Pensiones: qué propone cada partido

El PP suele defender unas pensiones sostenibles y blindadas, vinculadas a la estabilidad presupuestaria y al empleo, evitando subidas que comprometan el sistema. En Canarias, previsiblemente insistiría en mejorar la capacidad económica de los hogares mayores sin poner en riesgo la viabilidad futura.

También acostumbra a reclamar que la revalorización se haga con criterios de prudencia y que se refuercen las pensiones más bajas mediante complementos y mejores carreras de cotización. Su enfoque prioriza un sistema justo, con menos presión fiscal y más oportunidades laborales para sostenerlo.

En una campaña autonómica, el PP probablemente combinaría la defensa de la sanidad y los servicios sociales para mayores con medidas de apoyo al envejecimiento activo y al acceso a recursos asistenciales en las islas.

El PSOE defiende un sistema público de pensiones fuerte, suficiente y revalorizado con el coste de la vida, alineado con la protección social que ya ha impulsado desde el Gobierno central. En Canarias, su enfoque probable pasa por garantizar poder adquisitivo a jubilados y pensionistas.

También suele insistir en blindar la Sostenibilidad del sistema sin recortes bruscos, apoyándose en empleo de calidad, más cotizaciones y refuerzos al Estado del bienestar. Frente a la prudencia de otras fuerzas, prioriza mantener la pensión pública como pilar principal.

VOX suele defender un sistema de pensiones sostenibles, ligado al empleo estable y al aumento de cotizantes, rechazando subidas de impuestos como solución principal. En Canarias, previsiblemente insistiría en reducir burocracia y gasto improductivo para reforzar el tejido productivo.

El partido ha criticado el modelo actual por considerar que penaliza a autónomos, empresas y familias, y apuesta por más crecimiento económico para garantizar las prestaciones futuras. También pone el foco en proteger a los pensionistas de la inflación y de la pérdida de poder adquisitivo.

Su posición pública prioriza la seguridad jurídica, la creación de empleo y la contención del gasto político frente a nuevas cargas sociales. En una campaña autonómica, esa línea probablemente se traduciría en medidas de apoyo a la economía canaria para sostener mejor el sistema.

Sumar defiende unas pensiones públicas suficientes y revalorizadas, con blindaje frente a la inflación y rechazo a cualquier recorte o privatización. En Canarias, su discurso suele insistir en proteger a jubilados con rentas bajas y pensiones no contributivas.

También suele vincular la política de pensiones a más empleo estable, mejores salarios y mayor cotización, para sostener el sistema a medio plazo. En una comunidad con alta precariedad, priorizaría reforzar mínimos y combatir la brecha de género en pensiones.

Unidas Podemos sitúa las pensiones como un derecho social y defiende reforzar el sistema público para que llegue con suficiencia a jubilados y pensionistas en Canarias, con especial atención a las pensiones más bajas y a la reducción de la pobreza.

Su enfoque pasa por blindar la revalorización conforme al IPC, elevar las pensiones mínimas y no contributivas y evitar recortes o fórmulas privatizadoras. También insiste en mejorar la protección de las mujeres pensionistas y de quienes han tenido carreras laborales precarias.

En Canarias, previsiblemente vincularía esta agenda a combatir el coste de la vida, reforzar complementos y ampliar ayudas autonómicas para sostener el poder adquisitivo de los mayores. Frente a ello, PP y otras derechas suelen defender más margen fiscal y ajustes más prudentes.

Ciudadanos suele defender una reforma del sistema público de pensiones basada en la sostenibilidad, la transparencia y la separación clara entre gastos contributivos y no contributivos. Su enfoque prioriza mantener el poder adquisitivo de los jubilados sin cargar más al empleo ni a las empresas.

En sus posiciones públicas, Cs ha apoyado incentivos para alargar voluntariamente la vida laboral, fomentar el ahorro complementario y vincular cualquier mejora de prestaciones a una financiación realista. También ha reclamado una gestión más eficiente del sistema y menos uso político de la Seguridad Social.

En Canarias, una proyección coherente situaría a Cs defendiendo pensiones suficientes, pero con reformas que blinden la viabilidad futura del sistema en una comunidad especialmente envejecida y con alta temporalidad laboral.

Coalición Canaria suele defender unas pensiones dignas y sostenibles, alineadas con el sistema público estatal, pero insiste en que Canarias necesita más atención por su envejecimiento, dispersión territorial y mayores costes de vida.

Su posición pública prioriza mejorar la protección de los mayores, reforzar la lucha contra la pobreza y garantizar que las pensiones contributivas y no contributivas lleguen con suficiencia a quienes más lo necesitan.

También reclama más apoyo específico para los mayores canarios, especialmente en las islas no capitalinas, combinando pensiones con servicios sociales, dependencia y acceso sanitario para que el retiro no dependa del lugar de residencia.

PACMA suele situar las pensiones dentro de un marco más amplio de bienestar social y protección de los servicios públicos. En sus posiciones públicas, defiende una revalorización suficiente para preservar el poder adquisitivo de los pensionistas y reducir la vulnerabilidad de los hogares mayores.

También plantea reforzar el Estado del bienestar con financiación estable, de forma que las pensiones no dependan de recortes ni de privatizaciones parciales. Su discurso prioriza la justicia social y la garantía de una vejez digna, más que cambios técnicos concretos en el sistema.

En un contexto autonómico como Canarias, su enfoque previsiblemente pediría coordinar las políticas sociales y de dependencia para complementar la protección a las personas mayores. No suele destacar propuestas específicas territoriales, pero sí una defensa firme de pensiones públicas y suficientes.

SALF no ha detallado un programa autonómico específico para pensiones en Canarias, pero su línea pública insiste en bajar impuestos, recortar gasto político y priorizar el poder adquisitivo de los mayores frente a nuevas cargas fiscales.

En materia pensionista, su discurso suele alinearse con la defensa del pensionista contributivo y la crítica a políticas que, a su juicio, tensionan la sostenibilidad del sistema. También suele poner el foco en proteger la economía de las familias y autónomos.

Para 2027, cabe esperar que SALF apueste por medidas indirectas: menos presión fiscal, simplificación administrativa y apoyo al consumo y al empleo, más que por un diseño autonómico propio sobre revalorización o complementos de pensiones.

Nueva Canarias (NC-BC) ha defendido tradicionalmente unas pensiones dignas como derecho social básico, con especial atención a quienes sufren menores ingresos en Canarias, donde el coste de la vida y la pobreza elevan la vulnerabilidad de muchas personas mayores.

Su postura pública suele alinearse con la revalorización de las pensiones conforme al IPC, el refuerzo del sistema público y la protección de las pensiones no contributivas y mínimas, buscando reducir la dependencia y la desigualdad entre islas.

También ha apoyado medidas para mejorar la atención social a mayores y garantizar recursos suficientes, combinando la defensa del poder adquisitivo con una visión más amplia de bienestar y cohesión territorial, en contraste con planteamientos más austeros de otras fuerzas.