Alexandre de Moraes

Alexandre de Moraes es un jurista brasileño sin adscripción partidista —abandonó el PSDB al ser nominado al Supremo— y ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2017. Nacido en São Paulo en 1968, catedrático de Derecho Constitucional y exministro de Justicia y Seguridad Pública, es hoy la figura judicial más discutida de Brasil: fue el relator de las causas que llevaron a la condena del expresidente Jair Bolsonaro por la trama golpista, y también el magistrado sancionado por Estados Unidos en 2025 y retirado de esa lista de sanciones meses después. Sobre su actuación conviven dos relatos irreconciliables, y ninguno de los dos es marginal en el debate brasileño.

Trayectoria política

Alexandre de Moraes nació el 13 de diciembre de 1968. Se licenció en Derecho en la Facultad del Largo de São Francisco de la Universidad de São Paulo (USP) en 1990, se doctoró en 2000 y obtuvo la libre docencia en Derecho Constitucional en 2001. Ha impartido clases en esa misma facultad y en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, y es autor de manuales de Derecho Constitucional muy utilizados en la enseñanza jurídica brasileña.

Su carrera pública empezó en el Ministerio Público del estado de São Paulo, donde fue fiscal entre 1991 y 2002. Después fue secretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía de São Paulo, presidió la Fundación CASA (la antigua Febem, encargada de los menores infractores) y ocupó la Secretaría de Transportes del Ayuntamiento de São Paulo entre 2007 y 2010, durante la alcaldía de Gilberto Kassab.

Entre enero de 2015 y mayo de 2016 fue secretario de Seguridad Pública del estado de São Paulo con el gobernador Geraldo Alckmin, del PSDB, partido en el que militaba entonces. Ese mismo año dio el salto al gabinete federal: fue ministro de Justicia y Seguridad Pública (2016-2017) en el gobierno de Michel Temer.

En febrero de 2017, Temer lo nominó al Supremo Tribunal Federal para ocupar la vacante dejada por la muerte del ministro Teori Zavascki. La designación fue recibida con resistencia en sectores de la izquierda, especialmente en el PT, que objetaba su pasado partidista en el PSDB y su condición de ministro del gobierno que había sustituido a Dilma Rousseff. El Senado aprobó su nombre y tomó posesión en marzo de ese año.

Como miembro del STF pasó a integrar también el Tribunal Superior Electoral (TSE), del que fue presidente entre agosto de 2022 y junio de 2024, cubriendo las elecciones generales de 2022. Entregó la presidencia a la ministra Cármen Lúcia.

Relación con el pueblo

Moraes no es un político electo y nunca ha sometido su nombre a votación: su relación con la opinión pública es indirecta y se construye a través de decisiones judiciales de altísima visibilidad y de la cobertura que reciben.

Esa exposición lo ha convertido en un personaje con niveles de reconocimiento propios de un candidato presidencial y con una polarización equivalente. Para una parte del electorado —predominantemente de izquierda y de centro— encarna al magistrado que sostuvo el sistema electoral y las instituciones democráticas frente a un intento de ruptura. Para otra parte —el bolsonarismo y sectores del liberalismo conservador— representa a un juez que se extralimitó, concentró poderes y silenció a opositores.

Su estilo público es el del jurista de tribunal antes que el del comunicador: argumentación técnica y tono severo. No cultiva redes sociales ni concede entrevistas con frecuencia, y su discurso llega casi siempre a través de votos y sesiones televisadas del pleno. Esa distancia deliberada es leída por unos como sobriedad institucional y por otros como opacidad.

Posiciones y controversias

El eje de su actuación en la última década ha sido la respuesta institucional a la desinformación y a los ataques contra el sistema electoral. Como presidente del TSE impulsó resoluciones que ampliaron la capacidad del tribunal para ordenar la retirada de contenidos falsos, reforzaron la responsabilidad de las grandes plataformas y regularon por primera vez el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral. En el STF condujo además el llamado inquérito das fake news, que mantuvo abierto pese a las peticiones de archivo.

Fue asimismo el relator de la acción penal por la trama golpista relacionada con los hechos posteriores a las elecciones de 2022. Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por liderar un intento de golpe de Estado y cumple la pena en dependencias de la Policía Federal en Brasilia; quedó además inelegible, y por eso no compite en las elecciones de 2026. A lo largo de 2026, Moraes ordenó la ejecución de las penas de los distintos núcleos de condenados —el proceso de ejecución del último núcleo concluyó en abril— y rechazó recursos posteriores de la defensa del expresidente.

Las críticas a su actuación son de dos tipos. La primera es de método: se le reprocha acumular las funciones de instructor y juzgador en causas que él mismo abrió, algo discutido en Brasil bajo la etiqueta del "juez natural". La segunda es de libertad de expresión: órdenes de bloqueo de cuentas y de retirada de contenidos que sus detractores consideran censura previa. Estas objeciones no vienen únicamente del bolsonarismo; también las han formulado juristas liberales y asociaciones profesionales.

El punto más agudo de esa disputa se internacionalizó en julio de 2025, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la lista de sanciones de la Ley Magnitsky Global, alegando detenciones arbitrarias y violaciones de la libertad de expresión mediante órdenes secretas dirigidas a plataformas estadounidenses. En septiembre de 2025 la medida se extendió a su esposa, Viviane Barci de Moraes, y a una sociedad vinculada. En diciembre de 2025, sin embargo, Estados Unidos retiró a Moraes y a su esposa de esa lista.

La defensa de Moraes, sostenida por el propio STF, por el gobierno brasileño y por buena parte de la comunidad jurídica del país, es que las medidas se adoptaron dentro de un proceso penal constitucionalmente autorizado y ante una amenaza real de ruptura institucional. Asociaciones de abogados internacionales alertaron además de que las sanciones, acompañadas de revocación de visados y de amenazas comerciales contra Brasil, constituían una presión política sobre un poder judicial soberano. La discusión sigue abierta, y este perfil no la resuelve.

Preguntas frecuentes

¿Quién es Alexandre de Moraes y qué cargo ocupa? Es ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil desde 2017, nominado por Michel Temer. Fue presidente del Tribunal Superior Electoral entre 2022 y 2024 y antes ministro de Justicia y Seguridad Pública (2016-2017) y secretario de Seguridad Pública del estado de São Paulo.

¿Por qué aparece en un directorio de políticos y no de personajes públicos? Porque, además de su carrera judicial, ejerció cargos políticos ejecutivos: fue ministro de Justicia del gobierno federal, secretario estatal y secretario municipal, y estuvo afiliado al PSDB hasta su nominación al Supremo.

¿Por qué es una figura tan polémica en Brasil? Porque fue el relator de las causas que condujeron a la condena de Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses por la trama golpista. Sus críticos lo acusan de extralimitación y de restringir la libertad de expresión; sus defensores sostienen que actuó dentro de un proceso legal para proteger las instituciones democráticas. Estados Unidos lo sancionó bajo la Ley Magnitsky en julio de 2025 y lo retiró de esa lista en diciembre del mismo año.