Ilegalización de Batasuna: Ley de Partidos y sentencia del Supremo (2003)

El 27 de marzo de 2003 la Sala Especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conocida como Sala del 61, declaró por unanimidad la ilegalidad de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, ordenó su disolución y la liquidación de su patrimonio. Fue la primera aplicación de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, aprobada nueve meses antes con los votos de PP y PSOE. Para el tribunal, las tres siglas mantenían «una identidad real» con ETA y formaban parte de su estrategia. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalaron la decisión, que abrió una década de listas anuladas hasta la legalización de Sortu en 2012.

Contexto previo

Herri Batasuna nació como coalición electoral y se presentó a las elecciones generales del 1 de marzo de 1979; se inscribió como partido en 1986. En 1998 se creó Euskal Herritarrok para concurrir a las elecciones vascas de octubre de ese año, y en mayo de 2001 Batasuna pidió su inscripción en el registro de partidos. Batasuna tenía representantes en el Parlamento Vasco y gobernaba ayuntamientos.

El 8 de diciembre de 2000 el PP, entonces en el Gobierno con José María Aznar, y el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero firmaron el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo; lo suscribieron Zapatero y el secretario general del PP, Javier Arenas. En 2002 el Gobierno, de acuerdo con el PSOE, impulsó una nueva ley de partidos que derogaba la Ley 54/1978. El texto permitía declarar ilegal a un partido no por sus ideas, sino por actuar «de forma reiterada y grave» contra el régimen democrático, como dar apoyo político a organizaciones terroristas, y atribuía el procedimiento a la Sala del 61 a instancia del Gobierno o de la Fiscalía, por iniciativa propia o a petición del Congreso o del Senado.

El Pleno del Congreso aprobó la ley el 4 de junio de 2002. En la votación final de conjunto, exigida por su carácter orgánico, obtuvo 304 votos a favor y 16 en contra, según el Diario de Sesiones. La apoyaron PP, PSOE, CiU, Coalición Canaria y el Partido Andalucista; se opusieron el PNV, Eusko Alkartasuna, Izquierda Unida y el BNG, y en el debate también la criticaron ERC e Iniciativa per Catalunya. CiU respaldó la ley pero votó en contra del párrafo que permite a las Cámaras instar la ilegalización, aprobado por 288 votos frente a 31. El Senado la aprobó sin cambios el 25 de junio, se publicó en el BOE el 28 de junio y entró en vigor al día siguiente.

Qué ocurrió

El 26 de agosto de 2002 coincidieron dos decisiones. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, suspendió durante tres años las actividades de Batasuna y ordenó el cierre de sus sedes, en una causa penal por asociación ilícita; la medida se extendió a Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. Ese mismo día, en un pleno extraordinario, el Congreso aprobó por 295 votos a favor, 10 en contra y 29 abstenciones una propuesta de PP y PSOE que instaba al Gobierno a pedir la ilegalización de las tres formaciones.

El Consejo de Ministros lo acordó el 30 de agosto y el 2 de septiembre la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, y la Fiscalía presentaron sus demandas ante el Supremo. La Sala del 61, formada por dieciséis magistrados y presidida por Francisco José Hernando, presidente del Tribunal Supremo y ponente de la sentencia, anunció el 17 de marzo de 2003 una decisión unánime. La sentencia, fechada el 27 de marzo, estimó íntegramente las demandas:

• declaró ilegales a Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna;
• acordó su disolución y la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos;
• les obligó a cesar de inmediato en todas sus actividades;
• abrió la liquidación de su patrimonio, destinado por la ley a fines sociales y humanitarios.

Según el resumen que hizo después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Supremo concluyó que las tres formaciones respondían a una estrategia de separación táctica entre la lucha armada y la acción política diseñada por ETA, y que tras su apariencia de partidos distintos existía en realidad un único sujeto controlado por la organización terrorista. Se apoyó en documentos de la coordinadora KAS, en la coincidencia de dirigentes entre las tres siglas, entre ellos su portavoz Arnaldo Otegi, y en conductas posteriores a la entrada en vigor de la ley: la negativa a condenar el atentado de ETA en Santa Pola del 4 de agosto de 2002, en el que murieron dos personas, manifestaciones con consignas a favor de ETA, el acoso a concejales de partidos no nacionalistas y nombramientos de miembros de ETA como hijos predilectos en Legazpia y Zaldibia. La Sala sostuvo que el silencio sistemático de un partido ante el terrorismo equivale a su aceptación implícita.

