Propuestas de La Libertad Avanza en temas de Vivienda para Elecciones Presidenciales 2023 (Nacional)

La propuesta de La Libertad Avanza (LLA) en materia de vivienda durante la campaña presidencial de 2023 se inscribió en una lógica claramente liberal: el Estado debía dejar de ser el principal organizador del acceso a la vivienda y limitarse, en todo caso, a crear condiciones macroeconómicas e institucionales para que el mercado funcione. En un país con fuerte déficit habitacional, alta informalidad urbana y un historial de políticas públicas fragmentadas, LLA evitó prometer un gran plan nacional de construcción de viviendas y puso el acento en la estabilización económica, la desregulación y la eliminación de incentivos que, según su diagnóstico, distorsionaban el mercado inmobiliario. Esa orientación fue consistente con el ideario de Javier Milei y con sus críticas al intervencionismo estatal en alquileres, créditos y obra pública.

Desregulación del mercado de alquileres

Uno de los ejes más claros de LLA fue la oposición a la Ley de Alquileres vigente en 2023. El espacio sostuvo que la norma había reducido la oferta de inmuebles, encarecido los contratos y generado mayor informalidad. Su propuesta era avanzar hacia una liberalización del mercado: contratos con mayor libertad entre partes, menor indexación obligatoria y menos trabas regulatorias. En los hechos, LLA defendía que el precio y las condiciones de alquiler debían surgir de la negociación privada, no de una ley que fijara plazos o actualizaciones rígidas.

Esta postura conectó con un debate real y medible: durante 2023 se observó una fuerte retracción de la oferta en varias plazas urbanas y una suba muy acelerada de los alquileres, en un contexto de inflación elevada. LLA interpretó ese fenómeno como prueba del fracaso regulatorio.

Eliminación del rol central del Estado en la construcción de viviendas

LLA no presentó como eje de campaña un plan masivo de vivienda social financiado por el Estado nacional. Por el contrario, su programa partía de la idea de que la construcción pública había sido costosa, ineficiente y capturada políticamente. La prioridad, para el espacio, era reducir el gasto público, achicar ministerios y reordenar las cuentas fiscales. En ese marco, la política habitacional quedaba subordinada a la estabilización macroeconómica.

La lógica era que, con inflación baja, crédito disponible y reglas claras, el sector privado y las familias podrían resolver mejor el acceso a la vivienda. Esto implicaba un giro respecto de tradiciones estatistas muy arraigadas en la Argentina, donde la obra pública y los programas de vivienda han sido herramientas centrales de política social.

Revalorización del crédito hipotecario y de la propiedad privada

Aunque LLA no desplegó una plataforma detallada de crédito habitacional, sí insistió en que el acceso a la vivienda depende de un sistema financiero sano. La baja inflación y la seguridad jurídica eran presentadas como condiciones para reactivar el crédito hipotecario de largo plazo, prácticamente inexistente en la Argentina de 2023. También defendió una protección fuerte de la propiedad privada y una menor intervención estatal sobre la tierra y los inmuebles.

Este punto es relevante porque el déficit habitacional argentino no se explica solo por falta de oferta, sino también por la imposibilidad de financiar la compra de una casa en un contexto de tasas reales, inflación y volatilidad cambiaria incompatibles con créditos estables.

Valoración: puntos fuertes y débiles

El principal punto fuerte de la propuesta de LLA fue su diagnóstico sobre los incentivos. En un mercado inmobiliario tensionado, la crítica a regulaciones mal diseñadas tenía base empírica: la rigidez contractual y la inflación efectivamente dañaban tanto a inquilinos como a propietarios. Además, su énfasis en la estabilidad macroeconómica atacaba una causa estructural del problema habitacional argentino: sin moneda estable, no hay crédito hipotecario sostenible.

Sin embargo, su debilidad fue igual de evidente: la propuesta quedó corta frente a la magnitud del déficit habitacional, que supera varios millones de hogares si se consideran déficit cuantitativo y cualitativo. LLA no ofreció un esquema robusto de transición para hogares de bajos ingresos, ni un plan concreto de suelo urbano, alquiler social o financiamiento accesible. En otras palabras, su programa confiaba mucho en que la macroeconomía ordenada resolvería problemas que también requieren políticas públicas específicas.

Posición comparativa frente a otros partidos

Frente a Unión por la Patria, que defendía un Estado más activo en obra pública, crédito y regulación del mercado, LLA representó el polo opuesto: menos regulación, menos gasto y menos intervención. Comparada con Juntos por el Cambio, LLA fue más radical en su rechazo al estatismo, aunque ambos compartieron críticas a la Ley de Alquileres y a la ineficiencia de la política habitacional tradicional. En relación con Hacemos por Nuestro País o la izquierda, que proponían mayor presencia estatal y protección del inquilino, LLA se ubicó claramente en una posición de mercado puro.

En síntesis, la oferta de LLA sobre vivienda en 2023 fue coherente con su programa general: liberalización, ajuste fiscal y confianza en el mercado. Su fortaleza fue el diagnóstico macro e institucional; su gran límite, la ausencia de una política habitacional concreta para el corto plazo.