La Ley de Servicios Digitales (DSA, Reglamento (UE) 2022/2065) y la Ley de Mercados Digitales (DMA, Reglamento (UE) 2022/1925) son las dos normas con las que la Unión Europea regula desde 2023 y 2024 a las grandes plataformas de internet. Se confunden porque nacieron juntas, pero hacen cosas distintas: la DSA regula qué circula en las plataformas (contenido ilegal, publicidad, algoritmos, menores) y la DMA regula cómo compiten las mayores tecnológicas (que no favorezcan sus propios productos, que dejen instalar tiendas de aplicaciones rivales, que no encierren al usuario). Las dos las aplica directamente la Comisión Europea, con multas de hasta el 6 % (DSA) y el 10 % (DMA) de la facturación mundial.
Importan ahora por dos razones. Han empezado a morder: 500 millones de euros a Apple y 200 a Meta en abril de 2025, 120 millones a X en diciembre de 2025 y 890 millones a Google en julio de 2026. Y son un frente de la relación con Estados Unidos: la Administración de Donald Trump las considera «barreras comerciales» y «censura», ha amenazado con aranceles, ha prohibido la entrada al país al excomisario Thierry Breton y a cuatro activistas europeos y, en septiembre de 2026, ha pedido intervenir en el recurso de X ante la justicia europea. Bruselas responde que son leyes soberanas que no se negocian.
Qué regula la DSA: contenidos, publicidad y menores
La DSA no define qué es ilegal: eso lo hacen las leyes europeas y nacionales (terrorismo, pornografía infantil, falsificaciones, odio tipificado). Obliga a las plataformas a actuar cuando lo conocen y a explicar cómo. Toda plataforma debe tener un canal para denunciar contenido ilegal, motivar cada retirada y permitir recurrirla; la norma prohíbe los «patrones oscuros» (diseños que engañan al usuario), la publicidad dirigida a menores y la basada en datos sensibles como la religión o la orientación sexual, y exige un informe anual de transparencia.
El escalón alto lo ocupan las «plataformas y buscadores de muy gran tamaño» (VLOP y VLOSE), las que superan 45 millones de usuarios mensuales en la UE, un 10 % de la población. Las primeras 19 fueron designadas el 25 de abril de 2023 y cumplen desde agosto de ese año; el resto, desde el 17 de febrero de 2024. A noviembre de 2026 la lista tiene 28 servicios, con incorporaciones recientes como WhatsApp (enero de 2026), Reddit y Roblox (agosto de 2026) y ChatGPT como buscador (31 de agosto de 2026). Estas empresas deben evaluar cada año los «riesgos sistémicos» de su diseño (desinformación, salud mental de los menores, procesos electorales), someterse a una auditoría externa, mantener un repositorio público de anuncios, ofrecer un algoritmo de recomendación sin perfilado y dar acceso a sus datos a investigadores acreditados. La Comisión las supervisa directamente; al resto las vigila un «coordinador de servicios digitales» en cada país, que en España es la CNMC.
Qué regula la DMA: los guardianes de acceso
La DMA parte de otra idea: unas pocas empresas controlan las puertas por las que pasan los demás negocios (el buscador, la tienda de aplicaciones, el sistema operativo) y el derecho de la competencia clásico llega tarde, cuando el daño está hecho. Por eso fija obligaciones por adelantado a los «guardianes de acceso» (gatekeepers): más de 7.500 millones de euros de facturación anual en la UE o 75.000 millones de capitalización y un servicio con más de 45 millones de usuarios y 10.000 empresas clientes. Desde septiembre de 2023 son siete, Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Booking, Meta y Microsoft, con 23 servicios designados, y cumplen desde el 7 de marzo de 2024. En junio de 2026 la Comisión adoptó la posición preliminar de que los servicios en la nube de Amazon (AWS) y Microsoft (Azure) también deben serlo.
