La Política Agraria Común (PAC) es la política más antigua de la Unión Europea, en marcha desde 1962, y sigue siendo una de las que más dinero mueve: 386.600 millones de euros entre 2021 y 2027, cerca de un tercio del presupuesto ordinario de la UE y alrededor de una cuarta parte si se suma el plan de recuperación. Paga a los agricultores sobre todo por hectárea, a cambio de cumplir normas ambientales, sanitarias y de bienestar animal, y financia además el desarrollo rural. España es el segundo país que más recibe, por detrás de Francia: 5.676,6 millones del fondo de garantía agrícola en 2023 (el 13,8 % del total) más 1.438,4 millones de desarrollo rural, repartidos entre más de 600.000 perceptores.
Importa ahora por tres frentes abiertos a la vez. La Comisión Europea propuso en julio de 2025 un presupuesto 2028-2034 que baja el suelo de la PAC a 300.000 millones y la funde en planes nacionales; los ministros de Agricultura cerraron el 26 de octubre de 2026 un acuerdo parcial sobre las reglas, pero no sobre el dinero. El acuerdo comercial con Mercosur se aplica provisionalmente desde el 1 de mayo de 2026 con salvaguardias para el campo. Y las tractoradas de 2024 obligaron a Bruselas a aflojar la condicionalidad ambiental, un proceso de «simplificación» que todavía dura.
De dónde sale el dinero y a qué se dedica
La PAC nació para garantizar el abastecimiento de alimentos y la renta de los agricultores, primero sosteniendo precios, desde la reforma de 1992 pagando ayudas directas desligadas de lo que se produce. En 1980 absorbía el 70 % del presupuesto comunitario; hoy ronda un tercio del marco financiero 2021-2027 (1,21 billones), según la ficha del Parlamento Europeo. Tiene dos pilares. El primero, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), suma 291.100 millones en 2021-2027, de los que hasta 270.000 son ayudas a la renta pagadas al 100 % por la UE, más medidas de mercado. El segundo, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), suma 95.500 millones, cofinanciados por cada Estado, incluidos 8.100 millones del plan de recuperación. Desde 2023 cada país ejecuta la PAC a través de un plan estratégico propio aprobado por Bruselas.
Cómo funcionan las ayudas por hectárea
El grueso es la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, un pago anual por hectárea que absorbe la mitad del presupuesto de pagos directos. Sobre ella se añaden un pago redistributivo para las primeras hectáreas (al menos el 10 % del sobre nacional), los ecorregímenes (al menos el 25 %, voluntarios para el agricultor: pastoreo extensivo, cubiertas vegetales, rotaciones), ayudas asociadas a sectores en dificultad (ganadería, cultivos proteicos), un complemento a jóvenes de hasta 40 años y un pago por hectárea mínimo de 200 euros en 2023 que sube a 215 en 2027 para igualar a los países del Este. Cobrarlo exige la condicionalidad: las «buenas condiciones agrarias y medioambientales» (BCAM) y la normativa de agua, fitosanitarios y bienestar animal. Según la Comisión, estas ayudas han supuesto casi la mitad de la renta de los agricultores europeos en la última década.
| Intervención (FEAGA, 28 planes, 2023-2027) | Miles de millones de euros | Peso |
|---|---|---|
| Ayuda básica a la renta | 96,69 | 51,1 % |
| Ecorregímenes | 44,71 | 23,6 % |
| Ayuda asociada a sectores | 23,03 | 12,2 % |
| Pago redistributivo | 20,09 | 10,6 % |
| Jóvenes agricultores | 3,40 | 1,8 % |
| Algodón (España, Grecia, Bulgaria, Portugal) | 1,23 | 0,6 % |
| Total | 189,15 | 100 % |
Fuente: Parlamento Europeo, ficha temática sobre los pagos directos del primer pilar de la PAC, a partir de los 28 planes estratégicos aprobados.
Quién cobra: la concentración de las ayudas
Pagar por hectárea tiene una consecuencia aritmética: quien más tierra tiene, más cobra. Unos seis millones de explotaciones reciben pagos directos en la UE y, según los informes anuales de la Comisión sobre su distribución, en torno al 80 % del dinero va al 20 % de los perceptores. Por eso existen el pago redistributivo y el tope: el reglamento permite recortar la ayuda básica a partir de 60.000 euros por beneficiario y limitarla a 100.000, descontando los salarios que paga la explotación, y España lo aplica con tramos de reducción crecientes. La discusión es cuánto corregirla: COAG y UPA reclaman un límite obligatorio de 100.000 euros en toda la Unión; la presidencia irlandesa del Consejo propuso en el otoño de 2026 elevarlo a 300.000, lo que UPA atribuye a «la presión de los grandes perceptores de ayudas».
