Accidente del Yak-42 en Turquía: 62 militares españoles muertos (2003)

El accidente del Yak-42 fue el siniestro del avión Yakovlev Yak-42D que el 26 de mayo de 2003 se estrelló en Turquía, cerca del aeropuerto de Trebisonda (Trabzon), cuando traía de vuelta a España a 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. Murieron las 75 personas a bordo. A la tragedia se sumó después el descubrimiento de que 30 de los 62 cadáveres habían sido identificados de forma errónea y entregados a familias que no eran las suyas, lo que acabó con la condena de tres mandos médicos en 2009. El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, nunca fue imputado, pero en 2016 el Consejo de Estado concluyó que su ministerio pudo advertir los riesgos del vuelo, y en enero de 2017 Trillo dejó la embajada de España en Londres.

Contexto previo

España participaba con tropas en la misión internacional ISAF en Afganistán. El Gobierno de José María Aznar (PP) estaba en su segunda legislatura, meses después del hundimiento del Prestige y de las manifestaciones contra la guerra de Irak.

El Ministerio de Defensa no contrató el vuelo directamente: lo encargó a NAMSA, la agencia logística de la OTAN, que lo subcontrató a través de intermediarios. El avión, de fabricación soviética, lo operaba la compañía ucraniana Ukrainian Mediterranean Airlines (UM Air), y en la cadena de contratación intervino la intermediaria Chapman Freeborn. Según el dictamen que el Consejo de Estado aprobó trece años después, un informe de inteligencia del Ejército había advertido de «altos riesgos» en el transporte de personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS.

Qué ocurrió

El Yak-42 había despegado del aeropuerto de Manas, en Kirguistán, con destino a Zaragoza y una escala técnica prevista en Trebisonda, a orillas del mar Negro, para repostar. En la aproximación al aeropuerto, con niebla, chocó contra la ladera de una montaña cerca de la localidad de Maçka. Murieron los 62 militares, 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso. Los militares volvían a casa tras cuatro meses de despliegue.

Los forenses turcos no lograron identificar 30 de los cuerpos, y el equipo médico militar español desplazado a Turquía, dirigido por el general de Sanidad Vicente Navarro, les asignó nombres. Según la sentencia que lo condenó años después, lo hizo «sin practicar diligencia o análisis complementario alguno». Los féretros llegaron a España y el 28 de mayo de 2003 se celebró un funeral en la base aérea de Torrejón de Ardoz.

En 2004 se hicieron pruebas de ADN. En junio se comprobaron al menos 22 errores, y en octubre el Instituto Nacional de Toxicología declaró erróneas las 30 identificaciones del equipo español. En enero de 2005 el forense de la Audiencia Nacional identificó correctamente a los 62 fallecidos.

Trillo había defendido el aparato ante el Congreso: «según todos los datos técnicos», el Yakovlev «era un buen avión». A finales de junio de 2004, ya como diputado por Alicante tras el cambio de Gobierno, lamentó que los errores de identificación «hayan causado más dolor a las familias», pidió disculpas y sostuvo que los médicos actuaron «de buena fe en todo momento». En noviembre de 2005 la comisión internacional de investigación atribuyó el siniestro al cansancio de la tripulación y a deficiencias de mantenimiento.

El proceso judicial

La asociación de familiares de las víctimas denunció ante la Audiencia Nacional en octubre de 2003. La juez Teresa Palacios rechazó la denuncia porque los hechos habían ocurrido fuera de España, pero la Sala de lo Penal declaró en julio de 2004 la competencia del tribunal.

La investigación sobre la contratación del avión fue archivada en 2007 y en 2010 por el juez Fernando Grande-Marlaska y reabierta en las dos ocasiones por la Sala de lo Penal, hasta que en 2012 se cerró definitivamente la causa contra seis mandos militares, entre ellos el exjefe del Estado Mayor de la Defensa Antonio Moreno Barberá, investigados por homicidio por imprudencia grave. El juez concluyó que no tenían responsabilidad penal. Trillo no llegó a ser imputado: el juez lo descartó en mayo de 2008 por falta de indicios, y en marzo de 2009 la Audiencia rechazó citar como testigos a Aznar, Trillo y José Bono.

La causa por las identificaciones sí llegó a juicio. El 19 de mayo de 2009 la Audiencia Nacional condenó por falsedad en documento oficial al general Navarro a 3 años de prisión, 2 de inhabilitación y una indemnización de 10.000 euros para cada familia, y al comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez a 18 meses de prisión cada uno como cómplices. El Ministerio de Defensa fue declarado responsable civil subsidiario. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en marzo de 2010.

