Cardoso y Lula: estabilidad y reducción de la pobreza (1995-2010)
Cardoso, del PSDB, gobernó dos mandatos (1995-2002) tras aprobar en 1997 la enmienda constitucional que permitió por primera vez la reelección del presidente, los gobernadores y los alcaldes. Las reformas constitucionales de aquellos años abrieron a la iniciativa privada, nacional o extranjera, el petróleo, las telecomunicaciones y el gas, según la Cámara, y el Gobierno privatizó grandes empresas públicas, con la oposición del PT. En 1998 el FMI acudió al rescate tras la crisis asiática, y en enero de 1999 la devaluación del real obligó a cambiar de política: de esa crisis salieron el cambio flotante, las metas de inflación y la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2000, que el PT asumió al llegar al poder.
Lula ganó en 2002, a la cuarta tentativa, frente a José Serra (PSDB), y encabezó el primer gobierno de izquierda en más de cuarenta años, según la cronología de la BBC. Sus dos mandatos (2003-2010) combinaron la ortodoxia macroeconómica heredada con la expansión de las políticas sociales, como el programa de transferencias de renta Bolsa Família, la subida real del salario mínimo y el crédito popular, en una década de precios altos de las materias primas que exportaba Brasil. El periodo coincidió con una fuerte reducción de la pobreza, que el PT atribuye a sus políticas y la oposición, en buena parte, al ciclo favorable de las exportaciones. El escándalo del mensalão, la compra de apoyos parlamentarios destapada en 2005, provocó una ola de dimisiones en el PT, pero Lula fue reelegido en 2006 y dejó el poder con una popularidad altísima. En 2010 lo sucedió su candidata, Dilma Rousseff, la primera mujer en presidir Brasil. Una ley de 2012 obligó a las universidades a reservar la mitad de sus plazas a alumnos de la escuela pública, con cuotas para negros, pardos e indígenas.
Crisis, Lava Jato e impeachment de Dilma (2011-2018)
En junio de 2013, las protestas contra la subida del transporte público se convirtieron en una oleada de manifestaciones en decenas de ciudades contra los malos servicios públicos y el gasto en el Mundial de 2014. Dilma fue reelegida en 2014 frente a Aécio Neves (PSDB) en la elección más reñida hasta entonces, mientras la economía entraba en una profunda recesión. La operación Lava Jato, instruida en Curitiba por el juez Sergio Moro, destapó una gran trama de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, llevó a la cárcel a empresarios y políticos y, en 2015, sacó a la calle a cientos de miles de personas contra la presidenta, que había presidido la empresa durante el periodo investigado.
El 2 de diciembre de 2015, el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, admitió una denuncia de los juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior y Janaína Paschoal que acusaba a Dilma de delito de responsabilidad por las llamadas pedaladas fiscales (retrasos en los pagos del Tesoro a los bancos públicos que maquillaban las cuentas) y por decretos de crédito sin autorización del Congreso. La Cámara autorizó el proceso el 17 de abril de 2016 con 367 votos, 25 más de los necesarios; el Senado la apartó del cargo el 12 de mayo y la destituyó el 31 de agosto de 2016 por 61 votos contra 20, aunque una votación separada le permitió conservar sus derechos políticos. La acusación sostuvo que las maniobras ocultaban la situación fiscal; la defensa, que no hubo aumento de gasto ni delito. Dilma calificó el proceso de golpe y acusó de conspiración a su vicepresidente, Michel Temer, y a Cunha; el debate sobre si fue un juicio político legítimo o un «golpe parlamentario» sigue dividiendo a historiadores y partidos. Temer gobernó hasta el 1 de enero de 2019 y aprobó en diciembre de 2016 un techo de gasto público para veinte años.
En abril de 2018, Lula entró en prisión en Curitiba tras ser condenado por corrupción en el caso del apartamento tríplex, lo que lo dejó fuera de las elecciones de ese año. Salió en noviembre de 2019, y en marzo de 2021 el juez del Supremo Edson Fachin anuló sus condenas por incompetencia del tribunal de Curitiba, y la Segunda Sala del STF declaró después la parcialidad de Moro. Para sus defensores, la Lava Jato fue la mayor operación anticorrupción de la historia del país; para sus críticos, entre ellos el propio Supremo en esas decisiones, cometió abusos que favorecieron un resultado político.
Bolsonaro, el 8 de enero y la condena por la trama golpista (2019-2025)
En 2018 ganó la Presidencia Jair Bolsonaro, capitán retirado y diputado durante casi tres décadas, defensor de la dictadura de 1964, con un discurso de mano dura en seguridad, conservadurismo moral y anticomunismo, el apoyo de buena parte del electorado evangélico y una campaña hecha en las redes sociales y marcada por la puñalada que sufrió en un mitin en Juiz de Fora. Derrotó en la segunda vuelta a Fernando Haddad, el candidato del PT. Gobernó entre 2019 y 2022 con una agenda liberal en economía, de la mano de su ministro Paulo Guedes, en alianza cambiante con el Centrão y en choque constante con el Supremo Tribunal Federal y la prensa. Su gestión de la pandemia de covid-19, en la que minimizó el riesgo y se opuso a las restricciones, fue investigada por una comisión del Senado.
Lula, recuperada su elegibilidad, volvió a presentarse en 2022 y ganó la segunda vuelta del 30 de octubre por menos de dos puntos, la diferencia más estrecha desde la redemocratización (elecciones de 2022). Bolsonaro no reconoció explícitamente la derrota y viajó a Florida antes de la toma de posesión. El 8 de enero de 2023, una semana después de que Lula asumiera, miles de sus seguidores invadieron y destrozaron el Congreso, el Supremo y el Palacio del Planalto en Brasilia. El 30 de junio de 2023, el Tribunal Superior Electoral lo declaró inelegible durante ocho años por haber atacado sin pruebas el voto electrónico ante embajadores extranjeros.
La investigación de la Policía Federal y la Fiscalía General, dirigida en el Supremo por el juez Alexandre de Moraes, concluyó que Bolsonaro había encabezado un plan para impedir la toma de posesión de Lula, con un borrador de decreto de excepción y planes contra autoridades. El 11 de septiembre de 2025, la Primera Sala del STF lo condenó por cuatro votos contra uno a 27 años y 3 meses de prisión por cinco delitos, entre ellos golpe de Estado e intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho. Fue el primer expresidente brasileño condenado por intentar un golpe de Estado. Su defensa sostiene que es inocente y que lo juzgó un tribunal parcial, y sus seguidores lo consideran un preso político. Empezó a cumplir la pena en noviembre de 2025 y desde marzo de 2026 la cumple en prisión domiciliaria por razones humanitarias.