Qué es
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) es la norma mexicana que desarrolla el derecho de acceso a la información del artículo 6 de la Constitución: fija qué información deben publicar de oficio las autoridades, cómo se presenta una solicitud, en qué plazos se responde y ante quién se recurre una negativa. Se aplica a cualquier persona o ente que reciba o ejerza recursos públicos en los tres órdenes de gobierno: poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y sindicatos.
Hay dos leyes con ese nombre. La primera se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de mayo de 2015, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, como ley reglamentaria de la reforma constitucional de 2014 que convirtió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en órgano constitucional autónomo. La segunda, publicada el 20 de marzo de 2025 bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum con la mayoría de Morena, PT y PVEM, abrogó la de 2015 tras la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024 que extinguió el INAI. Desde el 21 de marzo de 2025 la autoridad garante federal es Transparencia para el Pueblo, un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Importa porque es la ley que permite conocer contratos, sueldos y decisiones del poder público, y porque su sustitución en 2025 es una pieza central del debate sobre la desaparición de los órganos autónomos.
Qué dice
La ley de 2025 tiene 216 artículos en nueve títulos. Sus piezas clave:
- Principios. Toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública y solo puede reservarse de manera temporal y motivada.
- Autoridad garante federal. El artículo 3, fracción III, define a Transparencia para el Pueblo como órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; su titular lo nombra el Ejecutivo federal (artículo 38). Preside el Sistema Nacional de Transparencia y resuelve los recursos de inconformidad contra las autoridades garantes de los estados (artículo 37).
- Sistema y Plataforma Nacional. El Sistema Nacional de Transparencia coordina a la Federación y a los estados (artículos 23 y 24), cada uno con su subsistema (artículo 31). La Plataforma Nacional de Transparencia, donde se presentan las solicitudes, la administra la Secretaría Anticorrupción (artículo 44).
- Obligaciones de transparencia. El artículo 65 enumera las comunes a todos los sujetos obligados (estructura, sueldos, contratos, presupuesto, viáticos) y los artículos 67 a 82 añaden las específicas de cada poder, de los partidos, los sindicatos y el sector energético.
- Solicitudes y recursos. La solicitud puede presentarse por cualquier medio (artículo 124) y debe responderse en un máximo de 20 días hábiles, prorrogables 10 (artículo 134). Contra la respuesta cabe recurso de revisión, resuelto en 40 días prorrogables 20 (artículos 144 a 148). Las resoluciones son «vinculatorias, definitivas e inatacables» para los sujetos obligados (artículo 160); los particulares sí pueden impugnarlas (artículo 161).
Marco legal
La LGTAIP es una ley general: distribuye competencias entre la Federación y las entidades federativas, que deben ajustar sus leyes locales a ella. Desarrolla el apartado A del artículo 6 constitucional y se complementa con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, expedidas en el mismo decreto del 20 de marzo de 2025, que también reformó el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para dar esas funciones a la Secretaría Anticorrupción.
La base es la reforma constitucional de «simplificación orgánica» del 20 de diciembre de 2024, que modificó 14 artículos de la Constitución y ordenó extinguir el INAI, la Cofece, el IFT, la CRE y la CNH, con 90 días para adecuar las leyes.
Reformas
| Fecha (DOF) | Qué cambió | Presidente / mayoría |
|---|---|---|
| 4 de mayo de 2015 | Se expide la primera LGTAIP, reglamentaria de la reforma constitucional de 2014, con el INAI al frente del Sistema Nacional de Transparencia. | Enrique Peña Nieto (PRI) |
| 9 de mayo de 2016 | Se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para los sujetos obligados federales. | Enrique Peña Nieto (PRI) |
| 20 de diciembre de 2024 | Reforma constitucional que extingue el INAI y otros órganos autónomos y traslada sus funciones al Ejecutivo. | Claudia Sheinbaum (Morena, PT y PVEM) |
| 20 de marzo de 2025 | Nueva LGTAIP: abroga las leyes general y federal anteriores, crea Transparencia para el Pueblo dentro de la Secretaría Anticorrupción y le transfiere la Plataforma Nacional. En vigor el 21 de marzo de 2025; sin reformas posteriores. | Claudia Sheinbaum (Morena, PT y PVEM) |
Aplicación práctica
El INAI dejó de operar el 21 de marzo de 2025. En su último año completo había recibido, entre enero y noviembre de 2023, 19,608 recursos de revisión (16,866 de acceso a la información y 2,742 de datos personales); el IMSS y la SEP eran las dependencias más recurridas, según cifras del instituto difundidas por El Imparcial. El Reglamento Interior de Transparencia para el Pueblo se publicó en el DOF el 21 de marzo de 2025, el órgano empezó a operar el 12 de mayo y María Tanivet Ramos, excomisionada del organismo garante de Oaxaca, fue nombrada titular el 9 de mayo.
El primer balance externo lo hizo Artículo 19 en agosto de 2025: de 2,253 recursos recibidos, el órgano había resuelto 457 y desechado el 99.6 % de ellos por causas formales. En su informe «Estructuras del silencio», de mayo de 2026, la misma organización contó 4,512 recursos recibidos hasta el 28 de octubre de 2025, 3,540 admitidos y 753 desechados, y documentó que al menos 23 estados copiaron el modelo federal y 13 ampliaron las causales de reserva. Fundar, en un análisis de marzo de 2026, describió la pérdida de autonomía y especialización del nuevo esquema, aunque reconoció algunos cambios positivos en la ley.
Críticas y debates
El Gobierno defendió la reforma como ahorro y promesa de mayor apertura. Andrés Manuel López Obrador sostuvo en 2023 que el INAI costaba «mil millones de pesos por año» y Claudia Sheinbaum afirmó en noviembre de 2024 que «va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción».
En contra se alinearon el último presidente del INAI, Adrián Alcalá («no imaginamos que así iba a terminar»), la excomisionada María Marván, que calificó al instituto de «indispensable», y organizaciones como Artículo 19 y Fundar, cuyo argumento central es que la autoridad que decide si el Gobierno debe entregar información depende ahora del propio Gobierno. Fundar recuerda que la ley de 2015 fue considerada una de las mejores del mundo, y Artículo 19 habla de concentración administrativa en el Poder Ejecutivo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la Ley General de Transparencia? Es la ley que desarrolla el derecho de acceso a la información pública del artículo 6 constitucional: obligaciones de publicación, solicitudes, plazos y recursos.
¿Quién sustituyó al INAI? Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, autoridad garante federal desde el 21 de marzo de 2025.
¿Cuánto tarda una solicitud de información? Hasta 20 días hábiles, prorrogables otros 10; el recurso de revisión contra la respuesta se resuelve en 40 días, prorrogables 20.
¿Cuándo se publicó la nueva ley? En el DOF del 20 de marzo de 2025, en vigor al día siguiente; abrogó la ley general de 2015 y la ley federal de 2016.
¿Puede un particular impugnar una resolución de Transparencia para el Pueblo? Sí: las resoluciones son definitivas para los sujetos obligados, pero los particulares conservan la vía judicial (artículo 161).