Vivienda: qué propone cada partido

El PP de Castilla-La Mancha planteó en 2023 una política de vivienda centrada en más suelo disponible, menos trabas urbanísticas y apoyo a la compra, con especial atención a jóvenes y familias. Su discurso buscó facilitar el acceso a la vivienda desde la oferta, no desde el control del precio.

Entre sus propuestas destacó la movilización de vivienda vacía, incentivos fiscales para propietarios y medidas para agilizar licencias y promover nueva construcción. El programa popular defendía también colaborar con ayuntamientos y sector privado para aumentar el parque residencial en la región.

La formación de Paco Núñez presentó estas medidas como una alternativa a la intervención del mercado, apostando por seguridad jurídica y por rebajar costes asociados a construir o adquirir vivienda. En la campaña autonómica, el PP vinculó vivienda, empleo y fijación de población en el medio rural.

El PSOE defendió para Castilla-La Mancha una política de vivienda asequible centrada en ampliar el parque público, movilizar suelo y facilitar el acceso a jóvenes y familias con ingresos medios y bajos. También planteó reforzar la cooperación con ayuntamientos y promotores para aumentar la oferta.

Entre sus compromisos figuraron más promociones de vivienda protegida, ayudas al alquiler y programas para rehabilitar inmuebles en municipios pequeños y medianos. El enfoque buscaba contener precios y mejorar el acceso sin recurrir a medidas de choque, una vía más gradual que la de la derecha.

VOX defendió en Castilla-La Mancha una política de vivienda centrada en rebajar la presión fiscal, simplificar trámites urbanísticos y aumentar la oferta. Su discurso vinculó el problema habitacional a la burocracia, la falta de suelo y la intervención pública.

Entre sus propuestas destacó la liberalización del suelo, la agilización de licencias y la reducción de cargas para promover construcción nueva y rehabilitación. También planteó priorizar el acceso de los españoles a la vivienda frente a ocupación e inmigración irregular.

La formación apostó por menos regulación autonómica y municipal para facilitar alquiler y compra, con incentivos al mercado y menor peso de ayudas directas. En campaña, presentó estas medidas como una forma de abaratar precios y activar el sector inmobiliario.

Sumar planteó en Castilla-La Mancha una política de vivienda pública centrada en aumentar el parque de alquiler asequible, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias y bajas. También defendió movilizar vivienda vacía y limitar precios en zonas tensionadas.

Su programa incluía reforzar la rehabilitación energética y la accesibilidad de edificios, apoyándose en fondos públicos y en una mayor intervención de la Administración. La propuesta buscaba reducir el esfuerzo de los hogares y frenar la especulación, frente a un enfoque más favorable al mercado.

Además, Sumar defendió medidas para ampliar el acceso al alquiler mediante más suelo y vivienda protegida, con prioridad para colectivos vulnerables. Su planteamiento apostaba por políticas activas de la Junta para garantizar el derecho a la vivienda.

Unidas Podemos llevó en Castilla-La Mancha una agenda de intervención pública en vivienda: más parque de alquiler asequible, protección frente a desahucios y medidas para limitar precios en zonas tensionadas. Su discurso conectó con la idea de la vivienda como derecho y no como activo especulativo.

Entre sus propuestas figuraban ampliar la vivienda pública y movilizar pisos vacíos para alquiler social, además de reforzar ayudas al alquiler para jóvenes y hogares con menos ingresos. También defendió mayor control sobre grandes tenedores y una respuesta más dura a la emergencia habitacional.

Frente a PP y Vox, UP apostó por una regulación más ambiciosa del mercado y por blindar el acceso a la vivienda frente a la subida de precios. Su enfoque fue claramente más intervencionista, con prioridad en protección social y oferta pública.

Cs centró su oferta de vivienda en Castilla-La Mancha en facilitar el acceso al alquiler y la compra para jóvenes y familias, combinando menos trabas burocráticas con más seguridad jurídica para propietarios e inquilinos.

La formación defendió impulsar suelo disponible, agilizar licencias y favorecer la colaboración público-privada para aumentar la oferta. También planteó medidas para rehabilitación y eficiencia energética, alineadas con una gestión más flexible del mercado residencial.

PACMA situó la vivienda dentro de una agenda social más amplia, defendiendo que el acceso a un hogar digno debía garantizarse con políticas públicas y protección de los colectivos más vulnerables en Castilla-La Mancha.

Su planteamiento pasaba por impulsar alquiler asequible, frenar los desahucios sin alternativa habitacional y priorizar la movilización de vivienda vacía, además de reforzar la intervención pública frente a la especulación inmobiliaria.

También vinculó la política de vivienda con medidas de justicia social y protección del territorio, aunque su programa autonómico de 2023 tuvo menos desarrollo específico que el de partidos con más peso institucional, como PP o PSOE.