Economía: qué propone cada partido

El PP centró su propuesta económica en Baleares en bajar impuestos, simplificar trámites y dar más seguridad jurídica a empresas y autónomos. Defendió una fiscalidad más competitiva para atraer inversión y frenar la pérdida de talento y actividad.

También planteó reducir la presión sobre familias y pymes con rebajas en IRPF, sucesiones y otros tributos autonómicos, junto a medidas para abaratar el coste de hacer negocios. Su discurso vinculó la rebaja fiscal con más consumo, empleo y crecimiento.

En paralelo, apostó por impulsar sectores clave como el turismo, el comercio y la innovación, apoyándose en colaboración público-privada y menos burocracia. La idea central fue reforzar la economía balear desde la oferta, no desde más gasto y regulación.

El PSOE balear planteó en 2023 una economía más orientada a la diversificación y a reducir la dependencia del turismo, con apoyo a la industria, la innovación, la economía verde y la digitalización. También defendió reforzar el tejido productivo local y las pymes.

Entre sus medidas destacó el impulso a la formación, el empleo de calidad y la mejora de la productividad mediante inversiones públicas y fondos europeos. El programa apostaba por reforzar sectores estratégicos como la agroalimentación, la energía renovable y la investigación aplicada.

En materia fiscal y social, el PSOE propuso mantener una política de equidad en los impuestos y proteger el poder adquisitivo de trabajadores y familias, combinando crecimiento con redistribución. Frente a la oferta más liberal del PP, su enfoque fue más intervencionista.

VOX defendió en Baleares una política económica de bajada de impuestos, reducción de la carga fiscal sobre familias y empresas, y recorte del gasto público no esencial. Su discurso insistió en dejar más recursos en manos de los contribuyentes para estimular actividad y consumo.

También planteó medidas para simplificar la administración y eliminar trabas burocráticas, con especial atención a autónomos, pymes y sectores productivos. En materia de empleo, vinculó la mejora económica a una mayor flexibilidad laboral y a incentivos para crear puestos de trabajo estables.

En el programa y la campaña autonómica de 2023, VOX defendió priorizar el apoyo al tejido empresarial local y revisar subvenciones y gasto político. Su enfoque económico combinó menos impuestos, menos regulación y más margen para la iniciativa privada en las islas.

Sumar situó la economía balear en clave de redistribución y servicios públicos, defendiendo una subida de salarios, el refuerzo de la negociación colectiva y medidas para contener el coste de la vivienda y la cesta básica.

También propuso diversificar el modelo productivo más allá del turismo, apoyar a pymes y autónomos, y orientar la inversión pública hacia sectores verdes y de mayor valor añadido para reducir la dependencia estacional.

En materia fiscal, planteó más progresividad y lucha contra el fraude, con el objetivo de financiar mejor sanidad, educación y políticas sociales sin cargar el peso sobre rentas medias y bajas.

Unidas Podemos defendió en Baleares una economía más redistributiva, con subida de salarios, refuerzo de la negociación colectiva y medidas para contener el coste de la vida. Su discurso económico se centró en proteger rentas bajas y medias frente a la inflación y la precariedad.

También planteó más intervención pública en sectores clave: limitar abusos en vivienda y energía, impulsar inversión social y aumentar la fiscalidad a grandes patrimonios y beneficios extraordinarios. Frente a la gestión más prudente de la derecha, UP apostó por priorizar el gasto social y los servicios públicos.

En el programa balear de 2023, Unidas Podemos ligó la economía a la transición ecológica y al cambio del modelo turístico, con más apoyo a pymes, cooperativas y empleo estable. Su propuesta buscó diversificar la economía insular sin depender tanto del turismo de masas.

Ciudadanos (Cs) centró su propuesta económica para Baleares en 2023 en bajar impuestos, simplificar trámites y apoyar a autónomos y pymes. Defendió una economía más competitiva, con menos carga burocrática y mayor seguridad para invertir y crear empleo.

También apostó por una fiscalidad moderada y por medidas para combatir la estacionalidad turística, clave en el archipiélago. Su programa insistía en reforzar el tejido productivo balear con incentivos a la actividad empresarial y menos intervención administrativa.

En línea con su perfil liberal, Cs vinculó la mejora económica a la eficiencia del gasto público y a la atracción de inversión privada. Su discurso buscó dar más oxígeno a empresas y trabajadores, con especial atención al turismo y al pequeño negocio.

El PSIB-PSOE centró su programa económico en subir salarios, reforzar la negociación colectiva y sostener el crecimiento del empleo con un modelo menos dependiente de la estacionalidad turística. También defendió consolidar la recuperación tras la inflación y la subida de tipos.

Propuso impulsar un cambio de modelo productivo con más peso de la industria, la innovación y la digitalización, además de apoyar a pymes y autónomos con financiación, simplificación administrativa y ayudas para modernizarse. La idea era ganar productividad sin perder protección social.

En paralelo, planteó reforzar la vivienda asequible, clave para retener trabajadores y contener costes de vida, y mantener una política fiscal más progresiva para financiar servicios públicos. Frente a la derecha, defendió estabilidad económica con más inversión pública y salarios más altos.

PACMA situó la economía en Baleares dentro de un marco de transición ecológica: defendió orientar la actividad económica hacia modelos menos dependientes del turismo masivo, con apoyo a sectores sostenibles y al empleo ligado al medio ambiente.

Su programa para las autonómicas de 2023 apostó por usar el gasto público para impulsar una economía más verde, con medidas de eficiencia energética, movilidad sostenible y protección del territorio, priorizando la prevención de impactos ambientales que luego generan costes.

También vinculó la política económica a la fiscalidad ambiental y al bienestar animal, defendiendo que las administraciones favorezcan iniciativas responsables y reduzcan subvenciones o incentivos a actividades que impliquen explotación animal o deterioro ecológico.