Antonio Narváez Rodríguez (Badajoz, 1958) es un fiscal de carrera y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde septiembre de 2025, tras casi nueve años como magistrado del Tribunal Constitucional (2014-2023). En el otoño de 2026 es el ponente de los autos que mantienen suspendido el voto desde el extranjero de unas 163.000 personas nacionalizadas por la «ley de nietos» de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, y del requerimiento que dio cinco días a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares para entregar sus nombres. Su encuentro con Alberto Núñez Feijóo en 2023, cuando todavía era fiscal, ha sido recordado por parte de la prensa para cuestionar su imparcialidad.
Trayectoria profesional
Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, ingresó en 1982 en la Escuela Judicial con el número uno de su promoción y optó por la carrera fiscal. Fue abogado-fiscal y después fiscal en la Audiencia Provincial de Córdoba, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Teruel (1987-1997) y fiscal ante el Tribunal Constitucional (1997-2007). En mayo de 2007 ascendió a fiscal de Sala y asumió la jefatura de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Supremo; en junio de 2013 fue nombrado teniente fiscal del Tribunal Supremo, el segundo puesto de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del entonces fiscal general Eduardo Torres-Dulce.
En julio de 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy lo propuso como magistrado del Tribunal Constitucional para cubrir la vacante dejada por la renuncia de Enrique López. Cesó el 9 de enero de 2023, en la renovación que dio entrada a Juan Carlos Campo y Laura Díez, y se reincorporó a la Fiscalía del Supremo. El 23 de julio de 2025 el Pleno del Consejo General del Poder Judicial lo eligió magistrado de la Sala Tercera por el turno de juristas de reconocida competencia, en la plaza vacante por el fallecimiento de Ángel Aguallo. Tomó posesión el 16 de septiembre de 2025 ante la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, y quedó adscrito a la Sección Cuarta.
Cargos institucionales y causas relevantes
En el Constitucional fue ponente de la sentencia 183/2021, de 27 de octubre, que estimó en parte el recurso de Vox contra el segundo estado de alarma de la pandemia y declaró inconstitucional la delegación de competencias en las comunidades autónomas, por seis votos frente a cuatro. En 2021 el Pleno aceptó su abstención en los recursos de amparo de los condenados del procés, por su actuación anterior como fiscal.
En abril de 2023, siendo fiscal de Sala, asistió a una cena de miembros de la Asociación de Fiscales con Feijóo en el hotel Claridge de Madrid. Según El País, fue uno de los fiscales veteranos que tomaron la palabra para expresar su deseo de ver al líder del PP en La Moncloa. Félix Bolaños calificó entonces aquel encuentro de «gravísimo»; Alberto Núñez Feijóo lo defendió como «absolutamente correcta e institucional». elDiario.es ha rescatado el episodio en 2026 para describir al ponente como «afín a Feijóo» y a su sección como de mayoría conservadora; el propio tribunal subraya que las decisiones son colegiadas.
La causa que lo ha situado en primer plano es la suspensión del voto de los nacionalizados por la «ley de nietos». Vox e Iustitia Europa recurrieron la instrucción de octubre de 2022 que presumía la condición de exiliado de cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955. El 10 de septiembre de 2026 la Sección Cuarta suspendió cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones en el censo de residentes ausentes de quienes se nacionalizaron por esa vía, salvo que el consulado certifique el exilio del ascendiente. Tras la convocatoria del 29-N, la Abogacía del Estado y la Fiscalía pidieron levantar la medida; el 12 de octubre la Sala la mantuvo por cinco votos frente a uno, el voto particular de la magistrada Alicia Millán. El PSOE habló de «atropello» y acusó a PP y Vox de querer castigar a los descendientes de exiliados; Feijóo replicó que «en unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo».
El 23 de octubre, en respuesta a una consulta de la Junta Electoral Central, el auto del que fue ponente calificó de «incomprensible» que la Administración conociera la cifra de afectados, 163.020, pero no sus identidades, y dio a Bolaños y Albares hasta las 15:00 del 28 de octubre para remitir la lista nominal, bajo apercibimiento de multas coercitivas de 1.000 euros y de deducir testimonio por posible responsabilidad penal. El Gobierno alegó que la revisión consular es manual: a 21 de octubre se habían examinado 31.390 expedientes y expedido 91 certificados. El 28 de octubre el Ejecutivo entregó dentro de plazo una relación de 163.355 nombres y la Abogacía del Estado pidió que se declarara reservada. El Gobierno estudia recurrir al Constitucional, que ya consideró «prematuro» el amparo del Defensor del Pueblo.
Preguntas frecuentes
¿Quién es Antonio Narváez? Un fiscal de carrera, exmagistrado del Tribunal Constitucional (2014-2023) y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desde 2025.
¿Qué papel tiene en la «ley de nietos»? Es el ponente de los autos que suspenden el voto de los nacionalizados por esa vía y del requerimiento a Bolaños y Albares.
¿Quién lo nombró para el Tribunal Constitucional? El Gobierno de Mariano Rajoy lo propuso en julio de 2014 y cesó en enero de 2023 por renovación.
¿Por qué se cuestiona su imparcialidad? Parte de la prensa recuerda que en 2023 expresó ante Feijóo su deseo de un Gobierno del PP; el tribunal subraya que decide de forma colegiada.