Propuestas de La Libertad Avanza en temas de Justicia para Elecciones Legislativas 2025 (Nacional)

La Libertad Avanza (LLA) llegó a las elecciones legislativas de 2025 con una agenda judicial fuertemente alineada con la lógica de “orden”, “seguridad jurídica” y reducción del peso del Estado en el sistema de justicia. En términos programáticos, su enfoque no se apoyó tanto en una reforma integral del Poder Judicial como en una serie de medidas orientadas a endurecer el combate contra el delito, acelerar procesos y limitar lo que considera un uso político de la justicia. Esta posición es coherente con la impronta del oficialismo nacional desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, aunque en el plano legislativo varias de estas iniciativas dependían de mayorías que LLA no tenía por sí sola.

Reforma procesal y aceleración de causas

Uno de los ejes más visibles de LLA en materia de justicia fue la defensa de una justicia más rápida y menos burocrática. El espacio promovió la idea de avanzar hacia sistemas procesales más ágiles, con mayor centralidad de la oralidad, simplificación de trámites y reducción de la duración de los expedientes. En la práctica, esto se vinculó con el impulso al sistema acusatorio federal, ya previsto por la legislación argentina pero de implementación desigual. La apuesta de LLA fue presentar la demora judicial como un problema estructural que favorece la impunidad.

Endurecimiento penal y agenda de seguridad

LLA combinó su discurso judicial con una fuerte agenda de seguridad. Su propuesta no se limitó a la administración de tribunales, sino que incluyó una visión más punitiva frente al delito. En ese marco, el oficialismo respaldó reformas orientadas a elevar la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado, la reincidencia y los delitos violentos. También defendió una interpretación más restrictiva de las garantías procesales cuando estas, según su diagnóstico, obstaculizan la persecución penal. Esta línea se articuló con el perfil de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y figura central en la coalición oficialista, quien sostuvo públicamente la necesidad de “orden” y de un sistema judicial menos indulgente.

Independencia judicial y crítica a la “justicia militante”

Otro componente central fue la denuncia de la llamada “justicia politizada” o “militante”. LLA se presentó como una fuerza que busca desarmar la captura partidaria del Poder Judicial y cuestionó de forma recurrente el funcionamiento de sectores de Comodoro Py y de tribunales federales en causas de alta sensibilidad política. Sin embargo, su propuesta concreta en este punto fue más retórica que institucional: no se tradujo en un paquete robusto de reformas para el Consejo de la Magistratura, la selección de jueces o los mecanismos de control y transparencia. El énfasis estuvo puesto en la crítica al statu quo más que en un diseño detallado de nueva arquitectura judicial.

Valoración: fortalezas y debilidades

La principal fortaleza de la propuesta de LLA es su claridad política: identifica problemas reales del sistema judicial argentino, como la lentitud de los procesos, la fragmentación normativa y la percepción social de impunidad. Además, conecta con una demanda ciudadana extendida de mayor eficacia estatal frente al delito. También es consistente con su programa general de reducción de la discrecionalidad burocrática y de fortalecimiento del orden.

Su debilidad, en cambio, está en la escasa densidad institucional de muchas de sus propuestas. LLA suele ofrecer diagnósticos contundentes, pero menos precisiones sobre cómo lograr reformas estructurales en un Poder Judicial cuya transformación requiere consensos legislativos, acuerdos con provincias y cambios de largo plazo. A eso se suma el riesgo de que el endurecimiento penal, sin reformas profundas en investigación criminal, genere más presión sobre un sistema ya saturado sin resolver sus fallas de fondo.

Posición comparativa frente a otros partidos

Frente al peronismo/kirchnerismo, LLA se ubicó en la vereda opuesta: mientras ese espacio históricamente defendió una lectura más garantista y cuestionó el uso político del lawfare, LLA hizo de la denuncia contra la “justicia militante” uno de sus principales banderas. En comparación con Juntos por el Cambio, la diferencia fue más de intensidad que de rumbo: ambos coinciden en la necesidad de mayor eficiencia judicial y una política criminal más dura, pero LLA radicaliza el discurso y lo vincula a una crítica más frontal del Estado y de las élites judiciales. Frente a fuerzas provinciales o de centro, su posición aparece más ideologizada y menos negociadora, aunque también más nítida para el electorado que demanda orden y castigo.