Rebecca Kelly Slaughter (nacida en 1981) es una jurista y gestora pública estadounidense que fue comisaria de la Comisión Federal de Comercio (FTC) entre 2018 y 2025 y presidenta en funciones de ese organismo en 2021. No es una figura política: nunca ha ocupado un cargo electo ni orgánico en un partido. Su nombre ha quedado, sin embargo, inscrito en la historia constitucional estadounidense porque su cese por parte de Donald Trump dio lugar al caso Trump v. Slaughter, resuelto por el Tribunal Supremo el 29 de junio de 2026: una sentencia que anuló el precedente Humphrey's Executor v. United States de 1935 y estableció que los comisarios de la FTC son removibles a voluntad del presidente. Es el cambio estructural más profundo en la arquitectura de la presidencia administrativa estadounidense en casi un siglo.
Una carrera de derecho regulatorio y Senado
Nació el 6 de agosto de 1981. Se licenció en la Universidad de Yale en 2003 y se graduó en Derecho por la Yale Law School en 2008, donde fue editora de la Yale Law Journal. Antes de la facultad trabajó como auxiliar jurídica en la fiscalía del distrito de Manhattan.
Ejerció como abogada en la oficina de Washington del despacho Sidley Austin y pasó después al Senado de Estados Unidos como asesora jurídica del senador demócrata por Nueva York Chuck Schumer, puesto en el que se especializó en política de competencia, telecomunicaciones y protección del consumidor. Ese trabajo la situó en la antesala natural de la FTC.
Fue nombrada comisaria de la Comisión Federal de Comercio y tomó posesión el 2 de mayo de 2018, para la plaza que había dejado vacante Edith Ramirez. Entre el 21 de enero y el 15 de junio de 2021 ejerció como presidenta en funciones del organismo, hasta la llegada de Lina Khan a la presidencia. En febrero de 2023 fue propuesta para un segundo mandato. Durante sus años en la comisión defendió una lectura expansiva de las competencias de la FTC en materia de privacidad, vigilancia comercial de datos y prácticas anticompetitivas de las grandes plataformas tecnológicas, con frecuentes votos y declaraciones particulares en minoría.
El cese de marzo de 2025 y el recorrido judicial
El 18 de marzo de 2025, la Casa Blanca comunicó a Slaughter y a su compañera de comisión su destitución inmediata. La ley que creó la FTC en 1914 —recogida en la sección 41 del título 15 del Código de Estados Unidos— limitaba el cese de sus comisarios a los casos de «ineficiencia, incumplimiento del deber o conducta indebida en el cargo». Slaughter sostuvo públicamente que el presidente la había despedido «ilegalmente», «violando el lenguaje claro de una ley y un precedente claro del Tribunal Supremo», y acudió a los tribunales.
El litigio recorrió las instancias federales a gran velocidad. El 17 de julio de 2025 el tribunal federal de distrito del Distrito de Columbia le dio la razón, ordenó su restitución y prohibió al Gobierno interferir en el ejercicio de su cargo. El 22 de julio un tribunal de apelación suspendió cautelarmente esa decisión, pero el 2 de septiembre de 2025 la resolvió a favor de la comisaria por 2 votos contra 1.
El Gobierno acudió entonces al Tribunal Supremo. El 22 de septiembre de 2025 el tribunal suspendió la reincorporación de Slaughter por 6 votos contra 3 y, en la misma resolución, concedió el llamado certiorari before judgment: avocó el caso sin esperar a la sentencia definitiva de la instancia inferior, con el número de registro 25-332. La vista oral se celebró el 8 de diciembre de 2025.
