El derecho internacional humanitario (DIH) es el conjunto de normas que limita cómo se hace la guerra: no dice si una guerra es legal, sino qué está prohibido una vez empezada. Su núcleo son las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, ratificadas por los 196 Estados del mundo, y sus protocolos adicionales. Cuando se violan de forma grave aparecen tres palabras que la política usa a menudo y el derecho define con precisión: crimen de guerra, crimen de lesa humanidad y genocidio. Juzgarlos corresponde a la Corte Penal Internacional (personas), a la Corte Internacional de Justicia (Estados), a tribunales especiales y a los jueces nacionales.
Importa ahora porque, en noviembre de 2026, hay órdenes de detención de la CPI contra dos jefes de Gobierno en ejercicio, Vladímir Putin y Benjamín Netanyahu; Estados Unidos ha sancionado a la propia Corte; sus Estados miembros han destituido al fiscal jefe, y el caso de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza tiene calendario hasta 2029. España y casi toda América Latina forman parte de ese sistema; Estados Unidos, Rusia, China e Israel, no.
Las Convenciones de Ginebra en palabras sencillas
Las cuatro Convenciones, firmadas el 12 de agosto de 1949, protegen a los heridos y enfermos en tierra (I), los náufragos (II), los prisioneros de guerra (III) y los civiles, incluidos los de territorios ocupados (IV). Los Protocolos adicionales de 1977 extendieron las reglas a las guerras civiles y codificaron cuatro principios: distinción (solo se atacan objetivos militares), proporcionalidad (el daño civil no puede ser excesivo frente a la ventaja militar), precaución (avisar y elegir medios que reduzcan el daño) y humanidad (ni torturas, ni rehenes, ni castigos colectivos). El artículo 3 común es el mínimo que rige en cualquier guerra interna, y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es el guardián del conjunto: visita prisioneros, media entre las partes y publica los comentarios que los tribunales usan.
El DIH no prohíbe matar soldados ni destruir cuarteles; prohíbe hacerlo contra quien no combate o con medios que no distinguen: un hospital pierde su protección si se usa con fines militares, y hacer pasar hambre a los civiles como método de guerra es crimen de guerra según el Estatuto de Roma.
Crimen de guerra, lesa humanidad y genocidio: las diferencias
| Figura | Qué es | ¿Exige guerra? | Elemento clave | Norma | Ejemplo reciente (presunto) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crimen de guerra | Violación grave de las Convenciones de Ginebra o de las leyes de la guerra | Sí | Un acto concreto: atacar civiles, deportar, matar prisioneros, usar el hambre | Estatuto de Roma, art. 8 | Órdenes de la CPI contra Putin (2023) y contra Netanyahu y Gallant (2024) |
| Crimen de lesa humanidad | Ataque generalizado o sistemático contra la población civil | No | La escala o la planificación: asesinato, exterminio, deportación, persecución | Estatuto de Roma, art. 7 | Cargos confirmados contra Rodrigo Duterte (abril de 2026) |
| Genocidio | Actos cometidos con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso | No | La intención específica de destruir al grupo | Convención de 1948, art. II; Estatuto de Roma, art. 6 | Demanda de Sudáfrica contra Israel ante la CIJ (desde 2023) |
| Crimen de agresión | Planear o lanzar una guerra contraria a la Carta de la ONU | Es la guerra misma | Solo responden los dirigentes | Estatuto de Roma, art. 8 bis | Tribunal Especial para Ucrania (en creación) |
Fuente: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) y Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948); los ejemplos son acusaciones o demandas, no condenas.
Un bombardeo que mata civiles puede ser crimen de guerra sin ser genocidio; una campaña de asesinatos en tiempo de paz, como la «guerra contra las drogas» que la CPI imputa a Duterte, puede ser crimen de lesa humanidad sin que haya guerra; y el genocidio es el más difícil de probar porque exige demostrar la intención de destruir al grupo como tal. La Corte Internacional de Justicia solo lo ha apreciado una vez, en Srebrenica (sentencia de 2007).
