Qué es
La consulta popular en Colombia es uno de los mecanismos de participación ciudadana del artículo 103 de la Constitución de 1991, junto al voto, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria. Es una pregunta de carácter general que el presidente, un gobernador o un alcalde someten al pueblo; si cumple los umbrales de la ley, la decisión es obligatoria. Los regulan la Ley 134 de 1994, del Gobierno de César Gaviria, y la Ley 1757 de 2015, del de Juan Manuel Santos.
Dos episodios explican su peso político: el plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016, en el que el «no» ganó por décimas, y la consulta popular de 2025 con la que Gustavo Petro intentó sacar adelante su reforma laboral y que el Senado rechazó por 49 votos contra 47. Petro la convocó igualmente por decreto, el Consejo de Estado lo suspendió y el Gobierno lo derogó.
Cómo funciona (paso a paso)
Consulta popular nacional (artículo 104 y Ley 1757)
- Iniciativa. El presidente, con la firma de todos los ministros, redacta preguntas de interés nacional que se contesten con sí o no. No pueden versar sobre reformas constitucionales ni convocar una constituyente al margen del artículo 376 (Ley 134, artículos 50 y 52). También pueden promoverla ciudadanos con el 5 % del censo electoral.
- Concepto previo del Senado. El texto se envía al Senado, que tiene veinte días para emitir un concepto favorable; sin él, no hay consulta (artículo 104; Ley 134, artículo 53). Es el paso que frenó a Petro en 2025.
- Convocatoria. Con el concepto favorable, el presidente expide el decreto en los ocho días siguientes y la Registraduría organiza la votación dentro de los tres meses siguientes, nunca el mismo día de otra elección.
- Decisión. Es obligatoria si la opción ganadora obtiene la mitad más uno de los votos válidos y participa al menos la tercera parte del censo electoral (Ley 134, artículo 55). El Congreso, la asamblea o el concejo deben adoptar las medidas en el periodo siguiente; si no, lo hace el gobernante por decreto.
Consultas departamentales y municipales (artículo 105). Gobernadores y alcaldes consultan a su población, con los requisitos que fija la ley estatutaria.
Los otros mecanismos
- Plebiscito. El presidente, con todos los ministros, pregunta si el pueblo apoya o rechaza una decisión del Ejecutivo; no sirve para modificar la Constitución ni el periodo presidencial y el Congreso puede rechazarlo en el mes siguiente (Ley 134, artículos 77 a 80). La Ley 1806 de 2016 fijó para el plebiscito de paz un umbral especial: el «sí» ganaba con más del 13 % del censo y más votos que el «no».
- Referendo. Aprobar o derogar una norma, incluida una reforma constitucional; exige un comité promotor, firmas del 5 % del censo (10 % si es derogatorio o territorial) recogidas en seis meses y la revisión previa de la Corte Constitucional (Ley 1757, artículos 5, 6, 9 y 21).
- Revocatoria del mandato. Solo contra gobernadores y alcaldes, pasado un año de mandato y no en el último, con firmas del 30 % de los votos que obtuvo el elegido; si prospera, la remoción es inmediata (Ley 1757, artículos 6, 9 y 43 a 45).
Marco legal
- Constitución: artículos 103 (mecanismos), 104 (consulta nacional), 105 (consultas territoriales), 40 (derecho a la participación) y 376 a 378 (constituyente y referendo).
- Ley 134 del 31 de mayo de 1994: primera ley estatutaria de mecanismos de participación, revisada en la sentencia C-180 de 1994.
- Ley 1757 del 6 de julio de 2015: regula comités promotores, firmas, plazos y efectos; la sentencia C-150 de 2015 precisó que ni el plebiscito ni la consulta pueden reformar la Constitución.
- Ley 1806 del 24 de agosto de 2016: reglas especiales del plebiscito por la paz.
Casos reales
El plebiscito por la paz (2016). El 2 de octubre de 2016 los colombianos votaron el acuerdo de La Habana con las FARC: el «no» obtuvo el 50,2 % frente al 49,7 % del «sí», con una abstención superior al 60 %. El Gobierno de Santos renegoció el texto, firmó el Acuerdo Final el 24 de noviembre de 2016 y lo refrendó en el Congreso; la Corte avaló esa refrendación en la sentencia C-699 de 2016. De ahí arranca la aplicación del acuerdo.
La consulta popular de Petro (2025). Tras el archivo de su reforma laboral en el Senado, el presidente radicó el 1 de mayo de 2025 una consulta de doce preguntas laborales. El 14 de mayo la plenaria del Senado, presidida por Efraín Cepeda, la rechazó por 49 votos contra 47. El 11 de junio Petro firmó con sus ministros el Decreto 639, que convocaba la votación para el 7 de agosto. El 18 de junio la Sección Quinta del Consejo de Estado, a petición de Efraín Cepeda, suspendió el decreto: sin concepto favorable del Senado no hay consulta. El 17 de junio el Senado rechazó una segunda consulta por 52 votos contra 2, el 24 de junio el Gobierno derogó el decreto y el 25 de junio se publicó la reforma laboral, aprobada al final por el Congreso como Ley 2466 de 2025. En la sentencia C-036 del 26 de febrero de 2026 la Corte Constitucional se declaró inhibida por nueve votos a cero, al no quedar nada que juzgar, y en marzo de 2026 el Consejo de Estado dejó en firme el archivo del caso.
La constituyente por firmas (2025-2026). El comité promotor de la asamblea constituyente impulsada por Petro, habilitado por la Registraduría el 31 de enero de 2026, suspendió la recolección de firmas el 4 de junio de 2026 y retiró el proyecto.
Críticas y debates
¿Quién decide, el Senado o las urnas? El Gobierno de Petro y el Pacto Histórico presentaron la consulta de 2025 como la forma de que el pueblo decidiera lo que el Senado bloqueaba; el presidente del Senado, Efraín Cepeda, demandó el decreto ante el Consejo de Estado y el registrador Hernán Penagos pidió concepto a la Sala de Consulta antes de organizar la votación. El Consejo de Estado concluyó que el concepto favorable del Senado (artículo 104 de la Constitución, artículo 50 de la Ley 134 y artículo 31 de la Ley 1757) es un requisito sin el cual no hay consulta.
Umbrales. La consulta exige la participación de un tercio del censo, un listón que el plebiscito de 2016 evitó con una ley propia que lo rebajó al 13 % del censo; aun así la abstención superó el 60 % y el resultado dejó el acuerdo en manos del Congreso.
Después de 2026. Abelardo de la Espriella rechaza cualquier constituyente y prometió en su investidura gobernar «durante los cuatro años que ordena la Constitución»; la oposición del Pacto Histórico, presidido por Petro desde octubre de 2026, conserva la iniciativa popular y el referendo como herramientas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la consulta popular en Colombia? Una pregunta de interés general que el presidente, un gobernador o un alcalde someten al pueblo y cuya respuesta es obligatoria si cumple los umbrales.
¿Quién debe autorizar una consulta popular nacional? El Senado, con concepto favorable en veinte días; sin él, el presidente no puede convocarla, como ocurrió en 2025.
¿Cuántos votos necesita para ser válida? La mitad más uno de los votos válidos y la participación de al menos la tercera parte del censo electoral.
¿Qué diferencia hay entre consulta popular, plebiscito y referendo? La consulta decide una pregunta, el plebiscito apoya o rechaza una decisión del presidente y el referendo aprueba o deroga una norma.
¿Por qué se cayó la consulta popular de Petro? El Senado negó el concepto favorable el 14 de mayo de 2025 y el Consejo de Estado suspendió el decreto que la convocaba sin él.