Qué es
La Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), es la norma que organiza el gobierno local chileno: qué es una municipalidad, qué funciones tiene, cómo se eligen el alcalde y los concejales, cómo se financia y cómo participan los vecinos. La ley original es de 1988, dictada por el régimen militar de Augusto Pinochet cuando los alcaldes eran designados; el texto vigente es el refundido por el DFL 1 de 2006 del Ministerio del Interior, publicado el 26 de julio de 2006, que recoge las reformas de la democracia.
Es la ley que permitió elegir alcaldes y concejales por primera vez en 1992, que separó después ambas elecciones y que enmarca el Fondo Común Municipal, la caja solidaria entre comunas ricas y pobres.
Importa porque en 2024 votaron en las municipales 13,1 millones de chilenos, la mayor participación de la historia electoral del país, y porque el municipio es el nivel de gobierno más expuesto a los casos de corrupción y al debate sobre su financiamiento, reabierto en 2026 por la exención de contribuciones del gobierno de José Antonio Kast.
Qué dice
La ley tiene 184 artículos en seis títulos: la municipalidad, el alcalde, el concejo, la participación ciudadana (con un título IV A sobre el Consejo Comunal de Seguridad Pública), las elecciones municipales y las corporaciones municipales.
- Qué es una municipalidad (arts. 1 y 2). Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local. La forman el alcalde, su máxima autoridad, y el concejo.
- Funciones (arts. 3 y 4). Privativas: plan comunal de desarrollo, plan regulador, desarrollo comunitario, tránsito, construcción y urbanización, aseo y ornato. Compartidas con otros órganos del Estado: educación, salud, medio ambiente, asistencia social, vivienda, transporte y seguridad pública.
- El alcalde (arts. 56 a 62). Elegido por sufragio universal, en cédula separada de la de concejales, por cuatro años y reelegible. Dirige la administración y propone al concejo el presupuesto y los planes. Cesa por inhabilidad, renuncia o remoción por «notable abandono de sus deberes» o contravención grave a la probidad, que declara el tribunal electoral regional.
- El concejo (arts. 65 y 72 a 79). Seis, ocho o diez concejales según la comuna tenga hasta 70.000, hasta 150.000 o más electores, elegidos por representación proporcional. Aprueba el presupuesto y el plan regulador, fiscaliza al alcalde y lo elige en caso de vacancia.
- Participación (arts. 93 y 94). Cada municipio dicta una ordenanza de participación y tiene un consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, presidido por el alcalde.
- Financiamiento (art. 14). El Fondo Común Municipal recibe el 60 % del impuesto territorial (65 % en Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura), el 62,5 % de los permisos de circulación, parte de las patentes comerciales de esas cuatro comunas y un aporte fiscal anual, y lo redistribuye entre todas las comunas.
- Elecciones (arts. 106 a 121). Cada cuatro años, el último domingo de octubre; el escrutinio y la calificación corresponden a los tribunales electorales regionales, apelables ante el Tribunal Calificador de Elecciones.
Marco legal
Es una ley orgánica constitucional, exigida por el capítulo de gobierno y administración interior de la Constitución, que desde 2020 limita a dos reelecciones consecutivas a alcaldes y concejales. Se apoya en la Ley 18.575 de Bases de la Administración, cuyos principios de probidad rigen a los funcionarios municipales, y en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (Ley 18.883). Los alcaldes, concejales, directores de obras y secretarios municipales son sujetos pasivos de la Ley del Lobby.
