Justicia: qué propone cada partido

El PP de Extremadura llevó a las autonómicas de 2019 una agenda de refuerzo de la justicia centrada en reducir la lentitud judicial, aumentar medios humanos y materiales y acercar la administración a los ciudadanos de la región.

También defendió la digitalización y la modernización de juzgados, junto con una organización más eficaz de la planta judicial, para agilizar procedimientos y mejorar la atención en una comunidad con dispersión territorial.

En materia de coordinación institucional, el PP planteó impulsar medidas de colaboración con el Estado para garantizar más jueces, fiscales y funcionarios, priorizando una justicia más rápida, cercana y operativa en Extremadura.

El PSOE de Extremadura planteó en 2019 una Justicia más próxima y eficaz, con especial atención a la mejora de medios, la digitalización de juzgados y el refuerzo de la asistencia jurídica en el medio rural. Su discurso vinculó la justicia con la cohesión territorial.

También defendió impulsar la modernización judicial y una mejor coordinación institucional para reducir demoras, reforzar oficinas y facilitar el acceso al servicio público, en línea con su gestión autonómica centrada en servicios públicos y equilibrio territorial.

VOX llevó a su programa para Extremadura 2019 una línea de endurecimiento penal y refuerzo del orden público, con una justicia más rápida y eficaz. Planteó priorizar la protección de las víctimas y una mayor respuesta frente a la delincuencia.

En materia judicial, defendió más medios para juzgados y fiscalías, junto a medidas para reducir retrasos y agilizar procedimientos. También vinculó Justicia y seguridad jurídica con la defensa de la unidad nacional y la lucha contra el independentismo.

Su propuesta en Extremadura se alineó con sus tesis estatales: apoyo a una justicia firme, sin “privilegios” territoriales, y mayor respaldo institucional a jueces y fiscales. El enfoque era claro: menos burocracia y más eficacia en la respuesta penal.

Unidas Podemos defendía una Justicia más cercana y accesible, con refuerzo de los juzgados de paz, mejoras en la atención a víctimas y reducción de las barreras económicas para litigar. Su planteamiento buscaba una administración judicial menos formalista y más útil en el ámbito rural extremeño.

También ponía el foco en una mayor humanización del sistema penal, con medidas de apoyo a la reinserción, asistencia jurídica suficiente y defensa de los derechos de menores y colectivos vulnerables. Frente a propuestas más continuistas de la derecha, UP priorizaba el acceso y la protección social.

Ciudadanos (Cs) defendió en Extremadura una Justicia más rápida y cercana, con medidas para reducir la lentitud judicial y mejorar los recursos materiales y humanos de los juzgados. También planteó reforzar la atención a víctimas y facilitar el acceso ciudadano.

Entre sus propuestas destacaron la modernización digital de la administración de justicia, la mejora de la oficina judicial y la cobertura estable de plazas para agilizar procedimientos. Cs insistió en despolitizar instituciones y aumentar la eficiencia del sistema.

PACMA centró su programa en reforzar el Estado de derecho y en una justicia más accesible y ágil, con medidas para reducir la lentitud judicial y mejorar los medios humanos y materiales de los juzgados extremeños.

También defendió mayor protección de los animales mediante una respuesta penal y administrativa más firme frente al maltrato, además de impulsar una coordinación más efectiva entre administración y órganos judiciales en estos casos.

Su enfoque incluía facilitar la atención jurídica a la ciudadanía, especialmente en ámbitos vinculados a derechos civiles y al cumplimiento de la normativa de bienestar animal, sin grandes reformas institucionales de calado.