Economía: qué propone cada partido

El PP de Castilla y León centró su programa económico de 2019 en bajar impuestos, simplificar trámites y favorecer la actividad empresarial. Defendió una fiscalidad más competitiva para atraer inversión, proteger el empleo y dar más margen a autónomos y pymes.

También vinculó la política económica al crecimiento del medio rural, el apoyo a la industria y la creación de oportunidades en el territorio. Planteó impulsar infraestructuras, suelo industrial y medidas para frenar la despoblación mediante más actividad productiva y empleo estable.

En paralelo, apostó por la estabilidad presupuestaria y por reforzar la colaboración con el tejido empresarial, con especial atención a sectores como la agroindustria y la logística. Su mensaje fue combinar moderación fiscal y apoyo a empresas para sostener el crecimiento regional.

El PSOE de Castilla y León, con Luis Tudanca al frente, centró su programa económico de 2019 en un cambio de modelo productivo: más industria, más valor añadido y apoyo a la innovación para depender menos de la agricultura tradicional y de los servicios de bajo salario.

Propuso reforzar el empleo estable y subir los salarios, especialmente mediante políticas activas de empleo, incentivos a empresas que crearan puestos de trabajo de calidad y medidas para combatir la despoblación atrayendo actividad económica a las provincias más afectadas.

También defendió mayor inversión pública en infraestructuras, digitalización y transición energética, con atención a pymes y autónomos. Frente a la continuidad más prudente del PP, el PSOE apostó por una intervención autonómica más activa para reindustrializar y modernizar la comunidad.

VOX centró su programa económico en Castilla y León en bajar impuestos, simplificar trámites y reducir el peso de la administración. Defendía una política de menos gasto público y más margen para familias, autónomos y empresas, siguiendo su línea de liberalización.

También planteó apoyar al tejido productivo con especial atención al medio rural, la agricultura y la ganadería, sectores clave en la comunidad. Sus propuestas incluían menos burocracia, seguridad jurídica y medidas para favorecer la inversión y el empleo estable.

En materia fiscal, apostó por rebajas tributarias y por suprimir cargas que consideraba penalizadoras para la actividad económica. La idea era mejorar la competitividad de Castilla y León y retener población mediante un entorno más favorable al emprendimiento.

Unidas Podemos situó la economía en clave de cambio social: más inversión pública, fiscalidad más progresiva y refuerzo de los servicios públicos como motor de empleo y cohesión en Castilla y León.

Su programa defendía combatir la despoblación con actividad productiva en el medio rural, apoyo a la economía social y mejora de infraestructuras y servicios para fijar población y diversificar el tejido económico.

También planteó subir impuestos a grandes rentas y patrimonios, perseguir el fraude y orientar el gasto hacia vivienda, dependencia y empleo digno, frente a políticas centradas en rebajas fiscales generalizadas.

Ciudadanos (Cs) presentó en Castilla y León una agenda económica centrada en bajar impuestos, simplificar trámites y apoyar a autónomos y pymes. Su mensaje buscaba dinamizar la actividad empresarial y atraer inversión con menos carga fiscal y menos burocracia.

Entre sus propuestas destacaban el adelgazamiento administrativo, la mejora de la competitividad y medidas para facilitar la creación y el crecimiento de empresas. Cs defendía un marco económico más flexible, con incentivos al emprendimiento y una gestión pública más eficiente.

El partido también vinculó su programa económico al impulso del empleo y a la modernización del tejido productivo regional, especialmente en el medio rural. Planteó apoyar sectores clave de Castilla y León con medidas orientadas a la productividad y al crecimiento.

PACMA situó la economía en clave de transición: defendió orientar el gasto público hacia un modelo más sostenible, apoyado en la protección animal, la agricultura ecológica y el consumo responsable como motores de actividad.

También propuso que las administraciones priorizaran la contratación pública ética, redujeran ayudas a sectores vinculados al maltrato animal y apostaran por alternativas económicas en el medio rural, con especial atención al empleo verde.

Su programa en Castilla y León no presentó un paquete fiscal detallado, sino medidas económicas ligadas al bienestar animal, la educación ambiental y la reconversión progresiva de actividades dependientes de prácticas que quería eliminar.