Quién juzga: CPI, CIJ, tribunales especiales y jueces nacionales
La Corte Penal Internacional (CPI, La Haya, 2002) juzga a personas, no a Estados, por los cuatro crímenes del Estatuto de Roma. La integran 125 Estados (28 de América Latina y el Caribe), actúa solo cuando los tribunales nacionales no quieren o no pueden (complementariedad) y no tiene policía: depende de que los Estados detengan. Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel no son parte.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el tribunal de la ONU para pleitos entre Estados. En materia humanitaria actúa sobre todo a través de la Convención contra el Genocidio, cuyo artículo IX permite demandar a otro Estado parte, y emite opiniones consultivas, como la de octubre de 2025 sobre las obligaciones de Israel hacia la ONU en los territorios palestinos. Sus medidas cautelares son obligatorias, pero su cumplimiento depende del Consejo de Seguridad, donde cinco países tienen veto.
Los tribunales ad hoc nacen para un conflicto: Núremberg y Tokio tras 1945, los de la antigua Yugoslavia (1993) y Ruanda (1994). El más reciente es el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, acordado entre Ucrania y el Consejo de Europa el 25 de junio de 2025 porque la CPI no puede juzgar la agresión de un Estado que no es parte: el 15 de mayo de 2026, 34 Estados del Consejo de Europa más la UE, Australia y Costa Rica se comprometieron a ponerlo en marcha en La Haya antes de que acabe 2026. Por último, los jueces nacionales pueden perseguirlos por jurisdicción universal: un tribunal alemán condenó en 2022 a un excoronel sirio por torturas, y la Audiencia Nacional española fue pionera con la orden de detención contra Augusto Pinochet en 1998.
Los casos abiertos en 2026
Putin. La CPI dictó el 17 de marzo de 2023 órdenes contra el presidente ruso y su comisionada de infancia, María Lvova-Belova, por la presunta deportación de niños ucranianos, y en 2024 contra varios mandos militares por los ataques a la red eléctrica. Rusia no reconoce a la Corte; Mongolia, Estado parte, recibió a Putin en septiembre de 2024 sin detenerlo. Ucrania es miembro desde enero de 2025, mientras la guerra continúa.
Netanyahu y Gallant. El 21 de noviembre de 2024 la Sala de Cuestiones Preliminares dictó órdenes contra el primer ministro israelí y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra (el hambre como método) y de lesa humanidad en Gaza. Israel, que no es Estado parte, niega los hechos, invoca la legítima defensa tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 (unos 1.200 muertos) y discute la competencia de la Corte sobre Gaza: la Sala de Apelaciones ordenó en abril de 2025 reexaminar esa objeción sin anular las órdenes, vigentes en noviembre de 2026. Estados Unidos respondió con la orden ejecutiva de febrero de 2025 que sancionó al fiscal Karim Khan, después a jueces y fiscales adjuntos y, el 9 de octubre de 2026, a la propia Corte; el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que «o la CPI pone fin a sus amenazas o nosotros pondremos fin a su existencia». La UE pidió retirarlas y Pedro Sánchez reclamó en mayo activar el Estatuto de Bloqueo europeo. La Corte perdió además a su fiscal: Khan se apartó en mayo de 2025 por una investigación por conducta sexual indebida y la Asamblea de los Estados Partes lo destituyó el 24 de julio de 2026 por «falta grave», con 82 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones, según Infobae; Khan niega las acusaciones y recurre, y la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan dirige la Fiscalía. Hungría, que anunció su salida de la Corte en abril de 2025 durante una visita de Netanyahu, la revocó el 27 de mayo de 2026 con el nuevo Gobierno de Péter Magyar.
Sudáfrica contra Israel. Sudáfrica demandó a Israel ante la CIJ el 29 de diciembre de 2023 por violar la Convención contra el Genocidio en Gaza. La Corte dictó medidas cautelares el 26 de enero, el 28 de marzo y el 24 de mayo de 2024 (prevenir actos de genocidio, permitir la ayuda, detener la ofensiva en Rafah), sin pronunciarse sobre el fondo. Israel presentó su contramemoria en marzo de 2026 con objeciones a la competencia del tribunal, y una orden de 21 de mayo de 2026 da a Sudáfrica hasta el 22 de noviembre de 2027 para replicar y a Israel hasta el 22 de mayo de 2029 para contestar: no habrá sentencia antes. Han intervenido, entre otros, España (junio de 2024), México, Chile, Bolivia, Cuba, Brasil, Paraguay, Turquía, Irlanda, Bélgica y Países Bajos, y en marzo de 2026 también Estados Unidos y Hungría. Colombia, que había intervenido con Gustavo Petro, retiró su declaración el 18 de septiembre de 2026 con el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, que también la sacó del Grupo de La Haya. Al margen del tribunal, la Comisión de Investigación de la ONU concluyó en septiembre de 2025 que Israel cometió genocidio, un informe que no vincula a la ONU y que Israel calificó de «distorsionado y falso». Desde el 10 de octubre de 2025 rige un alto el fuego en la guerra de Gaza; el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, contaba más de 74.600 muertos a 2 de noviembre de 2026.
