El golpe de 1964 y la dictadura militar (1964-1985)
Goulart gobernó en un clima de polarización creciente, con inflación alta, huelgas, ligas campesinas que reclamaban la reforma agraria y un programa de «reformas de base» que la derecha, buena parte del empresariado y de la Iglesia y las clases medias veían como un camino hacia el comunismo. En marzo de 1964, tras un gran mitin del presidente en Río a favor de las reformas, una multitud calculada en medio millón de personas desfiló en São Paulo en la Marcha de la Familia con Dios por la Libertad. El 31 de marzo de 1964 se pusieron en marcha las tropas sublevadas; Goulart no resistió y partió al exilio. El 9 de abril se dictó el Acto Institucional n.º 1, que según el Senado anuló los mandatos de 40 parlamentarios y suspendió los derechos políticos de cien personas. El general Humberto Castelo Branco fue elegido presidente por el Congreso. Ya no hubo elecciones presidenciales directas hasta 1989.
Golpe, «revolución» y el papel de Estados Unidos
La naturaleza del movimiento fue objeto de disputa desde el primer día. Los cinco generales que gobernaron hasta 1985 lo llamaron siempre «Revolución de 1964», mientras sus opositores y la mayoría de la historiografía hablan de golpe de Estado. El verbete del Atlas de la FGV sostiene que ambas etiquetas simplifican, y define el régimen como «autoritario, centralizador y burocratizante», pero de consecuencias económicas modernizadoras, obtenidas a costa de una fuerte compresión salarial y de la concentración de la renta. El mismo texto documenta la financiación de opositores a Goulart por institutos empresariales como el IPES y el IBAD, los contactos del agregado militar estadounidense, el coronel Vernon Walters, con los conspiradores, la diplomacia paralela del embajador Lincoln Gordon y la operación naval Brother Sam, preparada por Washington para apoyar a los golpistas si hacía falta. El Atlas concluye que Estados Unidos trató de influir, y lo consiguió, en lo que ocurría en Brasil, aunque el alcance completo de esa intervención dependía de documentos de Washington que tardaron décadas en desclasificarse; el peso de ese apoyo frente a la dinámica interna sigue en discusión.
Actos institucionales, AI-5 y «milagro económico»
La dictadura gobernó mediante actos institucionales por encima de la Constitución, pero mantuvo un Congreso funcionando casi siempre y elecciones parlamentarias controladas. El AI-2, del 27 de octubre de 1965, disolvió los partidos y estableció la elección indirecta del presidente; nació así un bipartidismo tutelado entre el partido oficialista, la Arena, y una oposición consentida, el MDB. La Constitución de 1967, promulgada el 24 de enero, institucionalizó el régimen. El 13 de diciembre de 1968, el gobierno del general Artur da Costa e Silva dictó el AI-5: cerró el Congreso, suspendió las inmunidades parlamentarias y el habeas corpus para los acusados de delitos contra la seguridad nacional y abrió los años más duros de la represión, con la censura de prensa y la persecución de las organizaciones de la guerrilla urbana y rural, como la del Araguaia. La Enmienda Constitucional n.º 1, del 17 de octubre de 1969, fue en la práctica una nueva constitución.
Aquellos años de plomo coincidieron con el milagro económico. Según el Atlas de la FGV, el PIB creció a una media de cerca del 10,2 % anual entre 1967 y 1973, y de casi el 12,5 % entre 1971 y 1973, con la industria de transformación creciendo al 13,3 % entre 1968 y 1973. El crecimiento se apoyó en el crédito y en la deuda externa, y la mejora no llegó a todos: el debate sobre la concentración de la renta en aquellos años, que el propio Atlas recoge, enfrentó a los economistas del régimen con los de la oposición. El primer choque del petróleo de 1973 dejó la inflación y la deuda externa como los grandes problemas que heredarían los gobiernos siguientes.
La represión según la Comisión Nacional de la Verdad
Brasil tardó casi treinta años en investigar oficialmente los crímenes de la dictadura. La Comisión Nacional de la Verdad (CNV), creada por la Ley 12.528 de 2011 e instalada en 2012, entregó su informe final a la presidenta Dilma Rousseff el 10 de diciembre de 2014. Confirmó 434 muertos y desaparecidos políticos, de los que 210 siguen desaparecidos, y atribuyó responsabilidades a más de trescientas personas, entre militares, agentes del Estado y expresidentes de la República. Concluyó que las detenciones ilegales, la tortura, las ejecuciones y las desapariciones fueron una «política de Estado» decidida en la Presidencia y los ministerios militares, y recomendó no aplicar la Ley de Amnistía de 1979 a esos crímenes, por considerarlos de lesa humanidad. Su cuaderno temático sobre los pueblos indígenas contabilizó, además, al menos 8.350 indígenas muertos por acción directa o por omisión de agentes del Estado, sobre todo en la apertura de carreteras y frentes de colonización en la Amazonia, una cifra que no entra en la lista oficial de 434 y que organizaciones indígenas consideran incompleta, según un reportaje de Agência Pública de 2025.
Las cifras de muertos son bajas si se comparan con las de Argentina o Chile, y algunos defensores del régimen lo usan para relativizarlo; la CNV y la mayoría de los historiadores responden que la represión brasileña se apoyó más en la tortura sistemática, el exilio y la anulación de derechos políticos que en las ejecuciones masivas. La Ley de Amnistía sigue en vigor, y la recomendación de la CNV de juzgar a los torturadores no se ha cumplido.