Qué es
La Ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, es la norma chilena que obliga a ministros, parlamentarios, alcaldes y otras autoridades a registrar y publicar las audiencias, los viajes y los regalos que reciben en el ejercicio del cargo. Fue promulgada el 3 de marzo de 2014 y publicada en el Diario Oficial el 8 de marzo de 2014, en los últimos días del primer gobierno de Sebastián Piñera, tras una década de tramitación.
Tras un primer intento de Ricardo Lagos en 2003, Michelle Bachelet envió un nuevo mensaje el 5 de noviembre de 2008 (boletín 6189-06), que el Senado aprobó y luego dejó dormir en 2009. Piñera lo reactivó con indicaciones que cambiaron su enfoque: en lugar de un registro obligatorio de lobistas, la ley se centra en la agenda pública de las autoridades. El Senado despachó el informe de la Comisión Mixta el 21 de enero de 2014 por 24 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, y la Cámara lo ratificó al día siguiente por 94 votos a favor y una abstención.
Importa porque convirtió en dato público la relación entre quienes deciden y quienes buscan influir, y porque es la vara con que se miden las reuniones no declaradas, de las cenas con el lobista Pablo Zalaquett en 2024 al caso Lincolao de 2026.
Qué dice
- Definiciones (art. 2). Lobby es la gestión remunerada que busca promover, defender o representar un interés particular para influir en las decisiones de los sujetos pasivos; la gestión de interés particular es lo mismo sin remuneración, y quien la hace es gestor de intereses, no lobista.
- Sujetos pasivos (arts. 3 y 4). Ministros, subsecretarios, jefes de servicio, delegados presidenciales, gobernadores regionales, seremis y embajadores; consejeros regionales, alcaldes, concejales, directores de obras y secretarios municipales; el Contralor, los consejeros del Banco Central, los oficiales generales de las Fuerzas Armadas y de Orden; diputados, senadores y sus asesores legislativos; el Fiscal Nacional y los fiscales regionales, y los consejeros de órganos como el Servel o el Consejo para la Transparencia.
- Decisiones cubiertas (arts. 5 y 6). Actos administrativos, proyectos de ley, acuerdos del Congreso, contratos y el diseño de políticas y programas. Quedan fuera las peticiones en actos públicos, las consultas sobre un trámite, la información que la autoridad pide expresamente y las asesorías de universidades y centros de estudios.
- Registros de agenda pública (arts. 7 a 9). Cada órgano lleva un registro de audiencias (con quién, en nombre de quién, si hay remuneración, fecha y materia), viajes (destino, costo y quién lo financió) y donativos, publicado cada mes en los sitios de transparencia activa de la Ley de Transparencia y consolidado por el Consejo para la Transparencia en el portal InfoLobby.
- Lobistas (arts. 12 y 13). Deben informar a quién representan y si cobran; su inscripción en el registro es previa o automática al pedir la audiencia.
- Sanciones (arts. 14 a 24). La omisión inexcusable o la información falsa en los registros se multa con 20 a 50 UTM; a los parlamentarios los sanciona su Comisión de Ética (10 a 30 UTM por no registrar) y a alcaldes y concejales, la Contraloría. La reincidencia en un año es falta grave a la probidad.
Marco legal
Es una ley ordinaria que desarrolla el principio de probidad del artículo 8 de la Constitución y el deber de probidad que la Ley 18.575 impone a toda la Administración. El texto vigente en Ley Chile (versión del 2 de abril de 2026) ya nombra entre los sujetos pasivos a los gobernadores regionales, los delegados presidenciales y al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, fruto de adecuaciones posteriores a 2014.
