Gali Baharav-Miara (1959) es una jurista israelí, fiscal general del Estado (asesora jurídica del Gobierno y jefa del ministerio público) desde el 7 de febrero de 2022 y la primera mujer en ocupar el cargo. La nombró el Gobierno de Naftali Bennett a propuesta del ministro de Justicia, Gideon Sa'ar, y desde 2023 ha sido el principal contrapeso jurídico del Gobierno de Benjamin Netanyahu.
El Gobierno votó su destitución el 4 de agosto de 2025, pero el Tribunal Supremo suspendió el cese ese mismo día y lo anuló por unanimidad el 14 de diciembre de 2025. En noviembre de 2026 seguía en el cargo y, tras las elecciones a la Knéset, mantenía un pulso público con el director del Shin Bet, David Zini, por la investigación sobre presunta financiación extranjera del voto.
Trayectoria profesional
Sirvió en la inteligencia militar entre 1978 y 1980, según The Jerusalem Post. Se licenció en Derecho por la Universidad de Tel Aviv en 1984 y obtuvo el máster en 1990. En 1985 entró en la Fiscalía del Distrito de Tel Aviv, donde trabajó unos treinta años, sobre todo en derecho civil y administrativo: dirigió el departamento de asuntos administrativos, que representaba al Estado en contratos y licitaciones públicas, y entre 2007 y 2015 fue fiscal de distrito para asuntos civiles, al frente de la mayor división civil del país.
En 2016 pasó al sector privado como abogada del bufete Tadmor Levy & Co. A finales de enero de 2022, Bennett y Sa'ar respaldaron su candidatura, la primera de las tres que había recomendado el comité de búsqueda, y el Gobierno la aprobó el 7 de febrero en sustitución de Avichai Mandelblit. Según The Jerusalem Post, su mandato se extiende hasta febrero de 2028.
Cargos institucionales y causas relevantes
En Israel los dictámenes del fiscal general obligan al Gobierno salvo que un tribunal resuelva lo contrario. Con el Gobierno formado en diciembre de 2022, Baharav-Miara se opuso a la reforma judicial del ministro de Justicia, Yariv Levin, y en 2025 al compromiso que pactaron Levin y Sa'ar sobre el nombramiento de jueces. También se opuso al proyecto del ministro de Defensa, Israel Katz, sobre el reclutamiento de ultraortodoxos, bloqueó fórmulas para financiar a yeshivás cuyas ayudas había congelado el Supremo y mantuvo una investigación penal sobre colaboradores de Itamar Ben-Gvir, que el ministro calificó de caza de brujas.
No firmó la acusación contra Netanyahu, presentada por su predecesor, pero le corresponde dirigirla. El Gobierno le reprochó no buscar un acuerdo y fijar la declaración del primer ministro varios días por semana. A comienzos de mayo de 2026, a invitación del presidente Isaac Herzog, que tenía pendiente la petición de indulto presentada por Netanyahu en noviembre de 2025, ella y el fiscal del Estado, Amit Aisman, aceptaron negociar un acuerdo con la defensa siempre que no hubiera condiciones previas ni se retrasara el juicio.
Cuando el Supremo declaró ilegal en mayo de 2025 el cese del director del Shin Bet, Ronen Bar, por el conflicto de intereses del primer ministro, Baharav-Miara prohibió a Netanyahu nombrar sucesor mientras estudiaba la sentencia. Netanyahu anunció igualmente a Zini y ella afirmó que lo hacía en contra de las instrucciones legales. En julio de 2025 el Supremo avaló un compromiso por el que la Fiscalía fijaría un acuerdo de conflicto de intereses para el nuevo director.
Intento de destitución
Levin inició el procedimiento para cesarla el 5 de marzo de 2025 y el Gobierno aprobó una moción de censura contra ella el 23 de marzo. Como el comité profesional que debía validar el cese no llegó a completarse, el Gobierno cambió el procedimiento y el 4 de agosto de 2025 votó por unanimidad su destitución, sin la presencia de Netanyahu para evitar un conflicto de intereses. Ella calificó la decisión de ilegal y siguió en su puesto. El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, afirmó que la orden cautelar del Supremo no era válida.
El 14 de diciembre de 2025, un tribunal de siete magistrados presidido por Yitzhak Amit anuló por unanimidad el cambio de procedimiento y el cese: concluyó que el Gobierno había decidido destituirla antes de pedir una recomendación sobre el cese. Levin pidió «rechazar totalmente» la sentencia y Yair Lapid, cuyo partido figuraba entre los recurrentes, la celebró. El medio conservador Arutz Sheva sostiene que el Supremo carecía de competencia para revocar el cese.
El 15 de julio de 2026 la Knéset aprobó por 65 votos contra 51 una ley que permite al Gobierno apartarse de los dictámenes del fiscal general y le quita la representación exclusiva del Estado ante los tribunales; según The Jerusalem Post y el Israel Democracy Institute, se cayó del texto final la división del cargo en dos. La ley entra en vigor el 1 de enero de 2027 y fue recurrida ante el Supremo. Su oficina había advertido de que la reforma y su calendario buscaban influir en el juicio del primer ministro.
En septiembre de 2026 dictaminó que había base para inhabilitar al líder de Balad, Sami Abu Shehadeh, pero no a las demás candidaturas árabes. El 3 de noviembre de 2026 reprochó públicamente a Zini que pidiera interrogar como sospechosos a líderes de partidos árabes, entre ellos Mansour Abbas: «no es admisible interrogar a ciudadanos o cargos electos sin pruebas que lo justifiquen». El Likud la acusó de intentar «encubrir y frustrar» la investigación. Al día siguiente ambos se reunieron y Zini se comprometió a actuar conforme a la ley.
Preguntas frecuentes
¿Quién es Gali Baharav-Miara? Es la fiscal general de Israel desde febrero de 2022 y la primera mujer que ocupa el cargo.
¿Sigue siendo fiscal general? Sí: en noviembre de 2026 seguía en el cargo, porque el Supremo anuló en diciembre de 2025 el cese aprobado por el Gobierno.
¿Por qué quiso destituirla el Gobierno de Netanyahu? El Gobierno alegó falta de confianza tras choques sobre la reforma judicial, el reclutamiento de ultraortodoxos y el cese del jefe del Shin Bet.
¿Quién la nombró fiscal general? La nombró el Gobierno de Naftali Bennett en febrero de 2022, a propuesta del ministro de Justicia, Gideon Sa'ar.
¿Qué cambia la ley de julio de 2026? Desde enero de 2027 el Gobierno podrá apartarse de sus dictámenes y ella perderá la representación exclusiva del Estado ante los tribunales.