Propuestas de La Libertad Avanza en temas de Medio Ambiente para Elecciones Legislativas 2025 (Nacional)

La Libertad Avanza (LLA) llegó a las elecciones legislativas de 2025 con una posición ambiental claramente subordinada a su agenda económica general: desregulación, reducción del Estado y rechazo a lo que denomina “ecologismo ideológico”. En el plano programático, el espacio de Javier Milei no presentó una plataforma ambiental extensa ni un “green deal” propio, sino un enfoque centrado en la explotación intensiva de recursos naturales, la simplificación normativa y la revisión de regulaciones que, según su diagnóstico, encarecen la producción y frenan inversiones. Esa orientación se inscribe en una línea ya visible desde la campaña presidencial de 2023 y en decisiones de gobierno posteriores, como el impulso a reformas pro-mercado y la crítica a organismos y políticas ambientales nacionales.

Desregulación ambiental y revisión del marco regulatorio

El eje más consistente de LLA en materia ambiental es la reducción de trabas regulatorias. El partido sostiene que muchas normas ambientales argentinas generan costos excesivos, superposición de competencias y discrecionalidad administrativa. En esa lógica, propone simplificar permisos, acortar plazos y limitar la capacidad del Estado para imponer restricciones a proyectos productivos. En términos prácticos, esto implica un sesgo favorable a sectores como minería, energía, agroindustria e infraestructura, bajo la premisa de que el crecimiento económico es la condición para cualquier mejora ambiental futura.

Aprovechamiento de recursos naturales: minería, Vaca Muerta y energía

LLA prioriza la expansión de actividades extractivas y energéticas como motor de divisas. En la práctica, esto supone una visión del ambiente como variable a compatibilizar con la inversión, no como un límite estructural. El partido ha defendido el desarrollo de Vaca Muerta y la minería metalífera y de litio como sectores estratégicos, enfatizando su capacidad exportadora. A diferencia de fuerzas con agenda climática más explícita, LLA no plantea metas ambiciosas de transición energética ni una reducción acelerada de emisiones como objetivo central de política pública. Su enfoque es más pragmático: aumentar oferta energética, atraer capital privado y dejar que el mercado determine la matriz de inversión.

Crítica a subsidios y a la intervención estatal en la transición

Otra línea recurrente es la oposición a subsidios, transferencias y programas estatales que, desde su mirada, distorsionan precios y crean ineficiencias. Esto alcanza también a políticas ambientales y energéticas, donde LLA cuestiona esquemas de promoción considerados costosos para el fisco. En vez de un Estado planificador de la transición ecológica, propone un Estado mínimo, con funciones acotadas a la protección de la propiedad, la seguridad jurídica y el cumplimiento básico de normas. El problema de fondo es que esta visión deja en segundo plano instrumentos habituales de política ambiental, como incentivos a renovables, financiamiento para adaptación climática o compensaciones territoriales.

Federalismo y conflicto por competencias provinciales

Aunque no lo formula siempre como política ambiental específica, LLA tiende a reforzar el rol de las provincias en la gestión de recursos naturales, en línea con el artículo 124 de la Constitución. Esto puede favorecer acuerdos más flexibles con gobernadores y empresas, pero también debilitar estándares comunes si la coordinación nacional se reduce. En un país con fuertes asimetrías territoriales y conflictos socioambientales recurrentes, la ausencia de una estrategia nacional robusta puede traducirse en mayor fragmentación regulatoria.

Valoración: fortalezas y debilidades

La principal fortaleza de LLA es la claridad de su diagnóstico: identifica con precisión que la burocracia, la inseguridad jurídica y la superposición normativa han sido obstáculos reales para inversiones en sectores estratégicos. Además, su enfoque puede acelerar proyectos en minería, energía y logística, con impacto macroeconómico relevante. Sin embargo, sus debilidades son más profundas. La propuesta ambiental es incompleta, poco preventiva y con escasa atención a riesgos de largo plazo: cambio climático, pérdida de biodiversidad, estrés hídrico y pasivos ambientales. Tampoco ofrece una hoja de ruta convincente para la adaptación climática ni para la protección de comunidades expuestas a actividades extractivas. En síntesis, LLA tiene una política de desarrollo de recursos, pero no una política ambiental integral.

Posición comparativa frente a otros partidos

Frente al peronismo/kirchnerismo, LLA se ubica en el extremo opuesto: mientras ese espacio suele defender mayor regulación, subsidios y planificación estatal, LLA privilegia mercado y desregulación. Frente a Juntos por el Cambio, comparte una visión pro-inversión y pro-extractiva, pero con un tono más radical contra el ambientalismo regulatorio y menor disposición a sostener agendas climáticas institucionales. En comparación con fuerzas como el Frente de Izquierda o espacios verdes, LLA es mucho más escéptica respecto de la transición ecológica y de la intervención estatal. En el mapa político argentino, su propuesta ambiental es la más liberal y una de las menos desarrolladas en términos de sostenibilidad.