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El juez de Teruel Juan José Cortés envía el caso Forestalia a Santiago Pedraz por su conexión con la causa de la Audiencia Nacional sobre Leire Díez

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El titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Teruel, Juan José Cortés, se inhibió por un auto del 17 de noviembre de 2026 a favor de la Audiencia Nacional en la investigación del caso Forestalia, la empresa aragonesa de renovables fundada por Fernando Samper. La causa pasa al juez Santiago Pedraz, que instruye las diligencias previas 150/2025, en las que están investigados, entre otros, Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. Según EFE, el juez concluye que lo instruido en Teruel es «una parte o rama» de esa causa por la coincidencia de investigados y de hechos.

El auto recoge reuniones celebradas entre mayo y julio de 2021 en el domicilio de Samper en Zaragoza con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y con Alonso, considerado socio de Cerdán. Cerdán no figura como investigado en las diligencias de Teruel, precisa Aragón Digital. La UCO sitúa a Forestalia y a Samper como clientes del grupo que llama Hirurok, al que atribuye orientar expedientes de la Administración en beneficio propio o de terceros a cambio de comisiones.

El juez menciona también los parques fotovoltaicos Masía I y Masía II, en Puertomingalvo y Linares de Mora: Alonso compró en mayo de 2022 las dos sociedades promotoras por 141.000 euros y, una vez obtenidas las autorizaciones, el entorno de Forestalia las adquirió por 6,8 millones. Que esas operaciones sirvieran para pagar a directivos del Ministerio para la Transición Ecológica es, según el propio auto, una hipótesis pendiente de confirmar con los informes policiales. Libertad Digital añade que la Guardia Civil atribuye a Samper una red de sociedades para pagar a un exsubdirector general de Evaluación Ambiental del ministerio.

La razón de la inhibición es territorial: el delito más grave, el cohecho, se habría consumado en el ministerio, en Madrid, con antecedentes en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en Zaragoza. Ninguno de los investigados había declarado aún en Teruel, a la espera de un informe de la Guardia Civil que el juez considera «fundamental». La acusación popular ADIVE estudia recurrir ante la Audiencia Provincial de Teruel para que el juzgado conserve la parte aragonesa, según Libertad Digital, y los alcaldes de la Asociación Viento Alto subrayaron en La Comarca que el auto no señala irregularidades en el clúster eólico del Maestrazgo. Todos los investigados gozan de la presunción de inocencia.

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