Caso de las facturas falsas de UGT Andalucía (2013-2026)

El caso de las facturas falsas de UGT Andalucía (UGT-A) es la investigación judicial sobre el desvío de subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a cursos de formación para trabajadores ocupados y desempleados. Entre 2009 y 2013, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de noviembre de 2024, la antigua cúpula del sindicato justificó gastos con facturas falsas o infladas y usó descuentos ocultos de sus proveedores para sostener su propio funcionamiento. El fraude se cifró en 40.620.256,43 euros. El exsecretario general Francisco Fernández Sevilla y otros tres acusados fueron condenados a tres años de prisión y 50 millones de euros de multa cada uno, pero esa sentencia no es firme: está recurrida ante el Tribunal Supremo. Por la vía administrativa, el Supremo confirmó en octubre de 2026 que UGT-A debe devolver 18,3 millones de euros a la Junta por otra subvención de formación mal justificada.

Contexto previo

UGT-A era una de las entidades que recibían cada año ayudas públicas de la Junta para impartir formación profesional para el empleo. Entre 2009 y 2013, años en los que el sindicato estuvo dirigido de forma sucesiva por Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, la peritación judicial analizó 15 expedientes de subvención que sumaban 100,3 millones de euros. En esos años presidieron la Junta José Antonio Griñán (PSOE, 2009-2013) y, desde septiembre de 2013, Susana Díaz (PSOE).

Cómo se destapó el caso

El caso nació en el verano de 2013 a raíz de una serie de informaciones del diario El Mundo basadas en documentos internos del sindicato. Según esas publicaciones, proveedores de UGT-A habían cargado a programas de formación gastos de la huelga general del 29 de septiembre de 2010, como anuncios en prensa. El diario publicó también que el sindicato pidió a un proveedor cambiar el concepto de una factura de 7.589 euros por 1.620 carpetas con su logotipo para cargarla a una subvención de cursos para desempleados. El 20 de agosto de 2013, la Fiscalía Superior de Andalucía ordenó a la Policía Judicial investigar la gestión de esos fondos. UGT-A habló de una «campaña de descrédito» y defendió que sus cuentas estaban auditadas.

Una semana antes, el 13 de agosto de 2013, el colectivo Manos Limpias había presentado una denuncia por malversación, falsedad documental y apropiación indebida. El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla abrió diligencias en septiembre y, a principios de octubre, el juez decano remitió la causa a la jueza Mercedes Alaya, que instruía el caso ERE.

La presión tuvo consecuencias internas: un día después de que el líder nacional de UGT, Cándido Méndez, dijera que el sindicato asumiría responsabilidades políticas por los escándalos, Fernández Sevilla dimitió el 29 de noviembre de 2013 como secretario general de UGT-A. El 19 de diciembre de 2013, unos cincuenta agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron por orden de Alaya la sede regional del sindicato en Sevilla y las de tres empresas de formación, entre ellas Soralpe, en la llamada Operación Cirene, sin detenciones. En enero de 2014 tomó el relevo al frente del sindicato Carmen Castilla.

La instrucción

El 5 de marzo de 2014, la Audiencia de Sevilla apartó a Alaya del caso al estimar en parte un recurso de la Fiscalía: concluyó que las facturas de UGT-A no tenían conexión con los ERE y que debía instruirlas el juzgado que recibió primero la denuncia. La causa volvió al Juzgado de Instrucción número 9, cuyo titular, Juan Jesús García Vélez, la llevó hasta el final.

En junio de 2014 la Guardia Civil detuvo a 14 personas, entre ellas el exvicesecretario de Administración Federico Fresneda, arrestado en Tenerife. Los investigadores sostuvieron que el fraude era sistemático, se repetía año tras año y se había convertido en la principal fuente de financiación del sindicato.

En diciembre de 2019 el juez cifró el fraude en unos 40,75 millones de euros, acordó continuar por procedimiento abreviado y decretó el sobreseimiento provisional respecto a Manuel Pastrana por una incapacidad sobrevenida. El 13 de marzo de 2020 abrió juicio oral contra Fernández Sevilla, otros cuatro antiguos responsables y once personas vinculadas a empresas proveedoras, con una fianza conjunta de 40,75 millones y UGT-A como responsable civil subsidiaria.

