Comparativa por tema
Justicia: qué propone cada partido
Las propuestas de 8 partidos sobre sistema judicial, separación de poderes, derechos para las Elecciones Autonómicas 2026 en Castilla y León.
Partido Popular
El PP de Castilla y León situó la Justicia en clave de modernización: más medios materiales y tecnológicos para los juzgados, impulso de la digitalización y mejora de la atención a ciudadanos y profesionales. También defendió reforzar la coordinación con el Gobierno central para agilizar trámites.
Entre sus mensajes más repetidos estuvo la necesidad de descongestionar órganos judiciales, mejorar infraestructuras y acercar los servicios públicos a las zonas rurales, una prioridad coherente con la estructura territorial de la comunidad. El planteamiento buscaba una Justicia más ágil, accesible y eficaz.
El partido también apostó por apoyar a jueces, fiscales y personal con mejores recursos organizativos, insistiendo en la lucha contra el colapso y en una administración judicial más cercana. Su enfoque combinó eficiencia institucional con atención al equilibrio territorial.
Partido Socialista Obrero Español
El PSOE planteó para Castilla y León una Justicia más cercana y menos lenta, con refuerzo de medios humanos y materiales en juzgados de provincia, especialmente en zonas rurales y partidos judiciales pequeños.
Su programa electoral defendía una modernización digital de la Administración de Justicia, la mejora de la atención a víctimas y una mayor cobertura de asistencia jurídica gratuita para garantizar acceso efectivo al servicio público.
También insistía en reducir la sobrecarga de órganos judiciales mediante más plazas, mejor coordinación institucional y una organización territorial más eficiente, frente a una gestión autonómica que el PP ha defendido con más prudencia.
Vox
VOX planteó en Castilla y León una Justicia más rápida y cercana, con refuerzo de juzgados y medios materiales, además de medidas para reducir la carga burocrática y agilizar procedimientos en la comunidad.
En su línea nacional, defendió una reforma de la Administración de Justicia para mejorar la eficiencia, reforzar la protección de las víctimas y endurecer el cumplimiento de las penas en los delitos más graves.
También insistió en una Justicia orientada al orden, la seguridad jurídica y la unidad institucional, con menos politización de los órganos judiciales y más apoyo a jueces, fiscales y personal de la administración.
Sumar
Sumar planteó en Castilla y León reforzar una Justicia pública más cercana y ágil, con más medios personales y materiales para juzgados saturados, especialmente en el medio rural. Su discurso priorizó reducir retrasos y mejorar la accesibilidad.
En materia judicial, la coalición defendió mejorar la atención a víctimas y la asistencia jurídica gratuita, además de impulsar una administración de justicia digitalizada pero sin excluir a quienes viven lejos de las sedes judiciales. También reclamó más personal especializado.
Su propuesta se alineó con un enfoque de garantía de derechos, poniendo el acento en la modernización del servicio y en la lucha contra la despoblación judicial, frente a una gestión más continuista que favorece a las comunidades con mayor capacidad administrativa.
Unidas Podemos
Unidas Podemos defendió para Justicia en Castilla y León un refuerzo de los servicios públicos y una mayor cercanía del sistema judicial a la ciudadanía, con especial atención a la atención jurídica gratuita y a las zonas rurales.
Su planteamiento priorizó mejorar medios humanos y materiales en juzgados, reducir demoras y garantizar una Justicia más accesible, sin recurrir a grandes privatizaciones ni a cambios disruptivos en la estructura institucional.
También vinculó sus propuestas a la protección de derechos, la lucha contra la violencia machista y una administración judicial más ágil y sensible con los colectivos vulnerables, en una línea más social que la de la derecha tradicional.
Ciudadanos
Ciudadanos (Cs) llegó a las autonómicas de Castilla y León de 2026 con un mensaje de modernización institucional y refuerzo del Estado de derecho. Su enfoque en Justicia apostaba por agilizar procedimientos, reducir la burocracia y mejorar la atención al ciudadano en los juzgados.
En sus planteamientos, Cs defendía una Justicia más rápida y cercana, con más medios materiales y humanos, impulso a la digitalización y coordinación con la Junta para mejorar el funcionamiento de la Administración. También insistía en reforzar la transparencia y la evaluación de resultados.
La propuesta mantenía la línea liberal del partido: seguridad jurídica, despolitización de instituciones y apoyo a reformas que hicieran más eficiente el sistema. Frente a otras opciones más intervencionistas, Cs priorizaba una Justicia útil, ágil y accesible para empresas y familias.
Partido Animalista Con el Medio Ambiente
PACMA centró su discurso en una Justicia más garantista, con especial atención a los casos de maltrato animal y a reforzar la respuesta penal frente a la violencia contra los animales en Castilla y León. Su enfoque buscó que los delitos vinculados al bienestar animal no quedaran relegados.
También defendió mejorar la tramitación judicial de estos asuntos y coordinar mejor a juzgados, fuerzas de seguridad y administraciones para evitar retrasos y lagunas en la protección. Frente a ello, las opciones de derecha ofrecieron un marco más continuista y de gestión institucional.
El programa insistió en que la Justicia debe servir para hacer cumplir la normativa de protección animal con mayor eficacia, incluyendo sanciones y persecución de infracciones. Su propuesta conectó con una visión de orden legal clara, aunque sin grandes desarrollos técnicos.
Se Acabó La Fiesta
Se Acabó La Fiesta (SALF) no publicó un programa autonómico específico y contrastable para Justicia en Castilla y León en las elecciones de 2026. Su oferta pública se centró en el discurso antiestablishment, la lucha contra la corrupción y la regeneración institucional, más que en medidas técnicas sobre juzgados, fiscalía o acceso a la justicia.
En ese contexto, no se conocen propuestas verificables de SALF para esta materia como refuerzo de medios judiciales, digitalización, reorganización territorial o cambios en la planta judicial autonómica. Tampoco consta un documento autonómico oficial con compromisos concretos sobre dependencias judiciales, plazos o asistencia jurídica.