Atentados de Barcelona y Cambrils del 17-A (agosto 2017)

Contexto previo

El atentado ocurrido el 17 de agosto de 2017 en Barcelona se produjo en un contexto político y social de creciente preocupación por el yihadismo en Europa. España había sufrido el peor atentado de su historia el 11 de marzo de 2004 en Madrid, y desde entonces las fuerzas de seguridad habían intensificado la cooperación internacional y la vigilancia de redes de radicalización. En los años previos, los atentados de París (2015), Bruselas (marzo de 2016) y Niza (julio de 2016), reivindicados o inspirados por el Estado Islámico, habían elevado la alerta en todo el continente. España mantenía desde junio de 2015 el nivel 4 de alerta antiterrorista (sobre 5). A nivel político, el Gobierno de Mariano Rajoy Brey (Partido Popular) había impulsado en 2015, con el apoyo del PSOE, la reforma del Código Penal en materia de terrorismo (Ley Orgánica 2/2015). Las relaciones con la Generalitat de Cataluña, presidida por Carles Puigdemont (PDeCAT, dentro de la coalición Junts pel Sí), atravesaban su momento más tenso por el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre.

Qué ocurrió

La noche del 16 de agosto de 2017, una explosión destruyó la casa de Alcanar (Tarragona) donde la célula, dirigida por el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, acumulaba bombonas de butano y explosivo TATP para un atentado de mayor escala. Murieron dos de sus miembros, entre ellos el propio Es Satty, y la célula precipitó un plan alternativo. El 17 de agosto, hacia las 16:50, una furgoneta conducida por Younes Abouyaaqoub recorrió en zigzag más de 500 metros de La Rambla de Barcelona atropellando a peatones. En La Rambla murieron 14 personas, una de ellas días después en el hospital, y más de 130 resultaron heridas, de hasta 34 nacionalidades. En su huida, Abouyaaqoub mató a puñaladas a Pau Pérez para robarle el coche. De madrugada, ya el 18 de agosto, otros cinco miembros de la célula embistieron con un coche a peatones en el paseo marítimo de Cambrils y atacaron con armas blancas: una mujer murió y varias personas resultaron heridas. Los Mossos d'Esquadra abatieron a los cinco atacantes. En total murieron 16 víctimas. Abouyaaqoub fue localizado y abatido el 21 de agosto en Subirats.

Respuesta del Gobierno central

Tras los atentados, el Gobierno de Mariano Rajoy Brey se desplazó a Barcelona la misma tarde y convocó una reunión de crisis. El nivel de alerta antiterrorista se mantuvo en el nivel 4 (sobre 5), con medidas de refuerzo en espacios públicos y lugares concurridos, en lugar de elevarlo al máximo. El 18 de agosto se guardó un minuto de silencio en la plaza de Cataluña, al que asistieron el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El 26 de agosto, una manifestación multitudinaria en Barcelona bajo el lema «No tinc por» («No tengo miedo») reunió a ciudadanos y autoridades. En los meses siguientes se plantearon iniciativas para reforzar la cooperación internacional y la detección de la radicalización, mientras persistía el debate sobre la coordinación entre cuerpos policiales.

Posición de los partidos y debate parlamentario

Los atentados provocaron una fuerte oleada de solidaridad en toda España, pero también un debate político sobre la gestión de la información y la coordinación entre administraciones. El Partido Popular y el PSOE coincidieron en la necesidad de intensificar la colaboración entre los cuerpos de seguridad del Estado, los Mossos d'Esquadra y los servicios de inteligencia. Se discutió si había existido un aviso previo de los servicios de inteligencia estadounidenses y si los Mossos debían tener acceso a las bases de datos policiales europeas. Carles Puigdemont pidió unidad, pero también reivindicó el papel de la policía autonómica, lo que reavivó las discusiones sobre competencias en plena antesala del referéndum del 1-O. Desde las fuerzas independentistas se reclamó investigar la relación del imán Es Satty con el CNI, que había mantenido contactos con él cuando estaba en prisión. Una primera petición de comisión de investigación en el Congreso no prosperó.

Del discurso a los hechos

Las palabras de los líderes políticos, en ocasiones, se alejaban de las acciones concretas. En varios discursos tras los atentados, Mariano Rajoy Brey apeló a la unidad, destacó la respuesta de los Mossos d'Esquadra y defendió la coordinación entre administraciones. Sin embargo, los ataques pusieron en evidencia desfases en materia de intercambio de información entre las fuerzas autonómicas y estatales, lo que suscitó preguntas sobre la eficacia de las políticas antiterroristas. La explosión de Alcanar, inicialmente atribuida a un accidente con gas, no se vinculó con la célula hasta después del atentado de La Rambla, lo que alimentó las críticas sobre la investigación inicial.

Impacto económico y social

Los atentados de Barcelona tuvieron un impacto duradero, tanto en el ámbito económico como social. A corto plazo, las zonas comerciales y turísticas de la ciudad, especialmente La Rambla, sufrieron una caída inmediata del número de visitantes, que se recuperó en las semanas siguientes. Socialmente, el ataque generó preocupación y miedo colectivo, y abrió un debate sobre la radicalización de jóvenes nacidos o criados en España: la mayoría de los miembros de la célula procedían de Ripoll y estaban escolarizados y aparentemente integrados. La respuesta ciudadana, simbolizada en el lema «No tinc por», buscó evitar la estigmatización de la comunidad musulmana.

Situación actual (octubre de 2026)

En mayo de 2021, la Audiencia Nacional condenó a Mohamed Houli Chemlal a 53 años y medio de prisión y a Driss Oukabir a 46 años por integración en organización terrorista y delitos de estragos, y a Said Ben Iazza a 8 años por colaboración. La Sala de Apelación rebajó las dos primeras penas en diez años, y en noviembre de 2023 el Tribunal Supremo las confirmó y redujo la de Ben Iazza a 18 meses. En 2024 el Congreso creó, a petición de Junts, ERC y otros grupos, una comisión de investigación sobre los atentados y el papel del CNI, ante la que el exdirector Félix Sanz Roldán negó que el imán fuera confidente de los servicios secretos.

Conclusiones

El atentado del 17 de agosto de 2017 representó un punto de inflexión en la percepción de la amenaza yihadista en España, reflejando la complejidad del terrorismo global y resonando en las dinámicas políticas internas. La respuesta policial fue rápida, pero también dejó en evidencia áreas que requerían mejoras en la integración de las fuerzas de seguridad y en el intercambio de información. El debate sobre la transparencia y la cooperación interinstitucional sigue abierto años después, en un escenario donde la amenaza continúa siendo real.

Preguntas frecuentes

¿Qué sucedió en el atentado de Barcelona el 17 de agosto de 2017? Una furgoneta arrolló a peatones en La Rambla y, horas después, otros terroristas atacaron Cambrils; murieron 16 personas.

¿Quiénes fueron los responsables del ataque? Una célula yihadista de Ripoll vinculada al Estado Islámico; el conductor, Younes Abouyaaqoub, fue abatido por los Mossos en Subirats el 21 de agosto.

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno de España tras los atentados? El Gobierno de Mariano Rajoy Brey mantuvo el nivel 4 de alerta antiterrorista con refuerzos y convocó reuniones de crisis con la Generalitat.

¿Qué ocurrió en Alcanar? La noche del 16 de agosto estalló la casa donde la célula preparaba explosivos; murieron dos de sus miembros, entre ellos el imán Es Satty.

¿Hubo condenas por los atentados? Sí: el Supremo confirmó en 2023 las condenas de Mohamed Houli Chemlal y Driss Oukabir; ninguno de los autores materiales sobrevivió.