Propuestas de UP · Justicia · Elecciones Autonómicas 2023

Contexto

Unidas Podemos (UP) ha defendido históricamente un enfoque de “justicia social” y de ampliación de derechos, con énfasis en reducir desigualdades, reforzar el Estado de derecho y mejorar la eficacia de la justicia (acceso, medios y garantías). En el debate migratorio y de seguridad, suele rechazar marcos punitivos/excluyentes y prioriza respuestas garantistas y de integración frente a medidas de expulsión masiva.

Puntos principales

• Refuerzo de la justicia y mejora de la atención a la ciudadanía: apuesta por incrementar medios, agilizar procedimientos y mejorar el funcionamiento de juzgados y servicios para reducir demoras y barreras de acceso.
• Garantías de derechos en políticas migratorias vinculadas al sistema de justicia: defiende que la respuesta a la inmigración debe respetar el marco legal y los derechos fundamentales, evitando enfoques de “castigo” generalizado y priorizando vías ordenadas y con garantías.
• Lucha contra la violencia y protección integral de víctimas: orientación a políticas públicas de prevención y atención a víctimas (incluyendo coordinación institucional y recursos), con un enfoque de derechos y reparación.
• Transparencia, control democrático y regeneración institucional: impulsa medidas para reforzar la integridad en la gestión pública, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, entendiendo la justicia también como control del poder.
• Acceso efectivo a la justicia: apoyo a la defensa y reducción de desigualdades: promueve reforzar mecanismos para que colectivos vulnerables puedan ejercer sus derechos (orientación jurídica, apoyo a víctimas, y medidas para reducir costes/barreras).
• Enfoque socioeducativo y de prevención en seguridad: frente a la lógica de “mano dura”, UP suele sostener que el mejor modo de mejorar seguridad es prevenir (cohesión social, intervención temprana) y actuar con proporcionalidad, vinculando justicia y políticas sociales.

Posición comparativa

Frente a Vox, UP se distancia de propuestas de expulsión o de control fronterizo “expeditivo”, priorizando garantías legales y derechos. Respecto a PSOE, suele coincidir en el marco institucional, pero tiende a presionar más por un enfoque social (derechos, prevención y refuerzo de servicios) y por mayor capacidad pública frente a recortes o externalizaciones.

Análisis y perspectiva

• Viabilidad: muchas medidas de “justicia” en sentido estricto dependen de competencias estatales y del diseño judicial; aun así, UP puede influir vía políticas autonómicas de apoyo a víctimas, prevención y acceso a recursos (orientación jurídica, servicios sociales vinculados a justicia, coordinación).
• Impacto en el contexto migratorio: su enfoque garantista puede reducir el riesgo de vulneraciones de derechos, pero puede ser criticado por sectores que perciben la inmigración irregular como un problema prioritario de seguridad y gasto público; el éxito político dependerá de si logra traducir ese marco en resultados visibles (coordinación, recursos, reducción de demoras y atención efectiva en territorios tensionados).