisión del traslado de «show electoral».

Unidas Podemos apoyó el decreto. Pablo Iglesias celebró la exhumación, pero dijo que llegaba tarde, que aún no se había hecho justicia con las víctimas y que Sánchez la utilizaba en clave electoral, una crítica que, según AFP, compartieron otros partidos de la oposición.

Consecuencias

La exhumación dejó en la basílica, en un lugar destacado, los restos de José Antonio Primo de Rivera. La Ley 20/2022 de Memoria Democrática derogó la de 2007, cambió el nombre del recinto por el de Valle de Cuelgamuros y mantuvo la regla de que solo pueden yacer allí víctimas de la guerra (ver Ley de Memoria Democrática). Los restos de Primo de Rivera fueron exhumados a petición de su familia el 24 de abril de 2023 y llevados al cementerio madrileño de San Isidro (Público).

El pleito siguió tras el traslado. En julio de 2020, el Supremo desestimó los recursos pendientes de la Fundación Francisco Franco, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y la comunidad benedictina, y recordó que el Constitucional ya había inadmitido el amparo de la familia. En marzo de 2020, los nietos habían llevado su demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se exhumó a Franco? El 24 de octubre de 2019, tras casi 44 años enterrado en la basílica del Valle de los Caídos.

¿Dónde está enterrado Franco ahora? En el panteón del cementerio de Mingorrubio-El Pardo, en Madrid, junto a su esposa, Carmen Polo.

¿Por qué no se le enterró en La Almudena? El Gobierno lo descartó por orden público y seguridad, y el Supremo consideró esa decisión no arbitraria ni desproporcionada.

¿Qué votaron los partidos en el Congreso? El decreto se convalidó con 176 votos a favor, 2 en contra y 165 abstenciones de PP, Ciudadanos, UPN y Foro.

¿Qué decidió el Tribunal Supremo? Desestimó por unanimidad el recurso de los nietos y confirmó los acuerdos del Gobierno de febrero y marzo de 2019.