Propuestas de Propuesta Republicana en temas de Seguridad para Elecciones Presidenciales 2023 (Nacional)

El PRO llegó a las elecciones presidenciales de 2023 con un discurso de seguridad fuertemente anclado en la “mano dura”, la restauración del orden y el respaldo explícito a las fuerzas policiales y de seguridad. Dentro de Juntos por el Cambio, y luego en la alianza con La Libertad Avanza en el balotaje, el espacio macrista sostuvo que la principal respuesta al aumento de la violencia y la percepción de inseguridad debía ser el fortalecimiento operativo del Estado, con énfasis en control territorial, lucha contra el narcotráfico y endurecimiento de la política penal. Esa orientación no fue una novedad: retomó una línea que el PRO había desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires y, a nivel nacional, en su experiencia de gobierno entre 2015 y 2019, aunque en 2023 el planteo apareció más fuertemente asociado a la urgencia y al diagnóstico de “crisis”.

Refuerzo de fuerzas federales y despliegue territorial

Una de las propuestas más consistentes del PRO fue aumentar la presencia y capacidad de las fuerzas federales en zonas críticas, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en los corredores vinculados al narcotráfico. El diagnóstico partidario partía de la idea de que la expansión de economías ilegales y la debilidad del control estatal exigían más patrullaje, inteligencia criminal y coordinación entre Nación, provincias y municipios. En términos prácticos, esto implicaba reforzar Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA, además de mejorar equipamiento, tecnología y comunicaciones.

Lucha contra el narcotráfico y crimen organizado

El PRO ubicó al narcotráfico como el núcleo de la crisis de seguridad. Su propuesta giró en torno a una política de persecución penal más agresiva, mayor cooperación con la Justicia federal y uso intensivo de herramientas de investigación. En la campaña de 2023, dirigentes del espacio insistieron en que la violencia letal en Rosario y otras ciudades mostraba la necesidad de una estrategia nacional sostenida, con presencia del Estado en barrios dominados por bandas y control de puertos, rutas y logística del comercio ilegal. Este enfoque se apoyó en la idea de que el problema no era solo policial, sino también de inteligencia, lavado de activos y corrupción institucional.

Endurecimiento penal y respaldo a la policía

Otro eje central fue el endurecimiento del sistema penal. El PRO defendió bajar la edad de imputabilidad, restringir beneficios para condenados por delitos graves y acelerar procesos judiciales. La propuesta se complementó con una reivindicación explícita de la tarea policial, con discurso de “reglas claras” para el uso de la fuerza y protección de los agentes frente a denuncias que el espacio suele interpretar como excesivamente restrictivas. En 2023, esta línea se volvió más visible en el marco del crecimiento del voto punitivista y de la alianza con sectores que proponían cambios más drásticos en materia penal.

Tecnología, prevención y gestión urbana

Aunque el eje dominante fue represivo, el PRO también sostuvo medidas de prevención situacional: más cámaras, centro de monitoreo, iluminación, urbanismo táctico y sistemas de alerta. La experiencia de gestión porteña fue utilizada como ejemplo de una seguridad “basada en datos”, con foco en la prevención del delito común y la respuesta rápida. Sin embargo, a nivel nacional estas herramientas aparecieron subordinadas al combate contra el delito organizado y a la recuperación del control territorial.

Valoración: fortalezas y debilidades

La principal fortaleza del programa del PRO fue su claridad diagnóstica y su capacidad de traducir la demanda social de seguridad en medidas concretas. En un contexto de alta preocupación por homicidios, robos violentos y narcotráfico, su agenda ofrecía respuestas comprensibles y políticamente competitivas. Además, tenía respaldo en experiencias de gestión previas, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.

Su debilidad fue la limitada densidad programática en prevención social, reforma penitenciaria y políticas de largo plazo. El énfasis en la coerción tendió a dejar en segundo plano los factores estructurales del delito, como exclusión, desigualdad y debilidad institucional. También hubo una tensión entre el discurso de eficacia y los resultados históricos del propio espacio a nivel nacional: durante el gobierno de Mauricio Macri no se verificó una reducción sostenida y general del delito, y la violencia narco en Santa Fe siguió escalando.

Posición comparativa frente a otros partidos

Frente al peronismo, el PRO se ubicó mucho más a la derecha en materia penal y policial, criticando lo que consideraba tolerancia frente al delito y falta de decisión política. En comparación con La Libertad Avanza, compartió el sesgo punitivo, pero con un tono institucionalista y menos disruptivo, más cercano a la gestión que al shock. Respecto de la izquierda y sectores progresistas, su propuesta fue marcadamente más represiva y menos centrada en derechos humanos. En síntesis, el PRO representó en 2023 la opción de seguridad más clásica del espacio opositor: orden, control y fortalecimiento coercitivo del Estado.