Reformas
| Fecha | Qué cambió | Gobierno y mayoría |
|---|---|---|
| 8 de marzo de 2014 | Publicación de la Ley 20.730 | Sebastián Piñera; mensaje de Michelle Bachelet de 2008; Senado 24-6-6 y Cámara 94-0-1 |
| 31 de mayo de 2024 | Mensaje de reforma (boletín 16888-06): «representantes de intereses» en lugar de lobistas y gestores, nuevos sujetos pasivos (jefes de división, directores municipales, Servel, CMF, policías), registro de toda reunión con independencia de quién la pida, puerta giratoria, multas de hasta 50 UTM; en la Comisión de Gobierno Interior desde septiembre de 2024 | Gabriel Boric |
| 2 de abril de 2026 | Última versión consolidada del texto en Ley Chile | — |
| 16 de septiembre de 2026 | Moción de los senadores Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez (boletín 18645-06): registro de todas las reuniones con lobistas y de las comunicaciones, inhabilidad de un año para exautoridades, multas de 100 a 200 UTM | En trámite bajo el gobierno de José Antonio Kast |
Aplicación práctica
El registro mueve volúmenes grandes: en 2023 hubo 73.773 audiencias (79.714 en 2022), 58.600 viajes y unos 3.800 donativos, según el Consejo para la Transparencia. Su entonces presidente, Bernardo Navarrete, recordó en marzo de 2025 que de 29 sumarios abiertos entre 2018 y 2022 ninguno terminó en sanción efectiva.
A comienzos de 2024 se supo que seis ministros de Gabriel Boric habían cenado en casa del lobista Pablo Zalaquett con empresarios sin anotarlo; la Contraloría, a petición de los diputados Francisco Pulgar y Rubén Oyarzo, dictó un instructivo («ante la duda, registrar») pero no sancionó, por la interpretación vigente hasta entonces. En mayo de 2024 CIPER contrastó las agendas de once ministros y subsecretarios con el registro y halló 133 reuniones con empresas y gremios sin anotar, 54 de ellas en la Subsecretaría de Pesca con salmoneras y 9 en Trabajo bajo Jeannette Jara.
En mayo de 2026 el caso Lincolao reabrió el debate en el gobierno de José Antonio Kast: la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, no registró una reunión con Google y BS Tecnología del 4 de abril ni un saludo a Meta del 9 de abril encabezado por la ministra de Energía, Ximena Rincón.
Críticas y debates
Las posiciones se repiten desde 2014. En el Senado, Carlos Larraín (RN) votó en contra por rechazar «la ideología de la transparencia», mientras Camilo Escalona (PS) llamó a la ley «un Mercedes Benz sin motor» por no obligar a inscribirse como lobista; Hernán Larraín (UDI) vio «un antes y un después». Académicos que publicaron en CIPER en febrero de 2024 señalan que el 87 % de las audiencias se anotan como «presentación», sin materia precisa, y que el 81 % las piden empresas y gremios frente a un 5 % de organizaciones sociales. La OCDE recomendó en 2024 ampliar la ley a los medios, los think tanks y las comisiones asesoras.
Sobre el caso Lincolao, los abogados Pimentel y Ortiz (UDP), el rector Carlos Peña y Hahn, de América Transparente, que calificó la ley de «colador», coincidieron en que las zonas grises permiten no registrar sin infringir la letra de la ley. La reforma de Boric también tiene reparos: Navarrete advirtió en BioBioChile de su «letra chica», porque sigue sin registrar las audiencias rechazadas ni las reuniones entre autoridades. En noviembre de 2026 ninguna de las dos reformas ha llegado a la Sala.
Preguntas frecuentes
¿Qué obliga a hacer la Ley del Lobby? A registrar y publicar cada mes las audiencias, viajes y regalos de ministros, parlamentarios, alcaldes y otras autoridades.
¿Quién debe registrarse como lobista? Quien gestione intereses ante una autoridad, de forma previa o automática al pedir la audiencia; no existe una inscripción obligatoria previa.
¿Qué sanción tiene no registrar una reunión? Multa de 20 a 50 UTM por omisión inexcusable, 10 a 30 UTM a los parlamentarios, y falta grave a la probidad si se reincide.
¿Dónde se consultan los registros? En el sitio de transparencia activa de cada órgano y en InfoLobby, el portal del Consejo para la Transparencia.
¿Está en reforma? Sí: el mensaje de Boric de 2024 y una moción de septiembre de 2026 siguen en trámite en el Congreso.