Reformas
| Fecha | Qué cambió | Gobierno y mayoría |
|---|---|---|
| 1988 | Ley original: alcaldes designados | Régimen militar de Augusto Pinochet |
| 1992 | Ley 19.130 (mensaje de noviembre de 1991): alcaldes y concejales elegidos por votación popular; primeras municipales de 1992 | Patricio Aylwin |
| 25 de marzo de 1999 | Ley 19.602 sobre gestión municipal | Eduardo Frei Ruiz-Tagle |
| 2001 | Ley 19.737 (mensaje de 1997): elección separada de alcaldes y concejales | Ricardo Lagos |
| 7 de agosto de 2002, 31 de diciembre de 2003 y 1 de julio de 2005 | Leyes 19.816, 19.926 y 20.033 (rentas municipales II): ajustes de funcionamiento y del Fondo Común Municipal | Ricardo Lagos |
| 26 de julio de 2006 | DFL 1/2006 del Ministerio del Interior: texto refundido vigente | Michelle Bachelet |
| 2014 | Ley 20.742 (mensaje de marzo de 2012): más atribuciones fiscalizadoras del concejo, auditoría externa, acta de traspaso entre alcaldes y nueva regulación del notable abandono de deberes; la Cámara ratificó el texto el 21 de enero de 2014 por 84 votos a 0 | Sebastián Piñera |
| 2020 | Ley 21.238 de reforma constitucional: límite de dos reelecciones consecutivas para alcaldes y concejales | Sebastián Piñera; mociones de 2006 |
| 12 de agosto de 2026 | Última versión consolidada en Ley Chile | — |
Aplicación práctica
En las municipales del 26 y 27 de octubre de 2024, con voto obligatorio, participaron 13.113.264 personas, un 84,87 % del padrón, «la participación más grande en la historia electoral del país», en palabras del presidente del Servel, Andrés Tagle, aunque un «problema de inconsistencia» del organismo retrasó la publicación de los resultados. Según Libertad y Desarrollo, la oposición de entonces (Chile Vamos, Republicanos, Demócratas, Amarillos y PSC) ganó 130 alcaldías frente a 111 del oficialismo.
Los casos de probidad se concentran en los municipios. En junio de 2024 el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), fue formalizado por cohecho, fraude al fisco y administración desleal en las compras de la Achifarp y quedó en prisión preventiva; la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga afronta cargos por fraude al fisco entre 2016 y 2021 y el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, por desvíos cercanos a 760 millones de pesos; todos con presunción de inocencia.
En 2026 el conflicto fue financiero. La megarreforma de Kast, presentada el 15 de abril, eximió de contribuciones la vivienda principal de los mayores de 65 años, lo que recorta el impuesto territorial que alimenta el Fondo Común Municipal. El 14 de mayo más de cien alcaldes de oposición salieron de La Moneda hablando de «diálogo de sordos» y el 2 de agosto 105 alcaldes pidieron a Kast un veto que canalizara toda la compensación por el Fondo Común. El Senado aprobó el 4 de agosto (27 votos a 22) una compensación de 190 mil millones de pesos de la Tesorería, 110 mil millones vía Fondo Común y 80 mil millones directos, con condiciones de gestión; el Tribunal Constitucional eliminó en octubre esas condiciones y la retención prevista para 2027 y 2028.
Críticas y debates
El debate de 2026 enfrentó a los alcaldes de oposición (Tomás Vodanovic, Macarena Ripamonti, Claudio Castro) con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz y el de Interior Claudio Alvarado, mientras 76 alcaldes afines al gobierno defendieron la compensación directa y el directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades respaldó al Ejecutivo por 7 votos a 6. Antes, la ministra del Interior de Boric, Carolina Tohá, había propuesto una «agenda de probidad municipal» tras los casos de 2024, y el Consejo para la Transparencia documentó en 2022 que 175 alcaldes y concejales no figuraban como sujetos pasivos del lobby.
Preguntas frecuentes
¿Qué regula la Ley 18.695? La organización, funciones, financiamiento y elecciones de las municipalidades chilenas y de sus alcaldes y concejos.
¿Cada cuánto se elige a los alcaldes? Cada cuatro años, el último domingo de octubre, en cédula separada de la de concejales; desde 2020 solo caben dos reelecciones seguidas.
¿Cuántos concejales tiene una comuna? Seis, ocho o diez, según tenga hasta 70.000, hasta 150.000 o más de 150.000 electores.
¿Qué es el Fondo Común Municipal? El mecanismo de redistribución que recibe parte del impuesto territorial, los permisos de circulación y las patentes y lo reparte entre todas las comunas.
¿Cómo se destituye a un alcalde? El tribunal electoral regional lo remueve por notable abandono de deberes o por contravención grave a la probidad administrativa.