Justicia: qué propone cada partido

El PP defendió en Cantabria una Justicia más ágil y cercana, con menos retrasos en los juzgados y más recursos humanos y materiales. Su discurso se centró en reforzar el funcionamiento ordinario de la Administración judicial y en dar respuesta a la congestión.

Entre sus planteamientos destacó impulsar la modernización tecnológica y mejorar las infraestructuras judiciales en la comunidad. También apostó por facilitar el trabajo de jueces, fiscales y funcionarios para reducir tiempos y ganar eficacia en la resolución de asuntos.

El PP vinculó estas medidas a una idea de seguridad jurídica y mayor confianza institucional, subrayando la importancia de una Justicia bien dotada para ciudadanos, empresas y profesionales del ámbito judicial.

El PSOE centró su propuesta de Justicia en Cantabria en mejorar la eficiencia judicial, reforzar los medios humanos y materiales de los juzgados y agilizar la respuesta a la ciudadanía. También planteó avanzar en una justicia más cercana y accesible.

Entre sus prioridades figuraban la digitalización de la Administración de Justicia, la coordinación con el Gobierno central y la mejora de infraestructuras judiciales en la comunidad. Su enfoque buscaba reducir retrasos y modernizar el servicio público.

VOX llevó a Cantabria en 2019 una agenda de refuerzo del Estado de derecho y de la seguridad jurídica, con énfasis en una Justicia más rápida, más dura con el delito y menos expuesta a inercias políticas. Su discurso conectó con la idea de orden y firmeza institucional.

En materia judicial, el partido defendió endurecer las penas, mejorar los medios para jueces y tribunales y revisar estructuras que consideraba politizadas, especialmente en órganos de designación. También insistió en la protección de víctimas y en una respuesta penal más contundente frente a la delincuencia.

Su enfoque autonómico era limitado: no proponía grandes transferencias competenciales, sino apoyar una administración de Justicia ágil, cercana y eficaz en Cantabria, con especial atención a reducir retrasos y a garantizar igualdad ante la ley en todo el territorio.

Unidas Podemos situó la Justicia en una clave de proximidad y garantía de derechos, defendiendo una administración más accesible, con menos barreras económicas y más orientada a la ciudadanía que a la lógica del coste.

Su propuesta insistía en reforzar la justicia gratuita, apoyar a quienes tienen menos recursos y mejorar los medios humanos y materiales de juzgados y servicios públicos, especialmente para reducir retrasos y desigualdades en el acceso.

También apostó por una Justicia más independiente, transparente y eficaz, con especial atención a la protección de colectivos vulnerables y a una organización que evitara dilaciones; una agenda que contrasta con enfoques más conservadores, pero menos ambiciosa en cambios estructurales.

Cs planteó una Justicia más ágil y cercana en Cantabria, con impulso a la digitalización, reducción de la lentitud judicial y mejoras en medios personales y materiales para reforzar la respuesta de los juzgados.

Su programa defendía también una mejor coordinación institucional y mayor atención a la víctima, junto con medidas para desatascar procedimientos y favorecer una administración de justicia más moderna y eficaz.

En materia judicial, Cs apostó por reforzar la independencia, la transparencia y la eficacia del sistema, sin grandes propuestas ideológicas y con un enfoque práctico de gestión y modernización.

El PRC defendió en 2019 una Justicia más cercana y eficaz para Cantabria, con mejoras en medios humanos y materiales, refuerzo de los juzgados de primera instancia e instrucción y una apuesta por la digitalización de la administración judicial.

También insistió en reclamar al Estado más recursos para la Nueva Ciudad de la Justicia en Santander y para aliviar la sobrecarga en partidos judiciales, buscando reducir tiempos de respuesta y mejorar la atención al ciudadano.

Su discurso combinó modernización y defensa de la autonomía regional, con medidas orientadas a descongestionar órganos judiciales, mejorar instalaciones y facilitar el acceso a la Justicia en toda la comunidad.

PACMA situó la protección animal como eje de su visión de Justicia, pidiendo más recursos para perseguir el maltrato y reforzar el control sobre prácticas violentas, especialmente en entornos rurales y festivos.

También defendió una justicia más eficaz frente a los delitos contra animales, con sanciones más duras, mejor aplicación de la ley y menos dependencia de la discrecionalidad administrativa, para evitar impunidad en casos de abandono o crueldad.

En materia institucional, su enfoque apelaba a una Administración más garantista y coherente con los derechos de los animales, aunque sin una agenda judicial autonómica extensa; el tono era más de presión ética y cumplimiento estricto de la normativa que de reforma profunda.