Trump v. Slaughter y el final de Humphrey's Executor
El 29 de junio de 2026 el Tribunal Supremo resolvió Trump v. Slaughter por 6 votos contra 3. La opinión mayoritaria la firmó el presidente del tribunal, John Roberts, con la adhesión de Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett; Clarence Thomas se sumó a todo el fallo salvo a una parte de su fundamentación. La disidencia la escribió Sonia Sotomayor, acompañada por Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
El tribunal declaró que la cláusula de cese por causa justificada de la FTC es contraria a la separación de poderes consagrada en la Constitución y, con ello, dio por liquidado Humphrey's Executor v. United States, 295 U.S. 602 (1935). Aquella sentencia, dictada por unanimidad de nueve magistrados, había respaldado la constitucionalidad de las garantías de inamovilidad de los comisarios de la FTC después de que Franklin D. Roosevelt destituyera en 1933 al comisario William E. Humphrey por simples discrepancias sobre la regulación económica del New Deal. Roberts escribió que, si quedaba algo más de aquel precedente, el tribunal lo anulaba.
La consecuencia práctica es que los comisarios de la Comisión Federal de Comercio pasan a ser removibles a voluntad del presidente, sin que sea necesario acreditar causa alguna. Y como el razonamiento se apoya en la estructura del poder ejecutivo y no en las particularidades de la FTC, su alcance se extiende potencialmente a la larga lista de organismos reguladores independientes construidos sobre el mismo modelo de mandatos fijos y ceses tasados.
Qué cambia en la presidencia administrativa
El mismo 29 de junio de 2026 el tribunal resolvió, en sentido contrario, el caso Trump v. Cook: por 5 votos contra 4 permitió a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook permanecer en su puesto, con el argumento de la relevancia singular de la Junta de Gobernadores para la economía estadounidense. La lectura conjunta de las dos sentencias del mismo día dibuja la nueva regla: desaparece el principio general de independencia frente al cese presidencial y queda en su lugar una excepción reconocida para el banco central.
Para el resto del entramado regulatorio el efecto es doble. En el plano jurídico, los mandatos escalonados y las mayorías bipartidistas obligatorias de comisiones como la FTC, la Comisión Federal de Comunicaciones o la Comisión Nacional de Relaciones Laborales pierden el respaldo constitucional que les daba el precedente de 1935. En el plano práctico, la independencia de esos organismos deja de ser una garantía institucional y pasa a depender de la voluntad de quien ocupa la Casa Blanca, con consecuencias directas sobre la política de competencia, la protección del consumidor y la supervisión de los mercados.
Conviene subrayar qué no dice la sentencia: no hay reproche alguno de conducta hacia Slaughter. El caso resolvió una cuestión de poder presidencial, no una imputación personal. Su cese fue el hecho que abrió el litigio; el objeto del litigio fue la Constitución.
Preguntas frecuentes
¿Quién es Rebecca Kelly Slaughter? Es una jurista estadounidense, nacida el 6 de agosto de 1981, que fue comisaria de la Comisión Federal de Comercio entre 2018 y 2025 y presidenta en funciones del organismo en 2021. No es una figura política: no ha ocupado cargos electos ni orgánicos.
¿Qué hizo antes de llegar a la FTC? Se licenció y se graduó en Derecho en Yale, ejerció como abogada en Sidley Austin y fue asesora jurídica del senador Chuck Schumer, especializada en competencia, telecomunicaciones y protección del consumidor.
¿Por qué fue destituida? El 18 de marzo de 2025 la Casa Blanca la cesó sin invocar las causas que exigía la ley de la FTC. Slaughter sostuvo que el despido era ilegal y litigó: ganó en el tribunal de distrito el 17 de julio de 2025 y en apelación el 2 de septiembre de 2025, antes de que el Tribunal Supremo avocara el caso.
¿Qué decidió el Tribunal Supremo en Trump v. Slaughter? El 29 de junio de 2026, por 6 votos contra 3 y con opinión de John Roberts, declaró inconstitucional la garantía de cese por causa justificada de los comisarios de la FTC, anuló el precedente Humphrey's Executor de 1935 y estableció que esos comisarios son removibles a voluntad del presidente.
¿Afecta la sentencia a la Reserva Federal? No directamente. El mismo día, en Trump v. Cook, el tribunal permitió por 5 votos contra 4 que la gobernadora Lisa Cook siguiera en el cargo, tratando a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal como una excepción por su peso sobre la economía del país.