Igualdad: qué propone cada partido

El PP de Castilla y León puso el foco en una política de igualdad ligada al empleo, la conciliación y la protección frente a la violencia machista, defendiendo medidas de apoyo a familias y a la natalidad. Su enfoque combinó igualdad de oportunidades con políticas sociales más amplias.

En su programa y discurso autonómico, los populares apostaron por reforzar los servicios de atención a víctimas, mejorar la coordinación institucional y sostener recursos en el medio rural, donde la dispersión dificulta el acceso a ayudas. También insistieron en reducir la brecha laboral y favorecer la corresponsabilidad.

Frente a un planteamiento más ideológico, el PP priorizó una igualdad práctica: empleo femenino, apoyo a madres trabajadoras, conciliación y seguridad para las mujeres. En Castilla y León, esa línea se alineó con su énfasis en la estabilidad institucional y la gestión de servicios públicos.

El PSOE situó la igualdad de género en Castilla y León en torno a la lucha contra la violencia machista, el refuerzo de los servicios de atención a víctimas y la coordinación entre Junta, ayuntamientos y centros educativos. También defendió políticas públicas estables frente a recortes y la violencia institucional.

En su programa y campaña, los socialistas insistieron en ampliar la conciliación, impulsar la corresponsabilidad y garantizar recursos para el empleo femenino y la autonomía económica de las mujeres, especialmente en el medio rural. Su enfoque fue más institucional y continuista que rupturista, frente a una derecha que priorizó otros ejes.

Además, el PSOE vinculó la igualdad con educación afectivo-sexual, prevención de discriminaciones y apoyo a colectivos LGTBIQ+, poniendo el foco en una agenda de derechos y protección social. Su propuesta buscó reforzar la red existente sin grandes cambios estructurales.

VOX defendió en Castilla y León una política de igualdad centrada en la igualdad ante la ley y no en políticas específicas por razón de sexo. Rechazó el enfoque de “perspectiva de género” y propuso sustituirlo por medidas comunes para todos los ciudadanos.

En sus posiciones electorales y parlamentarias en la comunidad, el partido insistió en suprimir subvenciones a asociaciones feministas y organismos vinculados a la agenda de género. También planteó reforzar la atención a las víctimas de violencia sin crear estructuras ideológicas paralelas y con mayor control del gasto público.

Su discurso combinó la defensa de la familia, la natalidad y la conciliación con la crítica a las leyes autonómicas de igualdad que, a su juicio, generan división. VOX vinculó estas propuestas a una gestión más austera y a la eliminación de “chiringuitos” institucionales.

Sumar situó la igualdad como un eje transversal, defendiendo servicios públicos que reduzcan brechas de género: refuerzo de la dependencia, educación infantil de 0-3 años y atención sanitaria con perspectiva feminista en Castilla y León.

También planteó medidas contra la violencia machista, con más recursos para prevención, protección y acompañamiento a víctimas, además de políticas de empleo y vivienda para favorecer la autonomía económica de las mujeres.

En el plano social, apostó por ampliar derechos en el medio rural y por combatir la discriminación por razón de sexo, orientación o identidad, con especial atención a la conciliación y a la corresponsabilidad.

Unidas Podemos situó la igualdad en Castilla y León en torno a la lucha contra la violencia machista, el refuerzo de la red pública de atención y la educación en coeducación y diversidad. Su discurso vinculó estas medidas a más recursos autonómicos y mejores servicios en el medio rural.

También defendió ampliar derechos para mujeres y colectivos LGTBI, con enfoque transversal en sanidad, empleo y servicios sociales. Frente a ello, el bloque de la derecha insistió en priorizar otras agendas, aunque el debate sobre igualdad siguió muy presente en campaña.

En materia laboral y social, UP planteó cerrar brechas de género, mejorar permisos y conciliación, y asegurar financiación estable para atención a víctimas. Su propuesta buscó convertir la Junta en un actor más activo, con una administración sensible a la igualdad real.

Ciudadanos (Cs) defendía para Castilla y León una agenda de igualdad centrada en la conciliación, la corresponsabilidad y la lucha contra la discriminación, con medidas vinculadas al empleo y a los servicios públicos. Su enfoque era más liberal-institucional que ideológico.

En sus posiciones autonómicas y generales, Cs apostó por reforzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, impulsar planes de conciliación en empresas y administraciones, y mejorar la protección frente a la violencia machista sin descuidar la prevención y la atención a víctimas.

También puso el foco en la igualdad real en el acceso al trabajo, la reducción de brechas salariales y la promoción de la mujer en puestos de responsabilidad, manteniendo un discurso de apoyo a políticas útiles y medibles, con prioridad para la eficacia frente al eslogan.

PACMA situó la igualdad dentro de una agenda de derechos más amplia, defendiendo la lucha contra toda forma de discriminación y el refuerzo de políticas públicas que garanticen trato igualitario y protección efectiva para colectivos vulnerables.

En Castilla y León, sus planteamientos se alinearon con la ampliación de medidas contra la violencia de género, la protección de los derechos LGTBI y el impulso de una educación y administración sin sesgos, con especial atención a la igualdad real en el acceso a servicios.

También reclamó mayor compromiso institucional para combatir estereotipos y desigualdades estructurales, una línea que contrastó con el foco más tradicional de PP y Vox en orden, familia y gestión, sin abandonar la idea de cohesión social.

No consta un programa electoral público y verificable de SALF para las autonómicas de Castilla y León de 2026 con propuestas específicas sobre Igualdad; el partido tampoco obtuvo representación en esas elecciones.

Su oferta política conocida se centró sobre todo en seguridad, control migratorio, corrupción y rebaja fiscal, más que en políticas autonómicas detalladas de igualdad, vivienda o servicios públicos. Eso dificulta atribuirle medidas concretas y contrastables en esta materia.

Por tanto, cualquier resumen sobre Igualdad en SALF debe leerse con cautela: no hay un documento programático autonómico sólido para Castilla y León que permita describir compromisos específicos, cuantificables y verificables.