Ley del «solo sí es sí»: rebajas de condena y reforma (2022-2023)

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del «solo sí es sí», entró en vigor el 7 de octubre de 2022. Impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, situó el consentimiento en el centro de los delitos sexuales y fundió el abuso y la agresión sexual en un único delito. Al reordenar las penas rebajó varios mínimos, y los tribunales, obligados a aplicar la ley más favorable al reo, revisaron a la baja cientos de condenas: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contabilizó al menos 1.233 rebajas y 126 excarcelaciones hasta el 1 de noviembre de 2023. El asunto enfrentó en público a los dos socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y terminó con una reforma aprobada en abril de 2023 con los votos del PP.

Contexto previo

El antecedente político de la ley es el caso de La Manada, la violación de una joven por cinco hombres en los Sanfermines de Pamplona de 2016. En abril de 2018 la Audiencia Provincial de Navarra los condenó a nueve años de prisión por abuso sexual continuado, no por agresión, y la sentencia, confirmada después por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, motivó protestas en toda España. El 21 de junio de 2019 el Tribunal Supremo calificó los hechos como violación y elevó la pena a 15 años. La norma se conoció después por el lema «solo sí es sí», que resume su idea central: el consentimiento.

El Ministerio de Igualdad llevó el anteproyecto al Consejo de Ministros en marzo de 2020 y el Gobierno remitió el proyecto a las Cortes el 6 de julio de 2021. En su informe preceptivo del 25 de febrero de 2021, el CGPJ advirtió de que «la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión» de las condenas que hubieran impuesto la pena máxima. Según Maldita, ni ese informe, que analizaba un borrador anterior, ni los de la Fiscalía o el Consejo de Estado alertaron de revisiones por la rebaja de los mínimos.

El Congreso aprobó la ley definitivamente el 25 de agosto de 2022 por 205 votos a favor, 141 en contra y 3 abstenciones, con el voto en contra de PP y Vox y la abstención de la CUP, después de que el Senado la devolviera con una enmienda de Junts al preámbulo. Se publicó en el BOE el 7 de septiembre y entró en vigor a los treinta días.

Qué cambió en el Código Penal

El nuevo artículo 178 castiga a quien atente contra la libertad sexual de otra persona «sin su consentimiento» y precisa: «Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».

Los cambios principales fueron estos:

• Fin del abuso sexual: el antiguo abuso, sin violencia ni intimidación y castigado con uno a tres años de prisión o multa, y la agresión sexual pasaron a ser un solo delito de agresión sexual, con prisión de uno a cuatro años.
• Violación: la horquilla pasó de 6 a 12 años a 4 a 12 años.
• Agravantes: la agresión agravada pasó de 5 a 10 años a 2 a 8, y la violación agravada, de 12 a 15 años a 7 a 15. Se añadieron agravantes nuevos, como la sumisión química.

La ley no incluyó una disposición transitoria que limitara la revisión de condenas firmes. El artículo 2.2 del Código Penal obliga a aplicar con efecto retroactivo las leyes penales que favorezcan al reo, «aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme».

Las rebajas de condena

El 2 de noviembre de 2022, en una comisión del Congreso, Montero calificó de «propaganda machista» la posibilidad de que la ley llevara a reducir penas. A mediados de ese mes se conocieron las primeras rebajas y excarcelaciones. El 16 de noviembre la ministra sostuvo que el machismo «puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa». El CGPJ y las asociaciones judiciales rechazaron esas acusaciones.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, firmó el 21 de noviembre de 2022 un decreto que pedía a los fiscales oponerse a revisar las condenas cuya pena también pudiera imponerse con la nueva ley, criterio que reforzó la Circular 1/2023, de 29 de marzo. El Supremo lo rechazó: en un pleno celebrado los días 6 y 7 de junio de 2023, la Sala Segunda resolvió 29 recursos de casación, siete de ellos de la Fiscalía, confirmó los criterios de las audiencias provinciales y descartó aplicar la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995.

