Medio Ambiente: qué propone cada partido

El PP en Castilla y León centró su agenda ambiental en compatibilizar protección del medio natural y actividad económica, con apoyo a la gestión forestal, prevención de incendios y mantenimiento del medio rural, clave en una comunidad muy extensa y despoblada.

También defendió una política de agua basada en infraestructuras, depuración y abastecimiento, junto a medidas para modernizar el ciclo hídrico. En línea con su enfoque, apostó por reducir trabas a los municipios y reforzar la inversión autonómica y local.

En materia de energía y clima, el partido impulsó la transición hacia renovables con protagonismo de la biomasa, el autoconsumo y el hidrógeno, sin renunciar a la industria ni al empleo ligado al campo y al territorio.

El PSOE en Castilla y León vinculó su agenda ambiental a la transición ecológica justa, defendiendo la descarbonización, el impulso a las energías renovables y el refuerzo de la gestión forestal para prevenir incendios. Su discurso priorizó compatibilizar protección ambiental y empleo rural.

También planteó mejorar la calidad del aire y del agua, con más control sobre vertidos y depuración, además de una apuesta por la economía circular y la reducción de residuos. Frente a ello, la derecha ofreció una gestión más continuista, aunque con énfasis en la actividad agraria.

En materia de territorio, el PSOE defendió medidas contra la despoblación mediante conservación de espacios naturales, apoyo a municipios rurales y adaptación al cambio climático. Su enfoque fue más intervencionista que el de sus rivales, con más planificación pública.

VOX planteó en Castilla y León una agenda ambiental centrada en reducir trabas al campo y revisar la normativa que considera excesivamente restrictiva. Su discurso vinculó la protección del medio con la actividad productiva, defendiendo compatibilizar conservación y aprovechamiento económico del territorio.

En materia de montes y prevención de incendios, defendió una gestión forestal activa, más limpieza y aprovechamiento de biomasa, y menos burocracia para agricultores, ganaderos y propietarios rurales. También criticó las políticas climáticas de la UE por su impacto sobre el sector primario y la industria.

Su enfoque se apoyó en la idea de que la mejor política ambiental para Castilla y León pasa por mantener población en el medio rural, facilitar usos tradicionales y priorizar la gestión frente a las prohibiciones. En la práctica, esto se traduce en menos carga regulatoria y más margen para la economía local.

Sumar plantea una transición ecológica justa en Castilla y León, con impulso de las energías renovables, ahorro y rehabilitación energética, y medidas para reducir emisiones sin cargar el coste sobre hogares y pymes.

En materia de territorio, prioriza la protección de bosques, agua y biodiversidad, además de una gestión forestal y rural orientada a la prevención de incendios, más compatible con el mundo rural que la de la derecha tradicional.

También defiende reforzar el transporte público y la movilidad sostenible, especialmente entre áreas rurales y urbanas, para recortar dependencia del coche y mejorar la calidad del aire en una comunidad extensa y dispersa.

Unidas Podemos defendió en Castilla y León una transición ecológica justa, con más inversión pública en renovables, rehabilitación energética y movilidad sostenible. También vinculó la agenda ambiental a empleo rural y protección del territorio frente a la especulación.

En su programa, la formación insistió en reforzar la prevención de incendios, la restauración de ecosistemas y la gestión forestal pública. Planteó además medidas contra la contaminación y una apuesta clara por el ahorro de agua, en una comunidad muy expuesta a la sequía.

UP situó el medio ambiente como eje de cambio de modelo: menos dependencia de combustibles fósiles, más protección de la biodiversidad y apoyo a agricultores y ganaderos en la adaptación climática. Frente a otras derechas, su discurso fue más regulador y ambicioso.

Ciudadanos (Cs) defendió para Castilla y León una política de medio ambiente centrada en la gestión forestal, la prevención de incendios y el apoyo al medio rural, vinculando conservación y actividad económica. Su discurso apostaba por compatibilizar protección y aprovechamiento sostenible.

También planteó reforzar la limpieza de montes, la coordinación de emergencias y una mejor planificación del agua, con especial atención a sequías y regadíos eficientes. En su enfoque, la administración debía simplificar trámites y priorizar medidas útiles frente a la burocracia.

En materia energética y climática, Cs se mostró favorable a impulsar renovables y autoconsumo sin penalizar al campo ni a la industria, defendiendo una transición gradual y compatible con el empleo. Su propuesta buscaba equilibrio entre sostenibilidad, competitividad y fijación de población.

PACMA situó la protección de la biodiversidad como eje ambiental de su programa en Castilla y León, con especial rechazo a la caza, a los proyectos que dañan hábitats y a cualquier expansión de actividades que comprometa el bienestar animal y el equilibrio ecológico.

También defendió reforzar la conservación de espacios naturales, frenar infraestructuras con impacto ambiental y priorizar políticas públicas de prevención de incendios, gestión forestal sostenible y defensa del territorio frente a intereses extractivos o urbanísticos.

Su enfoque fue más restrictivo que el de otras fuerzas, al pedir una transición hacia un modelo económico compatible con la naturaleza y más vigilancia sobre la contaminación, la presión sobre el agua y el uso intensivo del suelo, sin descuidar la protección rural.

No consta un programa electoral autonómico específico de Se Acabó La Fiesta (SALF) para Castilla y León en las elecciones de 2026 con propuestas detalladas y verificables sobre medio ambiente. La formación, liderada por Alvise Pérez, ha centrado su discurso en inmigración, corrupción y reducción del gasto público, más que en una agenda ecológica autonómica.

En la información pública disponible y contrastable, SALF no presentó un documento programático sectorial equivalente al de partidos con implantación territorial en Castilla y León. Por tanto, no hay bases sólidas para atribuirle medidas concretas sobre agua, energías renovables, protección de espacios naturales o gestión forestal.

Su planteamiento general, eso sí, suele alinearse con una visión proempresa y crítica con la sobrerregulación, lo que podría traducirse en menos trabas administrativas para el sector primario y la actividad económica. Pero no existe una propuesta ambiental autonómica fechada y verificable de SALF para Castilla y León.