Las obligaciones son concretas: no favorecer los propios productos en el buscador o la tienda (autopreferencia), dejar instalar aplicaciones y tiendas de terceros, permitir que un desarrollador informe a sus clientes de ofertas fuera de la tienda (anti-steering), hacer interoperables los servicios de mensajería y no cruzar datos personales entre servicios sin consentimiento. La multa llega al 10 % de la facturación mundial y al 20 % en caso de reincidencia; la revisión publicada por la Comisión el 28 de abril de 2026 concluye que la norma es «adecuada a su finalidad» y no propone reabrirla.
| DSA (Ley de Servicios Digitales) | DMA (Ley de Mercados Digitales) | |
|---|---|---|
| Reglamento | (UE) 2022/2065 | (UE) 2022/1925 |
| Qué regula | Contenidos, publicidad, algoritmos, menores | Competencia: reglas previas para los guardianes de acceso |
| A quién | Todos los intermediarios; obligaciones reforzadas desde 45 millones de usuarios | Siete empresas y 23 servicios designados |
| Desde cuándo | Agosto de 2023 (grandes plataformas); 17 de febrero de 2024 (todas) | 7 de marzo de 2024 |
| Multa máxima | 6 % de la facturación mundial | 10 % (20 % en reincidencia) |
| Quién vigila | Comisión (grandes plataformas) y coordinadores nacionales (CNMC en España) | Solo la Comisión |
| Primeras multas | X, 120 millones de euros (diciembre de 2025) | Apple 500 y Meta 200 millones (abril de 2025); Google 890 millones (julio de 2026) |
Fuente: Reglamentos (UE) 2022/2065 y 2022/1925 (EUR-Lex); decisiones de la Comisión Europea de 23 de abril de 2025, 5 de diciembre de 2025 y 23 de julio de 2026.
Las multas: de la amenaza a los hechos
Las primeras sanciones llegaron el 23 de abril de 2025, bajo la DMA: 500 millones de euros a Apple por impedir que los desarrolladores informaran a sus usuarios de ofertas fuera de la App Store, y 200 millones a Meta por el modelo «paga o consiente» de Facebook e Instagram, que solo dejaba elegir entre publicidad personalizada y suscripción. Las dos recurrieron ante el Tribunal de Justicia y, mientras tanto, cambiaron las condiciones para evitar multas diarias.
La primera multa de la DSA fue a X, el 5 de diciembre de 2025: 120 millones de euros por tres incumplimientos de transparencia. La marca azul, que antes acreditaba la identidad y ahora se compra, engaña al usuario; el repositorio de anuncios no dice quién paga ni a quién se dirige cada campaña; y la plataforma negaba a los investigadores el acceso a sus datos públicos. La Comisión subrayó que no sancionaba ningún contenido ni opinión, sino el diseño del servicio. X recurrió ante el Tribunal General (asuntos T-114/26 y T-121/26) y en julio de 2026 presentó un plan de cambios, que la Comisión aceptó, con plazo hasta enero de 2027. Siguen abiertas las investigaciones de fondo sobre contenido ilegal y desinformación en X, Meta y TikTok.
La mayor hasta ahora es la de Google: 890 millones de euros el 23 de julio de 2026, bajo la DMA: 460 millones por favorecer sus propios servicios (vuelos, hoteles, compras) en el buscador y 430 por las comisiones y trabas de Google Play a los desarrolladores que dirigen a sus clientes fuera de la tienda. Para situar las cifras: la multa de competencia clásica a Google por su comparador de compras, en 2017, fue de 2.420 millones de euros tras siete años de expediente; las de la DMA llegan en meses, que es lo que buscaba la norma.
El choque con Estados Unidos
La Administración Trump considera las dos leyes un ataque a sus empresas. El informe de barreras comerciales del representante de Comercio (USTR, marzo de 2025) las incluyó junto a las tasas digitales, y a finales de agosto de 2025 el presidente amenazó en Truth Social con aranceles y restricciones a la exportación de chips a los países con «impuestos, leyes o regulaciones digitales» discriminatorias. El acuerdo comercial UE-EE. UU. del 21 de agosto de 2025 recoge el compromiso de «abordar las barreras injustificadas al comercio digital» y de no cobrar tasas de uso de red, pero no menciona la DSA ni la DMA, y la Comisión repitió que sus leyes digitales «no están en la mesa».
El salto llegó el 23 de diciembre de 2025: el Departamento de Estado prohibió la entrada en Estados Unidos al excomisario Thierry Breton, impulsor de la DSA, y a cuatro responsables de organizaciones europeas contra el odio en internet, entre ellas la alemana HateAid, por formar un «complejo industrial de la censura», en palabras del secretario de Estado Marco Rubio. La Comisión «condenó firmemente» la medida, Emmanuel Macron habló de «coerción» y Breton de «caza de brujas». El 24 de septiembre de 2026 el Departamento de Justicia pidió al Tribunal General intervenir en el recurso de X, alegando que la DSA se aplica fuera del territorio de la UE a una empresa estadounidense; el portavoz de la Comisión Thomas Regnier respondió que aplicar sus leyes es «un derecho soberano» de la Unión, y la vicepresidenta de Competencia, Teresa Ribera, dijo al Financial Times que no se deshará ninguna regla para contentar a Washington.