El CGPJ publicó balances periódicos, siempre como cifras mínimas y sin incluir los juzgados de lo penal, que juzgan los delitos castigados con hasta cinco años:

• 2 de marzo de 2023 (datos al 1 de marzo): 721 rebajas y 74 excarcelaciones.
• 14 de abril de 2023 (datos al 31 de marzo): 978 rebajas y 104 excarcelaciones.
• 11 de mayo de 2023 (datos al 1 de mayo): 1.079 rebajas y 108 excarcelaciones.
• 18 de septiembre de 2023 (datos al 1 de septiembre): 1.205 rebajas y 121 excarcelaciones.
• 24 de noviembre de 2023 (datos al 1 de noviembre): 1.233 rebajas y 126 excarcelaciones.

Reacciones y posición de los partidos

Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad defendieron el texto y atribuyeron las rebajas a su aplicación. Se declararon dispuestos a subir penas, pero no a tocar el modelo del consentimiento ni a volver a distinguir los delitos por la existencia de violencia o intimidación.

El PP, que había votado en contra de la ley, ofreció sus votos para reformarla. Lo hizo su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, el 28 de enero de 2023, y dos días después su presidente, Alberto Núñez Feijóo, se dirigió a Sánchez: «Le garantizo el apoyo de forma inmediata».

El PSOE registró en solitario su proposición de reforma el 6 de febrero de 2023, tras semanas de negociación sin acuerdo con su socio. El Ministerio de Igualdad calificó la decisión de «inexplicable» y sostuvo que era «la misma propuesta que el PP» y suponía «volver al esquema de la violencia o la intimidación». Gamarra la consideró «prácticamente idéntica» a la de su partido.

El 7 de marzo de 2023 el Congreso aceptó tramitarla por 231 votos a favor, 56 en contra y 58 abstenciones. Votaron a favor PSOE, PP, Ciudadanos y PNV, entre otros; en contra, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, el BNG y la CUP, y se abstuvieron Vox, Junts, Más País y Compromís. En una entrevista publicada el 16 de abril por El Correo, el presidente Pedro Sánchez dijo: «Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados».

El 20 de abril el Congreso aprobó la reforma por 233 votos a favor, 59 en contra y 4 abstenciones. La apoyaron PSOE, PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, UPN y PDeCAT; votaron en contra Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, incluidos los ministros Yolanda Díaz y Alberto Garzón; Junts se abstuvo y Vox no participó. Montero la calificó de «retroceso». El Senado la ratificó el 26 de abril por 231 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, sin la participación de Vox, que abandonó el hemiciclo.

Consecuencias

La reforma se publicó como Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, y entró en vigor el 29 de abril de 2023. Mantiene, según su preámbulo, «la íntegra definición del consentimiento», pero añade tipos agravados para las agresiones cometidas con violencia, intimidación o sobre una víctima con la voluntad anulada: de uno a cinco años de prisión para la agresión sexual y de seis a doce para la violación, con agravantes que llegan a 15 años.

La reforma no podía corregir lo ya ocurrido. Para cualquier delito cometido antes de su entrada en vigor se aplica la ley más favorable que haya estado vigente desde entonces, por lo que las revisiones continuaron: el recuento del CGPJ pasó de 1.079 rebajas en mayo a 1.233 en noviembre de 2023.

En lo político, los dos socios del Gobierno votaron en sentido contrario y la reforma, que como ley orgánica necesitaba 176 votos en el Congreso, solo salió adelante con los del PP. Montero dejó el Ministerio de Igualdad en noviembre de 2023, al formarse el nuevo Gobierno de Sánchez tras las generales del 23 de julio.

Preguntas frecuentes

¿Por qué la ley del solo sí es sí rebajó condenas? Bajó los mínimos de varias penas y el Código Penal obliga a aplicar la ley más favorable al reo, incluso a condenas firmes.

¿Cuántas rebajas de condena hubo? El balance del CGPJ de noviembre de 2023, con datos al día 1, recoge al menos 1.233 rebajas y 126 excarcelaciones.

¿Qué cambió la reforma de abril de 2023? Volvió a castigar más las agresiones con violencia o intimidación, con seis a doce años para la violación, sin tocar la definición de consentimiento.

¿Quién votó la reforma en el Congreso? PSOE y PP, con Ciudadanos y PNV, entre otros; Unidas Podemos, ERC y EH Bildu votaron en contra, y Vox no participó.

¿La reforma frenó las rebajas ya concedidas? No. Solo se aplica a hechos posteriores al 29 de abril de 2023; los anteriores se juzgan con la ley más favorable.