Propuestas de Propuesta Republicana en temas de Justicia para Elecciones Presidenciales 2023 (Nacional)

Propuestas de PRO sobre justicia en las Elecciones Presidenciales 2023

En la campaña presidencial de 2023, Propuesta Republicana (PRO) —integrado en la coalición Juntos por el Cambio y con Patricia Bullrich como candidata presidencial— ubicó la reforma judicial dentro de una agenda más amplia de “orden”, seguridad y lucha contra la impunidad. Su diagnóstico partía de una crítica al funcionamiento del Poder Judicial argentino: lentitud procesal, politización de algunos tribunales, baja confianza ciudadana y falta de eficacia frente al delito complejo, la corrupción y el narcotráfico. A diferencia de otras fuerzas, el PRO no planteó una reforma constitucional integral, sino un paquete de medidas orientadas a acelerar procesos, fortalecer herramientas de investigación y endurecer la respuesta penal y penitenciaria.

Reforma del sistema procesal y agilización de causas

Uno de los ejes más reiterados por el PRO fue la necesidad de acelerar el funcionamiento judicial. La propuesta se apoyó en la implementación efectiva del sistema acusatorio en todo el país, con mayor protagonismo de los fiscales en la investigación penal y un rol más acotado de los jueces en la instrucción. El objetivo era reducir la duración de las causas, evitar expedientes eternos y mejorar la capacidad del Estado para llegar a sentencias en tiempo razonable.

Esta línea no era nueva: ya había sido promovida por sectores de Juntos por el Cambio durante la gestión de Mauricio Macri, con avances parciales en algunas jurisdicciones. En 2023, el PRO insistió en que la demora judicial no solo afecta a las víctimas, sino que también alimenta la impunidad en causas de corrupción y crimen organizado.

Lucha contra la corrupción y fin de la “impunidad”

El PRO colocó la corrupción como un frente central de su agenda judicial. Bullrich sostuvo durante la campaña que el sistema debía dejar de ser funcional a la dilación de causas sensibles y reclamó mecanismos que impidieran maniobras dilatorias de imputados con poder político o económico. En términos concretos, la propuesta apuntaba a limitar la capacidad de los acusados para prolongar procesos mediante recursos sucesivos y a reforzar la independencia operativa de fiscales y jueces.

También se insistió en la necesidad de una Justicia más previsible y menos permeable a las presiones políticas. En el discurso del PRO, la impunidad no era solo un problema penal, sino una falla institucional que erosionaba la legitimidad democrática.

Fortalecimiento de la investigación penal y del combate al crimen organizado

Otro eje fue el refuerzo de las capacidades del Estado para investigar delitos complejos, especialmente narcotráfico, trata y crimen organizado. El PRO vinculó justicia y seguridad de manera estrecha: para la coalición, sin una justicia rápida y con herramientas técnicas modernas, la política criminal fracasa. En ese sentido, propuso mejorar la coordinación entre fuerzas de seguridad, fiscalías y tribunales, además de ampliar recursos para investigaciones financieras y patrimoniales.

La agenda incluyó además una visión más dura sobre el cumplimiento de penas y el régimen penitenciario, con énfasis en evitar beneficios que, según su diagnóstico, debilitan el efecto disuasivo de la condena.

Valoración: puntos fuertes y débiles

Entre los puntos fuertes de la propuesta del PRO destaca su capacidad de poner en agenda problemas reales y ampliamente reconocidos: la lentitud judicial, la baja eficacia en causas complejas y la sensación social de impunidad. Su discurso conectó con una demanda extendida de mayor previsibilidad institucional y con la necesidad de modernizar un sistema judicial muy cuestionado.

Sin embargo, sus debilidades fueron también claras. En primer lugar, muchas de sus propuestas aparecieron formuladas en términos generales, con menor precisión institucional que la de otros espacios. En segundo lugar, el enfoque del PRO tendió a privilegiar la dimensión punitiva y de eficacia penal, con poca atención a reformas estructurales más amplias: acceso a la justicia, defensa pública, transparencia en designaciones judiciales o federalismo judicial. Finalmente, su propuesta quedó expuesta a la crítica de simplificar problemas complejos bajo la lógica de “mano dura”, sin resolver por sí sola los cuellos de botella del sistema.

Posición comparativa frente a otros partidos

Frente a La Libertad Avanza, el PRO compartió el diagnóstico crítico sobre la Justicia, pero con un enfoque menos rupturista y más institucionalista. Mientras Javier Milei y su espacio impulsaron discursos más confrontativos contra “la casta judicial”, el PRO se movió dentro de una lógica de reforma gradual y fortalecimiento operativo.

En comparación con Unión por la Patria, el PRO representó la posición más dura en materia penal y la más insistente en acelerar causas de corrupción. Frente a fuerzas menores o de perfil progresista, su agenda fue claramente más punitiva y menos orientada a garantías o reformas de acceso. En síntesis, el PRO ofreció en 2023 una propuesta judicial centrada en eficiencia, combate a la impunidad y endurecimiento frente al delito, con fortaleza discursiva pero con menor desarrollo programático que el que requería la magnitud del problema.