Comparativa por tema
Seguridad: qué propone cada partido
Las propuestas de 10 partidos sobre seguridad ciudadana, fuerzas del orden, justicia penal para las Elecciones Legislativas 2025.
La Libertad Avanza
La Libertad Avanza llevó a las elecciones legislativas 2025 una agenda de mano dura centrada en recuperar el monopolio estatal de la fuerza, endurecer penas y respaldar a las fuerzas de seguridad. Su discurso vinculó seguridad con orden, bajas en la tolerancia al delito y apoyo político a policías y fuerzas federales.
En campaña y desde el gobierno nacional, impulsó reformas para restringir la portación y agilizar detenciones en flagrancia, junto con la doctrina de “el que las hace, las paga”. También promovió más control sobre narcotráfico, homicidios y delito urbano, con una lectura más punitiva que preventiva.
La línea de LLA fue reforzar el uso de fuerzas federales, bajar trabas judiciales y recuperar presencia del Estado en zonas críticas, especialmente Rosario y el conurbano. Su mensaje combinó orden público, combate al crimen organizado y respaldo explícito a la policía como eje de seguridad.
Unión por la Patria
UxP propuso en 2025 un enfoque de seguridad integral, con más coordinación entre Nación, provincias y municipios, y fuerte presencia estatal en barrios vulnerables. En su plataforma, la prevención social aparecía ligada a empleo, educación y salud.
También puso énfasis en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, con inteligencia criminal, investigación judicial y control de fronteras. El discurso evitó el punitivismo puro y priorizó la eficacia operativa, algo que suele contrastar con la línea más dura de la derecha.
En materia de seguridad ciudadana, UxP defendió la profesionalización policial, el fortalecimiento de las fuerzas federales y el uso de tecnología para prevención y persecución del delito, junto con políticas de género y protección de víctimas.
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio presentó para 2025 una línea de mano dura en seguridad: más apoyo a las fuerzas federales, control territorial y fortalecimiento del sistema penal. Su discurso insistió en recuperar la autoridad del Estado frente al avance del delito y el narcotráfico.
En el Congreso y en campaña, la coalición impulsó reformas para endurecer penas, limitar la excarcelación y acelerar procedimientos. También respaldó mayor presencia policial, mejor equipamiento y coordinación entre Nación, provincias y justicia para enfrentar robos, violencia urbana y crimen organizado.
La propuesta se apoyó en un enfoque de orden público: más prevención situacional, uso intensivo de tecnología y una agenda de seguridad urbana en barrios críticos. El eje fue bajar la impunidad y aumentar la capacidad de respuesta estatal, con una mirada firme pero institucional.
Propuesta Republicana
El PRO llegó a 2025 con un discurso de mano dura y foco en el orden público: más presencia policial, apoyo a fuerzas de seguridad y endurecimiento contra el delito. Su línea nacional priorizó bajar la violencia urbana y recuperar control territorial.
En sus planteos legislativos y de campaña, insistió en reforma del sistema penal, mejores herramientas para investigar narcotráfico y crimen organizado, y coordinación entre Nación, provincias y Justicia. También defendió ampliar recursos para tecnología, inteligencia criminal y prevención focalizada.
La propuesta se alineó con la agenda histórica del espacio: fortalecer la seguridad interior con apoyo político a la policía, reglas más estrictas para delincuentes reincidentes y una presencia más visible del Estado en calles y fronteras.
Unión Cívica Radical
La UCR llevó en 2025 una agenda de seguridad centrada en reforzar la presencia del Estado, con foco en prevención del delito, coordinación federal y apoyo a las fuerzas policiales. Su discurso legislativo enfatizó orden institucional y combate al narcomenudeo.
En propuestas públicas y posiciones de sus bloques, el partido reclamó más tecnología, mejor inteligencia criminal y políticas de persecución del crimen organizado, especialmente en zonas críticas como el conurbano y los corredores del narcotráfico. También insistió en controles y profesionalización.