¿Censura? Lo que dice cada parte
La acusación de censura tiene dos versiones. La de la Administración estadounidense y de Elon Musk es que la DSA obliga a las plataformas a retirar opiniones legales bajo amenaza de multa y que los «riesgos sistémicos» son una etiqueta elástica para silenciar a la derecha; Musk ha llegado a pedir «abolir la UE». La del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, marzo de 2026) es más matizada: la DSA no censura en sentido estricto, pero concentra en la Comisión un poder de supervisión sobre el discurso que en Estados Unidos sería inconstitucional.
La respuesta de la Comisión es que la DSA no retira ni un solo contenido: qué es ilegal lo definen las leyes nacionales y los jueces, y la norma solo exige procedimientos, transparencia y que las decisiones puedan recurrirse. La multa a X, insiste, castiga un diseño engañoso, no una opinión. Con sentido común: la DSA no es una ley de censura (no prohíbe discursos ni trata la desinformación como contenido ilegal), pero sí da a la Comisión, un órgano político, la facultad de decidir si una plataforma gestiona bien sus «riesgos», un concepto amplio que otra mayoría podría leer de otra forma. Ese es el debate real.
España y América Latina
En España la CNMC es la autoridad de la DSA desde 2024. La principal norma propia era la Ley Orgánica de protección de menores en entornos digitales, que elevaba a 16 años la edad para abrir una cuenta en redes sociales sin permiso paterno y obligaba a instalar control parental en los dispositivos: aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2025, seguía en la Comisión de Justicia del Congreso el 29 de septiembre de 2026 y decayó con la disolución de las Cortes del 5 de octubre: la próxima legislatura tendrá que volver a empezar.
En América Latina el caso de referencia es Brasil. El 26 de junio de 2025 el Supremo Tribunal Federal declaró, por 8 votos a 3, parcialmente inconstitucional el artículo 19 del Marco Civil de Internet, que solo hacía responsable a una plataforma si desobedecía una orden judicial: ahora responde si no retira un contenido ilegal tras una notificación del afectado, tiene un «deber de cuidado» frente a delitos graves (terrorismo, pornografía infantil, incitación al suicidio) y se presume que conoce los anuncios pagados y las redes de bots; para los delitos contra el honor sigue haciendo falta la orden judicial. La sentencia, publicada el 7 de noviembre de 2025, pidió al Congreso una ley; la Administración Trump incluyó el trato a las plataformas estadounidenses en la investigación comercial que abrió contra Brasil en julio de 2025. México, Argentina y Colombia no tienen una norma equivalente a la DSA: la responsabilidad de las plataformas se decide caso a caso en los tribunales.
Qué vigilar
El plazo de X para cumplir, en enero de 2027; la decisión sobre AWS y Azure como guardianes, que extendería la DMA a la nube; las investigaciones abiertas contra Meta y TikTok por la protección de menores y la desinformación, las primeras que podrían castigar contenido y no solo transparencia; los recursos de Apple, Meta, Google y X, que dirán hasta dónde llega la Comisión; y si la presión de Washington acaba en aranceles o en una renegociación que Bruselas, hasta ahora, descarta.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre la DSA y la DMA? La DSA regula contenidos, publicidad y algoritmos de todas las plataformas; la DMA impone reglas de competencia a siete grandes guardianes de acceso.
¿Qué multas pueden imponer? Hasta el 6 % de la facturación mundial con la DSA y el 10 % con la DMA, el 20 % si la empresa reincide.
¿Cuál ha sido la mayor multa hasta ahora? Los 890 millones de euros a Google en julio de 2026 bajo la DMA, por autopreferencia en el buscador y trabas en Google Play.
¿Por qué multó la UE a X? Por engañar con la marca azul, no publicar quién paga los anuncios y negar datos a los investigadores, no por ningún contenido.
¿La DSA censura contenidos? No prohíbe discursos: exige procedimientos y transparencia; el debate es el poder de la Comisión para juzgar los «riesgos sistémicos».