Reacciones y posición de los partidos

PP y PSOE presentaron la ley como una herramienta para proteger la democracia. En el debate de junio, Javier Arenas defendió en nombre del PP que «no se puede ser un poquito más demócrata o un poquito menos demócrata; se es o no se es demócrata», y el socialista Diego López Garrido sostuvo que en Europa los conflictos no se resuelven mediante la violencia.

Los grupos contrarios advirtieron de sus riesgos. Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, afirmó que la ley afectaba «a la libertad de expresión, a la libertad ideológica, al pluralismo político y a la participación política»; Josu Erkoreka, del PNV, advirtió de que pondría a los jueces ante el dilema de aplicarla con efectos retroactivos o plantear una cuestión de inconstitucionalidad; y Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya, la calificó de «grave error político» que daría protagonismo a Batasuna. El Gobierno Vasco de Juan José Ibarretxe recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional el 27 de septiembre de 2002.

Batasuna rechazó todo el proceso. Tras conocerse la sentencia, Otegi la calificó de «declaración de guerra», según recogió la agencia EFE.

Recursos ante el Constitucional y Estrasburgo

El Tribunal Constitucional resolvió primero el recurso del Gobierno Vasco: el 12 de marzo de 2003 declaró constitucional la ley y precisó que no impone un modelo de «democracia militante», porque solo permite disolver partidos por sus actividades y no por sus fines. El 16 de enero de 2004, en las sentencias 5/2004 y 6/2004, adoptadas por unanimidad, desestimó los recursos de amparo de Batasuna y Herri Batasuna contra la ilegalización.

Los dos partidos acudieron entonces a Estrasburgo. El 30 de junio de 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó por unanimidad, en el caso Herri Batasuna y Batasuna contra España, que la disolución no vulneró la libertad de asociación del artículo 11 del Convenio. El tribunal consideró razonables las conclusiones del Supremo sobre el vínculo con ETA, entendió que ese vínculo podía considerarse objetivamente una amenaza para la democracia y juzgó la medida proporcionada. La sentencia es firme desde el 6 de noviembre de 2009.

Consecuencias

La ley se aplicó después a sucesivas candidaturas que, según los tribunales, continuaban la actividad de los partidos disueltos. El 3 de mayo de 2003 el Supremo anuló 241 listas de la plataforma Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) para las municipales de ese mes, y el Constitucional amparó después a 16. En 2004 cayó la candidatura europea de Herritarren Zerrenda y el 26 de marzo de 2005 la de Aukera Guztiak para las elecciones vascas del 17 de abril, anulación que el Constitucional confirmó días después. En esas elecciones el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) logró nueve escaños con el respaldo de Batasuna.

En mayo de 2007 el Supremo anuló 133 listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) para las municipales y forales; el resto de sus candidaturas concurrió. En septiembre de 2008 la Sala del 61 ilegalizó por unanimidad a ANV y, días después, al PCTV, por considerarlos sucesores de Batasuna.

El ciclo cambió en 2011. El 23 de marzo el Supremo negó la inscripción de Sortu por nueve votos contra siete. El 1 de mayo anuló las listas de Bildu, la coalición de Eusko Alkartasuna, Alternatiba e independientes, pero el Constitucional la dejó concurrir a las municipales del 22 de mayo por seis votos a cinco, al valorar que sus candidatos habían firmado un rechazo expreso de la violencia. El 20 de octubre ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada.

El 20 de junio de 2012 el Constitucional anuló, también por seis votos a cinco, la negativa del Supremo a inscribir a Sortu. Entre los magistrados discrepantes figuraba Francisco José Hernando, que como presidente del Supremo había sido ponente de la sentencia de 2003. La Ley de Partidos sigue en vigor, y la izquierda abertzale concurre desde entonces a las elecciones dentro de EH Bildu.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se ilegalizó Batasuna? El Supremo declaró ilegales Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna el 27 de marzo de 2003, por unanimidad de la Sala del 61.

¿Qué ley permitió ilegalizar Batasuna? La Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, aprobada en el Congreso en junio de 2002 con 304 votos, entre ellos los de PP y PSOE.

¿Por qué se ilegalizó Batasuna? Según el Supremo, las tres siglas formaban un único sujeto controlado por ETA y daban apoyo político a su estrategia terrorista.

¿Avaló Estrasburgo la ilegalización de Batasuna? Sí: el 30 de junio de 2009 el TEDH concluyó por unanimidad que la disolución no vulneró la libertad de asociación del Convenio.

¿Cuándo se legalizó Sortu? El Tribunal Constitucional permitió su inscripción el 20 de junio de 2012, por seis votos a cinco, al anular la negativa del Supremo de 2011.