España: 47.724 millones en 2023-2027
El plan estratégico español moviliza 47.724 millones de euros en 2023-2027, de los que 32.549 son fondos europeos y el resto cofinanciación del Estado y las comunidades autónomas, según el Ministerio de Agricultura. El ministerio recuerda que más de 800.000 agricultores participan en el plan y que la mitad tiene cinco hectáreas o menos; las ayudas directas las cobraron 622.400 en la campaña de 2023, unos 7.800 euros de media.
| Ayudas directas en España, campaña 2023 | Millones de euros |
|---|---|
| Ayuda básica a la renta y pago redistributivo | más de 2.900 |
| Ecorregímenes | 1.112 |
| Ayudas asociadas | 655 |
| Complemento a jóvenes agricultores | 98,3 |
| Pago específico al algodón | 58,8 |
| Total pagado (16 de octubre de 2023 a 15 de octubre de 2024) | 4.833 |
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y La Moncloa, nota del 23 de octubre de 2024; 622.400 perceptores.
El reparto territorial sigue a la superficie: Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha concentran la mayor parte, y las comunidades con explotaciones pequeñas, como Galicia, dependen más del segundo pilar. Por eso la Xunta exigía el 4 de noviembre de 2026 mantener los dos pilares y fondos propios de desarrollo rural, con un impacto estimado de unos 80 millones al año si prospera el recorte.
Las protestas de 2024 y la simplificación
Entre enero y marzo de 2024 los tractores cortaron carreteras en Francia, Alemania, Bélgica, Polonia y España. Las quejas se repetían: burocracia, normas ambientales que obligaban a dejar tierra en barbecho, precios por debajo de costes y competencia de importaciones de Ucrania y de futuros acuerdos como Mercosur. La respuesta llegó rápido. El Reglamento 2024/1468, de mayo de 2024, eliminó la obligación de barbecho (la BCAM 8), flexibilizó las normas sobre cubiertas y rotaciones y eximió de controles y sanciones de condicionalidad a las explotaciones de menos de diez hectáreas, la mayoría de los perceptores aunque una fracción pequeña de la superficie. En España, el ministro Luis Planas pactó con las organizaciones agrarias un paquete de medidas y aplazó el cuaderno digital de explotación, que Galicia sigue pidiendo retrasar más allá del 1 de enero de 2027.
La Comisión añadió en mayo de 2025 un segundo paquete: los pequeños agricultores quedan fuera de la condicionalidad y pueden recibir un pago a tanto alzado de hasta 2.500 euros, se reducen los controles sobre el terreno y se habilitan pagos de crisis; Bruselas estimó un ahorro de unos 1.580 millones al año para los agricultores. El Parlamento Europeo recoge que las modificaciones de 2024 y 2025 «flexibilizaron» la condicionalidad reforzada. Las organizaciones ecologistas lo ven como una marcha atrás ambiental; las agrarias, como lo mínimo para que las normas sean cumplibles.
Mercosur: lo que teme el campo y lo que gana el otro lado
El acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cerrado políticamente en diciembre de 2024 y firmado en Asunción el 17 de enero de 2026, abre a Europa contingentes limitados de productos sensibles: 99.000 toneladas de vacuno con un arancel del 7,5 %, en torno al 1,6 % del consumo europeo, 180.000 de aves, 180.000 de azúcar, 650.000 de etanol, 60.000 de arroz y 45.000 de miel, según la ficha de la Comisión de diciembre de 2024. A cambio elimina aranceles a los coches, la maquinaria, el vino, el aceite y los quesos europeos. Francia lo ha combatido por el temor a productos más baratos que no cumplen las normas europeas, y las organizaciones agrarias españolas comparten la exigencia de «cláusulas espejo»: que lo importado respete los mismos límites de fitosanitarios y bienestar animal. El Gobierno español y la industria exportadora lo defienden; la Alianza por la Competitividad de la Industria pedía en enero de 2026 «reactivar cuanto antes» su tramitación.
