Qué es
La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (LOCBGAE), fija cómo se organiza y a qué principios se somete la Administración del Estado chilena: ministerios, servicios públicos, gobiernos regionales, municipalidades, Contraloría, Banco Central, Fuerzas Armadas y empresas públicas creadas por ley. Se publicó en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 1986, en plena dictadura de Augusto Pinochet, como una de las leyes orgánicas que la Constitución de 1980 exigía para poner en marcha su diseño institucional.
El texto vigente es el del DFL 1/19.653 de la Secretaría General de la Presidencia, publicado el 17 de noviembre de 2001, que refundió la ley original con la Ley 19.653 sobre probidad administrativa, de diciembre de 1999, la gran reforma que la democracia hizo a este cuerpo legal. Desde entonces la ley es, además de un organigrama, el estatuto de la probidad: define el interés general, quién no puede entrar a la Administración, qué actividades son incompatibles con el cargo y qué conductas violan el principio.
Importa porque cada escándalo de uso de recursos públicos, del caso Convenios de 2023 a las reuniones no registradas de 2026, se mide con la vara de sus artículos 52 y 62, y porque sus principios son los que después desarrollan la Ley de Transparencia y la Ley del Lobby.
Qué dice
La ley se ordena en cuatro títulos: normas generales, organización de ministerios y servicios, probidad administrativa y participación ciudadana.
- Art. 1. El Presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del Estado con la colaboración de los órganos que fijan la Constitución y las leyes. Enumera qué integra la Administración.
- Art. 3. La Administración «está al servicio de la persona humana» y su finalidad es el bien común. Debe observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y participación ciudadana.
- Arts. 4 y 42. El Estado responde por los daños que causen sus órganos, en particular por «falta de servicio», con derecho a repetir contra el funcionario que incurra en falta personal.
- Arts. 21, 22 y 28. Los ministerios son los órganos superiores de colaboración del Presidente en cada sector; los servicios públicos dependen del Presidente o están bajo su supervigilancia a través de los ministerios. Estas reglas no rigen para los órganos con ley orgánica propia (Contraloría, Banco Central, Fuerzas Armadas, gobiernos regionales, municipalidades, empresas públicas).
- Art. 52. Define la probidad administrativa: «observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular».
- Art. 54. No pueden ingresar a la Administración quienes tengan contratos o cauciones de 200 UTM o más con el organismo, litigios pendientes con él, ni los parientes hasta tercer grado de consanguinidad de sus autoridades y directivos hasta el nivel de jefe de departamento.
- Art. 62. Lista las conductas que contravienen especialmente la probidad: usar información reservada en beneficio propio, hacer valer la posición para influir en otro, emplear dinero o bienes de la institución, ocupar tiempo o personal del organismo en fines ajenos, aceptar donativos o ventajas por razón del cargo (salvo los protocolarios) e intervenir en asuntos en que exista interés personal.
Marco legal
Es una ley orgánica constitucional, dictada por mandato del artículo 38 de la Constitución, y se modifica con el quórum especial de ese rango de normas. Sobre ella se apoyan el Estatuto Administrativo (Ley 18.834), la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 20.285 de acceso a la información y la Ley 20.730 del lobby. La probidad que aquí se define es la que la Constitución eleva a principio general en su artículo 8 desde 2005.