La UCR vinculó seguridad con justicia: agilizar investigaciones, mejorar el sistema penal y sostener una política nacional más articulada con provincias y municipios. Su enfoque buscó combinar firmeza operativa con respeto institucional y una mirada reformista.
Partido Justicialista
El Partido Justicialista llevó a las legislativas de 2025 una agenda de seguridad integral centrada en la prevención, la presencia territorial y el refuerzo de las fuerzas federales bajo control político civil. Su discurso evitó el endurecimiento penal como eje único.
La propuesta nacional puso el foco en combatir el narcotráfico, reducir la violencia en barrios populares y fortalecer la inteligencia criminal con coordinación entre Nación, provincias y Justicia. También planteó recuperar el rol del Estado en la planificación de políticas de seguridad.
En campaña, el PJ vinculó la seguridad con empleo, educación y contención social, aunque mantuvo apoyo a operativos federales contra delitos complejos. Su enfoque fue más institucional que punitivo, en contraste con la agenda de mano dura de espacios de derecha.
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad
El FIT-U plantea una política de seguridad centrada en control civil de las fuerzas, rechazo a la militarización y desmantelamiento de estructuras represivas heredadas. En sus listas nacionales de 2025 repite el eje de protección de derechos humanos y crítica a la “mano dura”.
Su propuesta pone el foco en condiciones sociales y laborales que inciden en la violencia: empleo, vivienda, educación y asistencia a jóvenes. También cuestiona el endurecimiento penal de los gobiernos y de sectores de derecha, al que considera ineficaz y favorable a la criminalización de la pobreza.
En materia concreta, impulsa depuración de fuerzas, prohibición de gatillo fácil, libertad sindical y control democrático sobre policías y servicios penitenciarios. El frente insiste en que la seguridad debe orientarse a prevenir delitos sin ampliar el poder represivo del Estado.
Frente para la Victoria
El Frente para la Victoria (FpV) no compitió como fuerza principal en las legislativas nacionales de 2025; su herencia programática en seguridad quedó asociada al kirchnerismo, con foco en prevención, coordinación federal y rechazo a enfoques de mano dura.
En sus plataformas y discursos, el espacio impulsó el fortalecimiento de las fuerzas federales, la inversión en tecnología, inteligencia criminal y control de fronteras, además de políticas de inclusión social como herramienta para reducir el delito.
También priorizó la reforma judicial y el combate a organizaciones criminales mediante cooperación entre Nación y provincias, una agenda más institucional que punitivista, distinta del perfil más duro de otras derechas que crecieron en la competencia electoral.
Consenso Federal
Consenso Federal puso el foco en una seguridad integral: prevención del delito, fortalecimiento de la justicia federal y mejores recursos para las fuerzas, con control civil y profesionalización.
También defendió una coordinación más firme entre Nación, provincias y municipios para combatir narcotráfico y violencia urbana, junto con políticas sociales que ataquen causas estructurales del delito.
Su enfoque evitó el mero castigo y priorizó orden institucional, investigación criminal y presencia estatal efectiva, una línea más moderada que la de las fuerzas de derecha, pero compatible con exigencias de firmeza.
Acción por la República
Acción por la República (AR), fuerza fundada por Domingo Cavallo, llegó a estas legislativas nacionales sin una oferta propia de seguridad con peso programático comparable a otras fuerzas. Su referencia histórica en esta área fue más bien el orden institucional, la eficacia estatal y el respaldo a políticas de mano dura dentro de una agenda liberal.
En el plano electoral de 2025, no se registró una plataforma nacional pública de AR con propuestas detalladas y verificables sobre seguridad. La identidad del espacio se apoyó más en la estabilidad económica, la reducción del gasto y el fortalecimiento del Estado que en un plan específico de combate al delito.
Lo que puede atribuirse a AR, por su tradición política, es una visión de seguridad ligada al cumplimiento de la ley, la coordinación institucional y la defensa de reglas claras; pero no hubo un programa nacional propio, oficial y contrastable para estas elecciones.