El juicio y la sentencia de 2024

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla celebró el juicio en 30 sesiones entre enero y junio de 2024. La Fiscalía Anticorrupción pidió siete años de prisión y 50 millones de multa para los cuatro principales acusados. Fernández Sevilla negó las irregularidades y culpó a la Junta, gobernada entonces por el PSOE.

La sentencia, notificada el 27 de noviembre de 2024, describió varios métodos para desviar el dinero:

• Rápeles ocultos: descuentos y comisiones de los proveedores que no figuraban en las facturas, de modo que la subvención pagaba el precio íntegro y el sindicato se quedaba la diferencia.
• El «bote»: facturas por servicios inexistentes o por importes superiores a los reales, que generaban un saldo a favor de UGT-A controlado con un programa informático llamado SPYRO.
• Gastos ajenos a los cursos: sueldos de personal que no trabajaba en ellos, teléfono, luz, limpieza o el alquiler de locales del propio sindicato.

El tribunal condenó a Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda, la exsecretaria de Gestión Económica María Charpín y el administrador de Soralpe, Enrique Goicoechea, por falsedad en documento mercantil y fraude de subvenciones, con la atenuante de dilaciones indebidas. Cada uno recibió tres años de cárcel, 50 millones de multa y cuatro años y medio sin poder recibir ayudas públicas. La exjefa de compras, Dolores Sánchez, fue condenada como cómplice a seis meses y dos días de prisión y 25 millones de multa. Los nueve proveedores acusados fueron absueltos. El tribunal rechazó la atenuante de reparación del daño pese al acuerdo de UGT-A con la Junta para devolver su deuda en 25 años. La sentencia está recurrida en casación y, a octubre de 2026, el Supremo aún no se ha pronunciado.

La vía administrativa: 18,3 millones

En paralelo, la Junta reclamó el dinero de subvenciones mal justificadas. El 16 de septiembre de 2015, con Susana Díaz en la presidencia, la Consejería de Empleo ordenó a UGT-A reintegrar una ayuda correspondiente a 240 cursos anteriores a 2009. El Gobierno de Juanma Moreno resolvió el 14 de octubre de 2019 los recursos del sindicato, poco antes de que prescribiera la reclamación. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avaló en 2023 la mayor parte del reintegro y apreció infracciones de «notable gravedad», como la subcontratación no autorizada con sociedades instrumentales del sindicato o la fijación discrecional de salarios.

El 5 de octubre de 2026, la Sala Tercera del Supremo rechazó el recurso de casación y dejó firme la devolución de 18.319.183,71 euros: 13,1 millones de principal y 5,2 millones de intereses de demora. El tribunal fijó que, según el artículo 31.1 de la Ley General de Subvenciones, el dinero público solo cubre salarios hasta los mínimos legales o de convenio, y las mejoras pactadas por encima deben pagarse con fondos propios.

Reacciones

En agosto de 2013, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, pidió explicaciones a UGT y comparó el asunto con el caso Bárcenas del PP. El PP andaluz, por boca de José Luis Sanz, exigió en diciembre de 2013 que la Junta se personara en la causa. Tras la sentencia del Supremo, UGT-A anunció el 21 de octubre de 2026 que acata el fallo. Su secretario de Salud Laboral, Pablo Sánchez Villegas, afirmó que nadie usó aquellos hechos «para enriquecerse».

Preguntas frecuentes

¿Qué es el caso de las facturas falsas de UGT-A? Es el desvío de 40,6 millones en subvenciones de la Junta para formación, justificados con facturas falsas o infladas entre 2009 y 2013.

¿Quién ha sido condenado? La Audiencia de Sevilla condenó en 2024 a Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea a tres años de cárcel, en una sentencia recurrida ante el Supremo.

¿Cuánto dinero tiene que devolver UGT-A? El Supremo le obligó en octubre de 2026 a devolver 18,3 millones a la Junta por una subvención mal justificada.

¿Qué relación tiene con el caso ERE? Ambos los investigó inicialmente Mercedes Alaya, pero la Audiencia de Sevilla concluyó en 2014 que no estaban conectados.

¿Es firme la condena penal? No. A octubre de 2026, el recurso de casación contra la sentencia de 2024 sigue pendiente en el Tribunal Supremo.