Vivienda: qué propone cada partido

El PP situó la vivienda como una prioridad de acceso para jóvenes y familias, defendiendo más oferta y menos trabas urbanísticas. Su discurso insistía en facilitar suelo y acelerar licencias para impulsar construcción y alquiler.

En Baleares, la formación defendió fórmulas de colaboración público-privada para ampliar parque residencial y moderar precios. También planteó medidas fiscales y administrativas orientadas a abaratar la compra y estimular el mercado del alquiler.

Su programa apostaba por más seguridad jurídica para propietarios e inversores, con el objetivo de movilizar vivienda vacía y aumentar la disponibilidad. La línea era claramente pragmática: construir más y simplificar normas para contener la presión sobre precios.

El PSOE balear centró su propuesta de vivienda en ampliar el parque público y facilitar el alquiler asequible, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias y bajas. También defendió reforzar la movilización de pisos vacíos y el uso de suelo público.

Su programa autonómico de 2019 apostó por aumentar la construcción y rehabilitación de vivienda protegida, mejorar la coordinación con ayuntamientos y limitar la presión especulativa en zonas tensionadas. La prioridad era aliviar el acceso a la vivienda en un mercado muy encarecido por el turismo y la escasez de oferta.

Estas medidas se apoyaban en instrumentos ya impulsados por el Govern socialista en la legislatura previa, con más gasto en políticas de vivienda, ayudas al alquiler y compra pública de inmuebles para destinarlos a protección social. El objetivo era ganar capacidad pública sin renunciar al mercado.

VOX centró su propuesta de vivienda en las Baleares de 2019 en liberalizar suelo y reducir trabas urbanísticas para ampliar la oferta. Defendió acelerar licencias y rebajar la presión normativa sobre promotores y propietarios.

También planteó impulsar el alquiler asequible mediante más seguridad jurídica para el propietario y menos intervencionismo público en los precios. Su enfoque priorizaba facilitar nueva construcción antes que imponer controles al mercado.

En paralelo, VOX vinculó la política de vivienda con la protección de la propiedad privada y la lucha contra la ocupación. Su discurso apostó por más vivienda disponible, menos burocracia y mayor incentivo a la inversión residencial.

Unidas Podemos vinculó en Baleares la vivienda a la emergencia social y al problema del alquiler turístico. Su discurso priorizó ampliar el parque público y contener precios en un mercado tensionado, especialmente en Mallorca y Eivissa.

Entre sus medidas destacaron reforzar la vivienda asequible, movilizar pisos vacíos y limitar la especulación. También defendió más inversión pública en rehabilitación y acceso para jóvenes y familias con menos renta, en línea con su agenda social.

Frente a ello, las formaciones de centroderecha defendían más oferta y colaboración privada, una receta menos intervencionista. UP, en cambio, apostó por una intervención autonómica más fuerte sobre el mercado residencial balear.

Ciudadanos (Cs) planteó en Baleares en 2019 una política de más oferta y menos trabas para el acceso a la vivienda, combinando incentivos al alquiler con medidas para facilitar la construcción y movilizar suelo disponible.

Entre sus prioridades figuraban impulsar vivienda de precio asequible, agilizar licencias y promover la colaboración público-privada para aumentar el parque residencial, especialmente en zonas tensionadas por el alto coste de la vivienda.

También defendió revisar cargas e impuestos ligados a la vivienda y dar más seguridad a propietarios e inquilinos, con el objetivo de favorecer el mercado del alquiler y ampliar opciones para jóvenes y familias.

El PSIB-PSOE situó la vivienda como una prioridad social en 2019, con más parque público, más inversión en alquiler asequible y medidas para facilitar el acceso de jóvenes y familias con rentas medias y bajas.

Su programa apostaba por ampliar la oferta protegida mediante construcción y movilización de suelo público, además de reforzar la rehabilitación y la colaboración con ayuntamientos para aumentar el alquiler social en las islas.

También defendía actuar sobre la presión del mercado turístico y la especulación, combinando regulación, incentivos y más recursos autonómicos para contener precios; una línea menos intervencionista habría encajado mejor con las preferencias de la derecha.

PACMA planteó en Baleares una política de vivienda ligada a la protección del territorio: frenar la especulación urbanística, limitar nuevos desarrollos y priorizar el uso responsable del suelo para evitar presiones sobre el entorno insular.

Su enfoque conectaba la crisis habitacional con el modelo turístico y la falta de oferta asequible, defendiendo medidas de regulación y planificación más estricta para contener precios y favorecer un acceso más justo a la vivienda.

También insistía en un urbanismo más sostenible, con menos construcción agresiva y más rehabilitación del parque existente, una línea que buscaba compatibilizar acceso a la vivienda y conservación ambiental.