Inmigración: qué propone cada partido

El PP de Castilla y León vinculó su política de inmigración a la cobertura de vacantes laborales y al reto demográfico, defendiendo una llegada ordenada de trabajadores para sectores con escasez de mano de obra. También insistió en la integración vinculada al empleo y al respeto de las normas.

En la campaña autonómica, la formación de Alfonso Fernández Mañueco evitó propuestas de cierre o rechazo generalizado y puso el foco en una inmigración legal, regular y útil para sostener servicios y actividad económica en una comunidad envejecida y dispersa. Su mensaje fue más pragmático que ideológico.

El PSOE de Castilla y León vinculó su política de inmigración a la integración, el empleo y el acceso a servicios públicos, defendiendo que la llegada de población extranjera ayuda a sostener el medio rural y el mercado laboral.

En sus posiciones públicas, los socialistas rechazaron enfoques de confrontación y apostaron por reforzar la convivencia, la atención administrativa y los recursos para acogida e inserción, especialmente en provincias con pérdida de población. Su discurso fue menos estridente que el de la derecha y más centrado en gestión.

También plantearon coordinar mejor a la Junta con ayuntamientos y entidades sociales para facilitar trámites, aprendizaje del idioma y acceso a vivienda y sanidad, con una visión de inmigración como oportunidad demográfica y económica.

VOX planteó en Castilla y León una línea dura sobre inmigración centrada en el control de fronteras, la expulsión de inmigración irregular y la prioridad de los servicios públicos para los españoles. En la campaña autonómica de 2022, su discurso se apoyó en la idea de frenar la llegada ilegal y endurecer la política de acogida.

También defendió limitar ayudas y prestaciones a quienes no tengan residencia legal, y vincular la inmigración a la seguridad y a la integración “efectiva”. Su enfoque buscó reforzar el orden y la protección de recursos públicos, una postura coherente con el giro más restrictivo de la derecha radical europea.

Sumar defendió una política de acogida y derechos, vinculando la inmigración a la cohesión social y al acceso a servicios públicos. Su enfoque evitó el marco de seguridad y priorizó la integración laboral y residencial.

En Castilla y León, su discurso insistió en frenar la despoblación mediante población migrante, con regularización, igualdad de trato y refuerzo de recursos en sanidad, educación y vivienda. La idea fue aprovechar la inmigración como oportunidad para el medio rural.

También planteó combatir el racismo y la explotación laboral, con más inspección y protección social para trabajadores extranjeros. Frente a otras derechas más severas, Sumar apostó por una gestión más humanitaria y menos restrictiva.

Unidas Podemos defendió para Castilla y León una política de acogida e integración de la población migrante, vinculada al acceso a vivienda, sanidad y educación. También rechazó los discursos de criminalización y pidió reforzar derechos y servicios públicos.

Su enfoque puso el acento en la regularización, la atención a menores no acompañados y la lucha contra la discriminación. Frente a ello, la derecha autonómica sostuvo una línea más restrictiva sobre orden y control, aunque con menor peso programático en este ámbito.

La propuesta se completó con medidas de inclusión laboral y apoyo a entidades sociales y municipios receptores. El objetivo era fijar población y aprovechar la inmigración como respuesta al despoblamiento y al envejecimiento de la comunidad.

Ciudadanos (Cs) defendió en Castilla y León una inmigración ordenada, ligada a la integración y al cumplimiento de las normas, evitando tanto el discurso de puertas abiertas como soluciones improvisadas. Su enfoque priorizaba la gestión eficaz y la convivencia local.

En campaña, Cs insistió en que la política migratoria debía coordinarse con los ayuntamientos y la Junta para reforzar servicios públicos, escolarización y acceso al empleo, especialmente en zonas rurales. También vinculó la llegada de población extranjera a la lucha contra la despoblación.

El partido planteó además mayor control frente a la inmigración irregular y apoyo a quienes regularizan su situación y trabajan legalmente, con un discurso más pragmático que ideológico, cercano a la línea de centro-derecha moderada.

PACMA no presentó para Castilla y León un programa autonómico de inmigración con medidas específicas destacadas; su mensaje electoral se centró sobre todo en derechos animales, medio ambiente y sanidad pública. En la práctica, su posicionamiento habitual en esta materia prioriza la igualdad de trato y el rechazo a cualquier forma de discriminación.

Cuando aborda la inmigración, PACMA suele defender una acogida basada en derechos humanos, integración social y acceso a servicios básicos, sin plantear cuotas restrictivas ni un endurecimiento de controles. En las autonómicas de 2026, esa línea quedó en un plano secundario frente a sus ejes programáticos principales.

SALF no presentó un programa autonómico específico de inmigración para Castilla y León en 2026; su discurso público se centró en el control estricto de fronteras, la expulsión de inmigración irregular y la priorización de seguridad y orden.

En su línea política estatal, el partido de Alvise Pérez defendió endurecer el acceso a ayudas, vincular la inmigración a la delincuencia y rechazar el reparto de menores no acompañados entre comunidades, una posición de corte claramente restrictivo.

En Castilla y León, eso se tradujo más en consignas generales que en medidas detalladas: menos efecto llamada, más control policial y prioridad para quienes se integren y trabajen legalmente, con un enfoque cercano al voto de derecha dura.