Propuestas de La Libertad Avanza en temas de Seguridad para Elecciones Legislativas 2025 (Nacional)

La Libertad Avanza (LLA) llegó a las elecciones legislativas de 2025 con un discurso de seguridad fuertemente alineado con la agenda que el oficialismo nacional ya venía desplegando desde diciembre de 2023: mano dura, respaldo político a las fuerzas federales, endurecimiento penal y una lectura del delito como problema de orden público antes que como fenómeno multicausal. En términos electorales, la seguridad fue uno de los ejes más funcionales a su identidad política: un mensaje de “ley y orden” que buscó capitalizar el malestar social por la inseguridad urbana, el avance del narcotráfico en algunas regiones y la percepción de debilidad del Estado. A diferencia de otras fuerzas, LLA no propuso un enfoque integral centrado en prevención social, sino una combinación de reforma institucional, fortalecimiento policial y endurecimiento de sanciones.

Endurecimiento penal y baja de la edad de imputabilidad

Uno de los núcleos del programa de seguridad de LLA fue la reforma del sistema penal para ampliar la capacidad punitiva del Estado. El oficialismo impulsó públicamente la baja de la edad de imputabilidad, un reclamo que se instaló como bandera política frente a delitos cometidos por menores. La lógica detrás de esta propuesta es disuasiva: aumentar la amenaza de castigo para reducir la reincidencia y enviar una señal de autoridad. Sin embargo, sus críticos señalan que el impacto sobre el delito juvenil suele ser limitado si no se acompaña de políticas de reinserción, educación y contención territorial.

Apoyo a las fuerzas federales y uso intensivo de operativos

LLA priorizó el fortalecimiento de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA como instrumentos centrales de control territorial. En la práctica, esto se tradujo en una narrativa de respaldo político explícito a las fuerzas de seguridad y en una mayor disposición al uso de operativos en zonas críticas, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires y corredores vinculados al narcotráfico. El enfoque se apoya en la idea de recuperar presencia estatal en el espacio público y reducir la capacidad de acción de bandas criminales. El riesgo, no obstante, es que una estrategia basada casi exclusivamente en despliegue policial puede tener efectos limitados si no se articula con inteligencia criminal, justicia eficaz y control interno de abusos.

Reforma del sistema penitenciario y régimen más severo

Otro eje fue la reforma del sistema carcelario bajo una lógica de mayor disciplina y restricción. LLA planteó la necesidad de desarticular beneficios percibidos como excesivos para los detenidos y de reforzar el carácter de encierro efectivo de las penas. Esta orientación responde a una crítica al garantismo penal y a la idea de que el sistema penitenciario argentino no cumple adecuadamente con la función de castigo. El problema estructural es que el sistema penitenciario nacional y provincial arrastra sobrepoblación, violencia intramuros y baja capacidad de reinserción; por eso, endurecer el régimen sin inversión institucional puede agravar tensiones ya existentes.

Lucha contra el narcotráfico y control territorial

En materia de narcotráfico, LLA sostuvo una línea de confrontación directa con las organizaciones criminales, especialmente en territorios donde la violencia vinculada al narcomenudeo ha deteriorado la vida cotidiana. La estrategia se apoya en la coordinación entre fuerzas federales, inteligencia y persecución penal. Este punto es uno de los más sólidos del programa, porque reconoce que la inseguridad argentina ya no puede leerse solo como delito común, sino también como disputa por mercados ilegales y control de barrios. No obstante, el desafío es que la política anti-narco requiere continuidad, coordinación federal y capacidades judiciales que exceden el anuncio político.

Valoración: puntos fuertes y débiles

El principal punto fuerte de LLA es la claridad de diagnóstico: identifica que la inseguridad es un problema central para amplios sectores y ofrece respuestas simples, visibles y políticamente comunicables. Además, su discurso rompe con la ambigüedad que muchas veces caracterizó a coaliciones anteriores frente al delito. Entre las debilidades, sobresale la escasa presencia de políticas preventivas, urbanas y sociales, así como la dependencia de una lógica punitiva que puede mostrar resultados rápidos en percepción, pero no necesariamente en reducción sostenida del delito. También aparece como un límite la falta de articulación explícita con provincias y municipios, claves en seguridad cotidiana.

Posición comparativa frente a otros partidos

Frente al peronismo, LLA se ubicó mucho más a la derecha en materia penal y policial, rechazando enfoques centrados en derechos humanos o prevención social. En comparación con Juntos por el Cambio, compartió buena parte de la agenda de endurecimiento, pero con un tono más confrontativo y menos institucionalista. Respecto de fuerzas de izquierda y espacios progresistas, la distancia fue todavía mayor: LLA propuso más castigo y menos abordaje estructural. En síntesis, su propuesta de seguridad en 2025 fue la expresión más nítida de una derecha punitiva en clave argentina: fuerte en orden y señal política, más débil en complejidad y prevención.