España y América Latina: jurisdicción universal y Estatuto de Roma
España ratificó el Estatuto de Roma en 2000, y su Audiencia Nacional abrió causas por crímenes en Chile, Argentina, Guatemala, el Tíbet o el Sáhara al amparo del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica 1/2014, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy tras las protestas de China por la causa del Tíbet, exige hoy un vínculo con España (víctima o acusado español, o presencia del acusado en territorio español), lo que archivó la mayoría de esas causas; el PP la justificó por homologar a España con Europa, y las asociaciones de derechos humanos y los partidos de izquierda piden recuperar la jurisdicción universal plena. En Gaza, el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció al Estado palestino el 28 de mayo de 2024, intervino en el caso de la CIJ, aprobó en septiembre de 2025 un embargo de armas a Israel y en 2026 ha sido el Gobierno europeo más activo contra las sanciones a la CPI; Israel retiró a su embajadora en 2024.
En América Latina, 28 de los 125 Estados parte de la CPI son de la región; faltan Cuba y Nicaragua. Argentina fue pionera en juzgar a sus dictadores (Juicio a las Juntas, 1985) y sus jueces aplican la jurisdicción universal: desde 2010 instruyen una querella por los crímenes del franquismo. La CPI investiga desde noviembre de 2021 la situación de Venezuela, el primer caso abierto en la región, por la represión de 2017. En Gaza, la región se dividió: seis países intervinieron en la CIJ contra Israel, el Gobierno de Javier Milei se alineó con Israel y Colombia pasó de intervenir a retirarse en 2026.
El debate: ¿justicia o justicia selectiva?
Los Gobiernos de Estados Unidos e Israel sostienen que la CPI es un tribunal politizado sin competencia sobre ciudadanos de Estados que no la aceptaron; Rusia la llama instrumento occidental. Desde África la crítica es la inversa: en sus primeros veinte años casi todos los acusados fueron africanos, y la Unión Africana aprobó en 2017 una estrategia de retirada colectiva. La UE, España, Human Rights Watch y Amnistía Internacional defienden que la Corte aplica las mismas normas a Putin y a Netanyahu y que atacarla por un caso la debilita para todos.
Una lectura de sentido común: el derecho existe, se aplica de forma desigual y aun así cuenta. Las órdenes de detención han limitado los viajes de Putin y de Netanyahu y obligan a cada Estado parte a decidir; las medidas cautelares de la CIJ no detuvieron la guerra de Gaza, pero fijaron un registro probatorio vivo hasta 2029; y la respuesta de Washington demuestra que la Corte importa lo bastante para intentar asfixiarla. Lo que hay que vigilar: si la CPI sobrevive a las sanciones de octubre de 2026, quién sustituye a Khan, si el Tribunal Especial para Ucrania arranca y cómo resuelve la CIJ las objeciones de Israel.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las Convenciones de Ginebra? Cuatro tratados de 1949, ratificados por 196 Estados, que protegen a heridos, náufragos, prisioneros y civiles en cualquier guerra.
¿Qué diferencia hay entre crimen de guerra y genocidio? El crimen de guerra es un acto grave en un conflicto; el genocidio exige la intención de destruir a un grupo nacional, étnico o religioso.
¿Puede la CPI juzgar a Putin o a Netanyahu? Tiene órdenes de detención contra ambos, pero solo puede juzgarlos si un Estado los detiene y los entrega a La Haya.
¿Ha condenado la CIJ a Israel por genocidio? No. El caso de Sudáfrica sigue abierto, Israel rechaza la acusación y la fase escrita llega hasta mayo de 2029.
¿Está España en la Corte Penal Internacional? Sí, desde 2000, junto a los demás países de la UE y 28 Estados de América Latina y el Caribe; Cuba y Nicaragua no.