Reformas
| Fecha de publicación | Qué cambió | Gobierno y mayoría |
|---|---|---|
| 5 de diciembre de 1986 | Ley original | Régimen militar de Augusto Pinochet |
| 6 de enero y 10 de marzo de 1990 | Leyes 18.891 y 18.972: ajustes de organización de ministerios y servicios | Augusto Pinochet |
| 3 de agosto de 1992 | Ley 19.154: modificación puntual | Patricio Aylwin |
| 14 de diciembre de 1999 | Ley 19.653 sobre probidad administrativa: incorpora los gobiernos regionales, añade probidad, transparencia y publicidad a los principios del artículo 3 y crea el Título III (probidad, inhabilidades, incompatibilidades, conductas prohibidas) | Eduardo Frei Ruiz-Tagle; mensaje de 1995 tras la Comisión Nacional de Ética Pública de 1994 |
| 17 de noviembre de 2001 | DFL 1/19.653: texto refundido vigente | Ricardo Lagos |
| 2003 | Ley 19.882 («Nuevo Trato»): Dirección Nacional del Servicio Civil y Sistema de Alta Dirección Pública | Ricardo Lagos; mensaje de octubre de 2002 |
| 16 de febrero de 2011 | Ley 20.500: Título IV sobre participación ciudadana en la gestión pública | Sebastián Piñera; mensaje de Ricardo Lagos de 2004 |
| 5 de enero de 2016 | Queda derogado el artículo 57; las declaraciones de intereses y patrimonio pasan a la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública | Michelle Bachelet |
| 15 de enero de 2024 | Última versión consolidada en Ley Chile | — |
Aplicación práctica
El caso Convenios, destapado el 16 de junio de 2023, es el ejemplo reciente más citado del artículo 62. Tres convenios por 426 millones de pesos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida por Carlos Contreras (Revolución Democrática), y la Fundación Democracia Viva, de Daniel Andrade, entonces pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), abrieron una cadena de auditorías. La Contraloría comprobó que doce personas pagadas por la fundación trabajaban dentro de la Seremi; el Ministerio de Vivienda ordenó devolver 391 millones; el ministro Giorgio Jackson renunció el 11 de agosto de 2023; Contreras y Andrade quedaron en prisión preventiva en diciembre de 2023 y Pérez declaró como imputada en abril de 2024, todos con presunción de inocencia mientras la causa siga abierta. El gobierno de Gabriel Boric encargó a una comisión presidida por María Jaraquemada, hoy presidenta del Consejo para la Transparencia, proponer nuevas reglas para la relación entre el Estado y las fundaciones.
En 2026 la probidad volvió al centro por otra vía: en mayo se reveló que la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, había mantenido reuniones con Google y Meta no registradas en la Ley del Lobby. La Contraloría había fijado en 2024, tras las cenas de ministros con el lobista Pablo Zalaquett, la regla práctica de ambas leyes: «ante la duda, registrar».
Críticas y debates
El Consejo para la Transparencia sostiene en su propuesta de 2026 que la exclusión de los órganos autónomos (Congreso, tribunales, Contraloría, Banco Central) del estatuto común de transparencia «constituye una flexibilización del mandato constitucional de publicidad» y pide un órgano garante único para todo el Estado.
Tras el caso Convenios, la discusión se trasladó a las transferencias a privados: la comisión Jaraquemada y el proyecto Transparencia 2.0 (en el Senado desde 2020) proponen que las fundaciones que reciben fondos públicos rindan cuentas con un estándar comparable al de los servicios.
Hasta noviembre de 2026 Ley Chile no registra cambios en la LOCBGAE posteriores a enero de 2024.
Preguntas frecuentes
¿Qué regula la Ley 18.575? La organización básica de la Administración del Estado chilena y los principios que debe cumplir, en especial el de probidad administrativa.
¿Quién la dictó y cuándo? El régimen militar de Augusto Pinochet la publicó el 5 de diciembre de 1986; su texto refundido vigente es de noviembre de 2001.
¿Qué es la probidad administrativa según la ley? Una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal, con preeminencia del interés general sobre el particular (artículo 52).
¿A quién se aplica? A ministerios, servicios públicos, gobiernos regionales, municipalidades, Contraloría, Banco Central, Fuerzas Armadas y empresas públicas creadas por ley.
¿Qué significa «falta de servicio»? Que el Estado responde por el daño causado cuando un servicio no actúa, actúa tarde o actúa mal, sin necesidad de probar culpa personal.