Concepto político desde 1978

Referéndum y consulta popular

Qué es

Un referéndum es una votación en la que todo el cuerpo electoral responde sí o no a una pregunta concreta: aprobar una Constitución, ratificar un estatuto o avalar una decisión política. En España lo regulan el artículo 92 de la Constitución y la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, aprobada bajo el Gobierno de Adolfo Suárez (UCD) y modificada una sola vez, en diciembre de 1980, para que Andalucía pudiera acceder a la autonomía por la vía rápida pese al resultado de Almería.

La consulta popular es un término más amplio: incluye los referéndums, las consultas municipales y las consultas sectoriales dirigidas a colectivos concretos. El Tribunal Constitucional ha fijado el criterio decisivo: si se llama a votar al cuerpo electoral con garantías electorales, es un referéndum, se llame como se llame y sea o no vinculante (STC 31/2015). Esa doctrina anuló las consultas catalanas de 2014 y 2017.

Desde 1976 España ha celebrado cuatro referéndums nacionales y siete autonómicos, ninguno de reforma constitucional. La autorización es competencia exclusiva del Estado.

Cómo funciona

La Constitución y la ley orgánica distinguen varias modalidades:

  • Referéndum consultivo (artículo 92). Para «decisiones políticas de especial trascendencia». Lo propone el presidente del Gobierno, lo autoriza el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta (176 votos) con la pregunta literal y lo convoca el Rey por real decreto. Solo se ha usado dos veces: la OTAN (1986) y la Constitución europea (2005).
  • Referéndum de reforma constitucional. En la vía ordinaria (artículo 167) es optativo: lo puede pedir una décima parte de los diputados o de los senadores en los quince días siguientes a la aprobación. En la vía agravada (artículo 168: Título Preliminar, derechos fundamentales, Corona) es obligatorio. Las cuatro reformas aprobadas (1992, 2011, 2024 y 2026) fueron por el artículo 167 sin que nadie lo pidiera: ver reforma constitucional.
  • Referéndums autonómicos. Para iniciar la autonomía por el artículo 151 (Andalucía, 1980), aprobar un estatuto por esa vía (1979-1981) o reformarlo (artículo 152.2: Cataluña 2006, Andalucía 2007).
  • Consultas municipales (artículo 71 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local). El alcalde puede someter a consulta asuntos de competencia municipal de especial relevancia para los vecinos, salvo los de Hacienda local, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación.

Reglas comunes: la votación se celebra entre 30 y 120 días después del real decreto, y no cabe referéndum durante un estado de excepción o de sitio ni en los 90 días anteriores o posteriores a unas elecciones generales, autonómicas o municipales (los constitucionales quedan exentos). En torno al 29 de noviembre de 2026 no cabe ninguno.

FechaObjetoParticipaciónSí
15 dic 1976Ley para la Reforma Política77,7 %94 %
6 dic 1978Constitución67,1 %88,5 %
25 oct 1979Estatutos de Cataluña y del País Vasco~60 %88 % y 90 %
28 feb 1980Iniciativa autonómica de Andalucía (art. 151)64 %87 %
21 dic 1980Estatuto de Galicia28 %73 %
20 oct 1981Estatuto de Andalucía54 %90 %
12 mar 1986Permanencia en la OTAN59,4 %52,5 %
20 feb 2005Constitución europea42,3 %76,7 %
18 jun 2006Reforma del Estatuto de Cataluña49 %73,9 %
18 feb 2007Reforma del Estatuto de Andalucía36,3 %87,5 %

Las cifras de 1979-1981 son las del Ministerio del Interior redondeadas. En Andalucía 1980 solo Almería no alcanzó la mayoría absoluta del censo que exigía el artículo 151.