Ninguno de los tres entró en prisión. Navarro murió el 12 de junio de 2010 de una enfermedad incurable, y las penas de los otros dos quedaron suspendidas por ser inferiores a dos años y carecer ellos de antecedentes. El 20 de abril de 2012 el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy les concedió un indulto parcial que afectaba solo a su año de inhabilitación. Por la vía civil, un juzgado de Zaragoza condenó en 2006 a UM Air, a Chapman Freeborn y a una aseguradora a indemnizar a las familias.

Reacciones y posición de los partidos

Tras el cambio de Gobierno de 2004, el nuevo ministro de Defensa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono (PSOE), compareció en julio de 2004 ante una comisión del Congreso para informar sobre el accidente. En 2005 el Congreso aprobó una proposición no de ley, promovida por el PSOE, IU y ERC, que responsabilizaba a los poderes públicos y a Trillo de negligencias en la contratación del avión y en la identificación de los cadáveres. El PP votó en contra. Según recordó elDiario.es, Trillo respondió señalando al entonces jefe del Mando Aéreo de Levante y aseguró que Aznar había rechazado su dimisión.

El asunto volvió en enero de 2017, cuando se conoció el dictamen del Consejo de Estado. El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos exigieron el cese de Trillo como embajador en el Reino Unido, y ERC anunció otra proposición no de ley. Rajoy respondió que el caso «ya está sustanciado judicialmente y además pasó hace muchísimos años». Trillo calificó el dictamen de «opinión» que «no añade nada» y sostuvo que su responsabilidad política quedó depurada con las elecciones de 2004, 2008 y 2011, en las que encabezó la lista del PP por Alicante. La portavoz de la asociación de familiares, Curra Ripollés, afirmó que Trillo «mintió al Congreso, mintió a las familias», y su presidente, Miguel Sencianes, resumió la postura de la asociación: «No queremos dinero, queremos que se haga justicia».

Trillo anunció su salida el 12 de enero de 2017. Al día siguiente Albert Rivera dijo que la dimisión «llega tarde y mal» y «sin pedir perdón».

El 16 de enero, en la Comisión de Defensa del Congreso, la ministra María Dolores de Cospedal asumió las conclusiones del dictamen y anunció «un cambio de línea»: el Gobierno reconocería la responsabilidad patrimonial del Estado. En su réplica, después de que PSOE, Podemos y Ciudadanos se lo reclamaran, pidió perdón a las familias por no haberla reconocido antes, y los familiares presentes aplaudieron. El 31 de enero Rajoy recibió a la asociación en La Moncloa y se comprometió a buscar una «satisfacción moral y jurídica» para las víctimas.

Consecuencias

El dictamen del Consejo de Estado, aprobado por unanimidad el 20 de octubre de 2016, coincidió con los tribunales en que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos, pero añadió que el contrato con NAMSA no suponía un «total y completo traslado de responsabilidades» a esa agencia y que existían circunstancias previas que «pudieron ser advertidas» para eliminar el riesgo. Por eso atribuyó responsabilidad patrimonial al Ministerio de Defensa. Descartó, en cambio, nuevas indemnizaciones para las familias que ya habían cobrado por la vía civil. El dictamen era preceptivo, pero no vinculante.

El Consejo de Ministros cesó a Trillo, a petición propia, por el Real Decreto 2/2017, de 13 de enero, y él anunció su intención de volver a su plaza en el Consejo de Estado. El 4 de mayo de 2017 Cospedal firmó la resolución que reconoció la responsabilidad patrimonial de la Administración, casi catorce años después del accidente y sin nuevas indemnizaciones.

Ningún responsable político fue juzgado. Las únicas condenas penales recayeron sobre los tres mandos médicos por las identificaciones, y la causa sobre la contratación del vuelo quedó archivada.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasó con el Yak-42? El 26 de mayo de 2003 se estrelló en Turquía el avión que traía de Afganistán a 62 militares; murieron las 75 personas a bordo.

¿Por qué se estrelló el Yak-42? La comisión de investigación lo atribuyó al cansancio de la tripulación, que se aproximaba con niebla a Trebisonda, y a deficiencias de mantenimiento.

¿Quién fue condenado por el Yak-42? El general Vicente Navarro y dos mandos médicos, por falsear la identificación de 30 cadáveres; ningún responsable político fue juzgado.

¿Qué dijo el Consejo de Estado sobre el Yak-42? Que el Ministerio de Defensa pudo advertir los riesgos y debía asumir la responsabilidad patrimonial, aunque descartó nuevas indemnizaciones.

¿Por qué dejó Federico Trillo la embajada en Londres? Pidió su relevo en enero de 2017, después del dictamen del Consejo de Estado y de que la oposición reclamara su cese.