El Parlamento Europeo lo envió el 21 de enero de 2026 al Tribunal de Justicia por 334 votos contra 324, lo que congela la ratificación hasta dos años, pero el 10 de febrero aprobó por 483 votos a favor y 102 en contra un reglamento de salvaguardias, ratificado por el Consejo el 5 de marzo: si las importaciones de vacuno, aves, azúcar, arroz, huevos o cítricos suben más del 5 % o sus precios caen más del 5 %, Bruselas investiga y puede suspender las ventajas en 21 días. Brasil, Argentina y Uruguay ya habían ratificado el acuerdo en marzo de 2026 y el Senado paraguayo lo aprobó ese mes; la parte comercial se aplica de forma provisional desde el 1 de mayo de 2026.
Visto desde el Cono Sur, el acuerdo es acceso a un mercado que durante veinte años pagó aranceles altos: las exportaciones argentinas de carne vacuna iban en octubre de 2026 camino de un récord de 3.791 millones de dólares, según La Nación, y la Confederación de Asociaciones Rurales (CRA) se quejaba del coste del nuevo sistema de trazabilidad exigido para vender a Europa, con descuentos del 10 % a los ganaderos. El presidente argentino Javier Milei llegó a amenazar con sacar a su país del bloque y reclama libertad para negociar por su cuenta. Para Chile, Perú, Colombia o México, con acuerdos comerciales ya en vigor con la UE, la PAC pesa menos como arancel que como competidor subvencionado y como fuente de normas, del reglamento contra la deforestación importada, aplazado a finales de 2026, a los límites de residuos de plaguicidas.
2028-2034: el recorte y la «renacionalización»
La propuesta de la Comisión del 16 de julio de 2025 cambia la arquitectura. Desaparecen los dos pilares; el dinero agrícola entra en un fondo único dentro de los planes nacionales y regionales de asociación (865.000 millones para toda la cohesión), con un mínimo «protegido» de 300.000 millones para la renta de los agricultores y la gestión de crisis frente a los 386.600 actuales. COAG lo cuantifica como un recorte nominal superior al 20 %; descontada la inflación, roza el 30 %. Las cifras indicativas que manejan las organizaciones agrarias dan a España unos 37.000 millones, un 22 % menos. La propuesta sube al 6 % el mínimo para jóvenes, limita la ayuda a las grandes explotaciones, excluye a los jubilados en 2032 e integra los ecorregímenes en las medidas agroambientales.
El rechazo fue casi unánime en el sector: ASAJA, COAG, UPA, Unión de Uniones y Cooperativas Agro-alimentarias hablan de «recorte encubierto» y de una PAC «menos común y menos europea», porque cada Gobierno decidiría cuánto dar por encima del mínimo. Veinte Estados, entre ellos España y Francia, pidieron en la primavera de 2025 una PAC «estratégica, autónoma y bien dotada»; Alemania, Países Bajos, Bélgica y los nórdicos están más cerca de la Comisión. El acuerdo parcial de los ministros del 26 de octubre de 2026, tras doce horas en Luxemburgo, fija las reglas pero no el presupuesto: Planas celebró «mantener la PAC como política europea»; Andrés Góngora (COAG) resumió que «han acordado las reglas del juego, pero no cuántas fichas habrá ni quién se las lleva». El reglamento se negocia con el Parlamento desde enero de 2027 y el dinero depende del marco financiero, que exige unanimidad. Una lectura de sentido común: la PAC seguirá existiendo y seguirá siendo grande, pero con menos dinero real, más margen para cada capital y un tope a las grandes explotaciones que todavía nadie ha fijado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la PAC? La política agrícola común de la UE desde 1962: ayudas a la renta por hectárea y desarrollo rural a cambio de normas ambientales.
¿Cuánto dinero recibe España de la PAC? Su plan 2023-2027 moviliza 47.724 millones, 32.549 europeos; en 2023 cobró 5.676,6 millones del FEAGA, segundo país tras Francia.
¿Quién cobra las ayudas de la PAC? 622.400 agricultores y ganaderos en España en 2023; en la UE, cerca del 80 % del dinero va al 20 % de los perceptores.
¿Qué son los ecorregímenes? Pagos voluntarios por prácticas ambientales (pastoreo extensivo, cubiertas, rotaciones), al menos el 25 % de los pagos directos; 1.112 millones en España en 2023.
¿Qué cambia en la PAC a partir de 2028? La Comisión propone fundir los dos pilares en planes nacionales con un mínimo de 300.000 millones, frente a 386.600; la negociación sigue en 2027.
¿Por qué protestan los agricultores contra Mercosur? Temen vacuno, aves y azúcar más baratos con normas distintas; la UE respondió con cupos limitados y salvaguardias ante subidas del 5 %.