Marco legal

La Constitución exige ley orgánica para regular los referéndums (artículo 92.3): la Ley Orgánica 2/1980 fija el procedimiento y la Ley 7/1985 añade las consultas locales. Cataluña intentó dos veces una regulación propia: la Ley 10/2014 de consultas populares no referendarias, cuyos preceptos sobre «consultas generales» anuló la STC 31/2015 (25 de febrero de 2015) por regular «con otro nombre» un verdadero referéndum, y la Ley 19/2017 del referéndum de autodeterminación, declarada inconstitucional «en su conjunto» por la STC 114/2017 (17 de octubre de 2017), porque la soberanía reside en el pueblo español y el Parlament carece de competencia para convocarlo. Las consultas sectoriales, a un colectivo más restringido que el cuerpo electoral, sí caben en el Estatuto catalán. La iniciativa legislativa popular no sirve para pedir un referéndum.

Aplicación práctica

Los dos casos recientes son catalanes. El 9 de noviembre de 2014 la Generalitat de Artur Mas convocó una «consulta» bajo la Ley 10/2014; el Gobierno de Mariano Rajoy la recurrió, el Constitucional la suspendió y se celebró como «proceso participativo» sin censo oficial: 2,3 millones de participantes y un 80,8 % de «sí-sí», según la Generalitat. El 1 de octubre de 2017 se votó bajo la Ley 19/2017, suspendida desde el 7 de septiembre: el Govern de Carles Puigdemont proclamó 2.286.217 votos y un 90,2 % de síes, sin administración electoral independiente y con cargas policiales en los colegios. Ambas fechas figuran en el artículo 1 de la Ley de Amnistía de 2024.

Desde entonces el referéndum es moneda de negociación parlamentaria. En abril de 2025 José Luis Rodríguez Zapatero, mediador entre el PSOE y Junts, abrió la puerta a una consulta sobre «la identidad nacional de Cataluña» a cambio de unos Presupuestos de 2026 que nunca llegaron. En octubre de 2025 Junts pidió en el Parlament que Salvador Illa exigiera a Pedro Sánchez un referéndum de autodeterminación, y en noviembre de 2025 Puigdemont reclamó al PSOE reconocer ese derecho para ejercerlo mediante «un nuevo referéndum de independencia». No se ha autorizado ninguno.

Críticas y debates

El debate de fondo es si cabe un referéndum de independencia en la Constitución. El PSOE y el PSC respondieron a Junts y ERC en septiembre de 2023 que por ese camino «no hay avance posible»; el PP y Vox votaron con el PSOE en febrero de 2021 contra la moción de ERC para negociarlo en la mesa de diálogo (276 votos frente a 38), y Alberto Núñez Feijóo dijo en octubre de 2026 que quería «pasar página» de la amnistía y hablar de vivienda y financiación. Junts y ERC defienden un referéndum acordado con el Estado; Sumar lo dejó fuera de su programa de 2023 y propuso votar en Cataluña el acuerdo que saliera de la mesa de diálogo; Podemos se abstuvo en 2021 por apoyar un referéndum pactado.

El segundo debate es el uso escaso de la figura: dos referéndums consultivos en 48 años y ninguno de reforma constitucional. La Constitución no prevé referéndums de iniciativa ciudadana ni abrogatorios, y el artículo 92 depende por completo del presidente del Gobierno; frente a ello, el Constitucional ha repetido que la soberanía es del pueblo español en su conjunto y que cualquier consulta territorial exige antes reformar la Constitución.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un referéndum consultivo? La votación del artículo 92 sobre una decisión política de especial trascendencia: la propone el presidente, la autoriza el Congreso y la convoca el Rey.

¿Cuántos referéndums se han celebrado en España? Cuatro nacionales (1976, 1978, 1986 y 2005) y siete autonómicos, el último en Andalucía en 2007; ninguno constitucional.

¿Puede una comunidad autónoma convocar un referéndum? No: la autorización es competencia exclusiva del Estado, como fijó el Tribunal Constitucional al anular las leyes catalanas de 2014 y 2017.

¿Qué diferencia hay entre referéndum y consulta popular? El referéndum llama al cuerpo electoral con garantías electorales; la consulta municipal o sectorial trata un asunto local o un colectivo concreto.

¿Fue legal el referéndum del 1 de octubre de 2017? No: la Ley 19/2017 estaba suspendida por el Constitucional, que la declaró nula en su conjunto el 17 de octubre de 2017 (STC 114/2017).

Fuentes oficiales