Comparativa por tema
Justicia: qué propone cada partido
Las propuestas de 10 partidos sobre sistema judicial, separación de poderes, derechos para las Elecciones Legislativas 2025.
La Libertad Avanza
La Libertad Avanza llevó al Congreso y al debate público una agenda de endurecimiento penal y fortalecimiento del orden, con énfasis en bajar la edad de imputabilidad, agravar penas y limitar beneficios a condenados por delitos graves.
En justicia, su línea fue de reforma judicial y apoyo a cambios en el Código Penal y el Código Procesal, buscando más celeridad, menos impunidad y mayor respaldo a fiscales, jueces y fuerzas de seguridad frente al delito.
También sostuvo la necesidad de una Justicia con menos politización y más eficacia institucional, en sintonía con su discurso de mano firme y reglas más estrictas para quienes cometen delitos violentos.
Unión por la Patria
Unión por la Patria no publicó una propuesta judicial única y cerrada para 2025, sino una línea de campaña centrada en defender la independencia judicial, cuestionar la “judicialización” de la política y frenar reformas percibidas como regresivas.
En su plataforma y discursos, UxP planteó la necesidad de una Justicia más accesible, con perspectiva de derechos humanos, enfoque de género y mayor agilidad procesal, además de impulsar cobertura de vacantes y modernización institucional.
También mantuvo como eje la reforma judicial con impronta federal, fortalecimiento del Ministerio Público y garantías para el debido proceso, en contraste con propuestas de la derecha más orientadas a restringir el activismo judicial.
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio llegó a 2025 con una agenda de endurecimiento penal y de respaldo a las fuerzas de seguridad. Su discurso sobre Justicia insistió en bajar la impunidad, acelerar causas y restringir beneficios a condenados por delitos graves.
En materia judicial, la coalición promovió una reforma del sistema acusatorio para agilizar procesos, más independencia del Ministerio Público y cambios en el fuero federal. También defendió criterios más estrictos para el cumplimiento efectivo de penas y la reiterancia delictiva.
Su planteo nacional combinó seguridad y Justicia: apoyo a proyectos de ley sobre juicio rápido, mayores herramientas para investigar crimen organizado y límites a la llamada “puerta giratoria”. Fue una línea coherente con su perfil de orden institucional y mano firme.
Propuesta Republicana
El PRO llevó en 2025 una agenda judicial centrada en independencia de la Justicia, combate a la impunidad y respaldo a una mayor celeridad procesal. Su mensaje priorizó fortalecer instituciones y reducir la discrecionalidad política.
También planteó endurecer la respuesta penal frente al delito y acompañar reformas para agilizar causas, con foco en seguridad jurídica y previsibilidad. La línea general coincidió con la tradición del espacio: menos interferencia del poder político y más control judicial efectivo.
En el debate nacional, el PRO insistió en avanzar con cambios para transparentar el sistema y mejorar el funcionamiento de tribunales y fiscales. El eje fue consolidar un Poder Judicial más profesional, eficiente y menos vulnerable a presiones partidarias.
Unión Cívica Radical
La UCR llegó a las legislativas 2025 con una agenda de independencia judicial y mejora del funcionamiento de tribunales. En sus documentos y posiciones públicas insistió en fortalecer el Consejo de la Magistratura, transparentar designaciones y acelerar concursos.
También propuso reforzar el Ministerio Público y avanzar en una justicia más cercana, con digitalización de expedientes, plazos más breves y mejor acceso ciudadano. El foco estuvo puesto en combatir la impunidad sin sacrificar garantías constitucionales.
En materia penal e institucional, la UCR sostuvo reformas para mejorar la investigación de delitos complejos, profesionalizar jueces y fiscales y limitar la discrecionalidad política. Su línea fue de modernización, control institucional y respeto por la división de poderes.
Partido Justicialista
El PJ planteó para Justicia una agenda centrada en defender la independencia judicial, frenar la “judicialización” de la política y cuestionar reformas que, según su discurso, afectaban garantías y el rol del Estado.
También sostuvo la necesidad de mejorar el acceso a la justicia, reforzar la defensa pública y avanzar con una reforma judicial con perspectiva federal y mayor celeridad en causas sensibles.
En campaña, el partido puso el acento en frenar el deterioro institucional y en revisar nombramientos y funcionamientos del Poder Judicial; frente a eso, las propuestas liberales/centroderecha suelen priorizar orden, eficiencia y límites más claros al activismo judicial.
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad
El FIT-U planteó en 2025 una reforma judicial de raíz, con elección popular de jueces y fiscales, fin de los privilegios corporativos y control democrático del Poder Judicial. Su discurso vinculó la Justicia con la defensa de derechos sociales y laborales.
También propuso una depuración de magistrados y funcionarios vinculados a causas de corrupción, represión o encubrimiento, además de limitar el poder de la Corte Suprema. Frente a eso, otras fuerzas priorizaron cambios más graduales y compatibles con la institucionalidad vigente.
En materia penal y de derechos humanos, el FIT-U defendió una justicia orientada a perseguir a grandes empresarios, violentos institucionales y delitos económicos, no a criminalizar la protesta social. Su enfoque buscó acelerar causas sensibles con jueces y fiscales bajo mayor control público.
Frente para la Victoria
El FpV llegó a 2025 sin una plataforma judicial propia plenamente vigente: en los registros públicos del peronismo/kirchnerismo, su eje histórico fue ampliar el acceso a la justicia, reforzar el Ministerio Público y limitar la concentración de poder en tribunales.
En materia penal y procesal, su línea política insistió en agilizar causas, mejorar la defensa pública y sostener reformas que reduzcan la selectividad del sistema. Frente a una agenda más dura de la derecha, mantuvo un enfoque menos punitivista y más institucional.
También defendió la paridad, la perspectiva de derechos humanos y la cobertura judicial federal, con especial énfasis en evitar que la justicia quede concentrada en la Ciudad de Buenos Aires. Ese perfil buscó combinar acceso, control y legitimidad institucional.
Consenso Federal
El Consenso Federal no compitió con un programa nacional propio visible en las legislativas de 2025; su línea histórica en Justicia fue la de fortalecer la independencia judicial, con designaciones más transparentes y menos presión política.
También impulsó una reforma para agilizar causas, profesionalizar el Ministerio Público y mejorar el acceso ciudadano a la Justicia, con énfasis en federalismo y en evitar que los tribunales dependan del oficialismo de turno.
En su enfoque, CF buscó ordenar el sistema penal sin discursos punitivos extremos: más eficiencia procesal, mejor control institucional y garantías para jueces y fiscales, una agenda que suele resultar más funcional a la estabilidad que a la confrontación.
Acción por la República
La plataforma de Acción por la República en 2025 puso el foco en una Justicia más rápida y previsible, con respaldo a la independencia judicial y críticas al sistema de recursos que prolonga los procesos. Su discurso fue afín a una agenda de orden institucional y menor discrecionalidad.
En materia penal y federal, promovió reforzar la lucha contra la impunidad, acelerar causas de corrupción y simplificar procedimientos para reducir demoras. También impulsó una visión más estricta sobre la seguridad jurídica, muy cercana a posiciones de centroderecha.