Propuestas de UP · Justicia · Elecciones Autonómicas 2023

Contexto

Unidas Podemos (UP) suele situar la justicia como un eje de garantía de derechos, con énfasis en igualdad de acceso (turno de oficio, asistencia jurídica gratuita), reducción de la desigualdad y control democrático de las instituciones. En Cantabria, sus líneas en “Justicia” tienden a enfocarse en lo que es competencia autonómica (servicios sociales, protección de víctimas, apoyo a la mediación y acceso a recursos), evitando entrar en el “núcleo duro” penal/penitenciario estatal.

Puntos principales

• Acceso efectivo a la justicia y refuerzo de la asistencia jurídica

Impulso de medidas para que el turno de oficio y la asistencia a personas vulnerables funcionen con agilidad y cobertura real, reduciendo barreras económicas y administrativas.

• Protección integral de víctimas y mejora de la atención psicosocial

Prioridad a programas de atención a víctimas (incluyendo acompañamiento, refuerzo de recursos y coordinación con servicios sociales), con enfoque en recuperación y prevención de revictimización.

• Impulso de mediación y vías de resolución alternativa de conflictos

Promoción de mecanismos de mediación/justicia restaurativa y soluciones extrajudiciales cuando sea posible, para descongestionar y mejorar la calidad de la respuesta institucional.

• Transparencia, control y “buen gobierno” de las instituciones

Apuesta por mayor transparencia, rendición de cuentas y evaluación de políticas públicas, entendiendo la justicia como también una cuestión de funcionamiento institucional (procedimientos, accesibilidad y control).

• Justicia social: lucha contra la pobreza y la exclusión como determinantes de conflicto

En coherencia con su enfoque de “causas” (no solo “consecuencias”), UP suele vincular justicia con políticas sociales: vivienda, rentas, inclusión y apoyo a colectivos en riesgo de exclusión, para reducir conflictividad y vulnerabilidad.

• Enfoque garantista ante la inmigración y coordinación con el Estado

Frente a enfoques punitivos, UP tiende a sostener que la respuesta debe ser garantista y basada en derechos, con especial atención a la integración y a la protección de derechos, reclamando coordinación con competencias estatales. En la práctica, suele traducirse en reforzar recursos autonómicos de atención e inclusión (servicios sociales, acogida e itinerarios), más que en medidas de expulsión.

Posición comparativa

UP se diferencia de Vox por su rechazo a soluciones meramente punitivas (expulsiones generalistas y endurecimiento drástico) y por su énfasis en derechos y políticas de inclusión. Frente al PSOE, suele presionar para que la agenda de justicia sea más ambiciosa en igualdad de acceso, protección a víctimas y enfoque social, aunque comparte con el PSOE la necesidad de coordinación institucional.

Análisis y perspectiva

Las propuestas de UP en “Justicia” suelen ser coherentes con su identidad: más prevención, garantías y recursos para colectivos vulnerables. Su principal limitación suele ser la dependencia de competencias estatales (especialmente en justicia penal y extranjería), lo que puede reducir impacto directo en fenómenos como la inmigración irregular y la seguridad ciudadana; aun así, su enfoque puede mejorar la respuesta social y la atención institucional, pero requeriría coordinación efectiva para responder a la preocupación social por la “desconexión” entre integración, seguridad y gasto público.